31 | 07 | 2012
Dependencia fiscal de las provincias
El sector público nacional se apropia de la mayor parte de los recursos tributarios
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Recientemente, la provincia de Buenos Aires ha realizado una controvertida reforma impositiva que probablemente no logre solucionar las serias dificultades fiscales que enfrenta en la actualidad. En las últimas ediciones del IAE se realizó un análisis sobre este tema, donde se puso de manifiesto el desequilibrio casi permanente en las cuentas de la provincia. Sin embargo, si se amplía la perspectiva y se contempla el total de provincias argentinas puede apreciarse que la situación fiscal del total de jurisdicciones también es comprometida en 2012. No solamente Buenos Aires tiene problemas para cubrir sus excesos de gasto.

Un análisis integral de la cuestión exige observar qué ocurre con la forma de obtener recursos que disponen las provincias. Como se ha descripto en informes anteriores, los gobiernos subnacionales tienen la facultad de obtener recursos propios mediante el establecimiento de impuestos provinciales y también reciben recursos del gobierno central. Y esto conduce al tratamiento del tema de la coparticipación en Argentina.

Del análisis de las normas que regulan la distribución de recursos entre gobiernos de distinto nivel y de la observación de los números durante los últimos años, surge que la Nación no solamente tiene captadas las bases imponibles más rendidoras sino que también se reserva la mayor parte de los recursos tributarios para atender sus obligaciones.

El esquema central de distribución está determinado por una ley que, con modificaciones no sustanciales, data de 1988. Por lo tanto, los cambios estructurales ocurridos desde aquel entonces exigirían un replanteo total del sistema. Tal como se menciona en el estudio, por tratarse de la distribución de un fondo común y por las reglas que exige la Constitución Nacional para modificar la norma actual, políticamente es sumamente complicado lograr un nuevo acuerdo prevaleciendo de este modo el statu quo.

Por lo tanto, se han realizado numerosos arreglos por fuera del sistema de coparticipación vigente, atendiendo muchas veces a aspectos políticos del momento y no a cuestiones de fondo. Como consecuencia, el resultado final para cada jurisdicción, que por otra parte ha recibido gran cantidad de funciones desde la Nación, es errático, inestable e imprevisible. Los actuales coeficientes de distribución no responden ni a un criterio devolutivo, ni a un criterio redistributivo ni han logrado mejorar la situación regional relativa dentro del país.

Al estudiar la distribución de recursos desde la Nación hacia las provincias surge claramente que el problema de financiamiento del sector público provincial es de larga data, que el participación del gobierno central en los recursos tributarios totales es creciente, que el desbalance de recursos entre los distintos niveles de gobierno es realmente significativo y que Buenos Aires es la jurisdicción que más perjudicada ha resultado a partir de los arreglos por fuera de la ley 23.548. Puntualmente, pueden destacarse los siguientes aspectos:

  • El volumen distribuido entre la Nación y las provincias de acuerdo a la ley 23.548 es creciente, pero si se compara esto con la recaudación de tributos coparticipados y no coparticipados que percibe la Nación la parte que corresponde a las provincias cae.
  • La Ley de Coparticipación establece un mínimo de recursos que la Nación debe garantizar a las provincias, equivalente al 34% de los recursos tributarios. Dicho mínimo no se cumple.
  • Es evidente la asimetría de poder entre la Nación y el conjunto de las provincias. No es lo mismo reclamar lo que por ley corresponde que agradecer los favores del gobierno central.
  • Con respecto a la distribución de recursos entre las provincias, queda claro el perjuicio que sufre la provincia de Buenos Aires. En 2001, la participación de Buenos Aires en el total de transferencias a las provincias era del 24%, mientras que en 2011 el porcentaje es sólo del 19,9%.
  • El ejemplo del Fondo para Programas Sociales del Conurbano Bonaerense (ex Fondo del Conurbano) resulta sumamente esclarecedor respecto de este tema. En 2001 Buenos Aires captaba el 55% del fondo destinado al conurbano bonaerense y a las provincias (formado por el 14% de la recaudación del impuesto a las ganancias), mientras que en 2011 capta sólo el 4%.

La realidad indica que actualmente existe una virtual dependencia fiscal de las provincias con respecto al gobierno central, dado que los tributos que les quedan disponibles también tienen agotada su capacidad recaudatoria y tienen serias observaciones desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad. Si bien, en última instancia, la Nación acude al auxilio de las provincias que tienen dificultades mediante distintos mecanismos, los incentivos que se generan con este comportamiento no son aconsejables para un buen sistema federal. Esto queda particularmente al descubierto en momentos donde se generalizan las complicaciones en el frente fiscal, como es el actual.

Síntesis del informe que será publicado en INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº 123

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