29 | 05 | 2014
Nueva ley para la promoción del trabajo registrado
Se propone una reducción sobre las contribuciones patronales. Hay dos grupos de beneficiarios, quienes contraten hasta cinco empleados y quienes contraten hasta ochenta. En caso de despedir personal los empleadores perderían los beneficios de esta ley
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Recientemente fue convertida en Ley la iniciativa del Poder Ejecutivo para la promoción del trabajo registrado y la prevención del fraude laboral. Entre los principales argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo en su proyecto se destaca la existencia de trabajo informal en todos los sectores de la economía, lo que pone a los trabajadores en situación de vulnerabilidad al quedar excluidos del sistema de seguridad social.

Lo primero que puede señalarse con respecto a este tema es que, generalmente, este tipo de medidas se proponen en contextos de expansión donde los empresarios aprovechan para blanquear personal que ya tienen en condiciones de informalidad e incluso se ven incentivados a contratar nuevos empleados. Considerando que el contexto económico actual no es tal, podría cuestionarse el sentido de oportunidad de la propuesta.

Más allá de esto, resulta oportuno realizar algunas apreciaciones acerca de la posible eficacia de la medida contemplando los beneficios que propone la ley, es decir los instrumentos previstos para conseguir el objetivo propuesto. Los mismos apuntan a dos diferentes tipos de empleadores: aquellos que tengan hasta cinco empleados y aquellos que tengan más de cinco y hasta ochenta como máximo.

Los primeros son denominados por la normativa “microempleadores”, que incluye a todos quienes empleen hasta cinco empleados, pudiéndose contemplar también a quienes, al momento de la inclusión en este régimen, amplíen su plantel a siete personas como máximo. Quedan excluidas de esta categoría las empresas organizadas como sociedades anónimas. Pertenecer a este grupo les permite obtener el beneficio de pagar el cincuenta por ciento de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general para los cinco empleados, si son por tiempo indeterminado, mientras que en el caso de trabajadores contratados por tiempo parcial les corresponde ingresar el setenta y cinco por ciento de las contribuciones patronales. En caso de tener siete trabajadores contratados, se siguen considerando microempleadores pero por esos dos trabajadores adicionales tributarán el cien por ciento de las contribuciones patronales del régimen general.

El segundo grupo de empresas beneficiarias de este proyecto está formado por empleadores que tengan entre seis y ochenta empleados. Están alcanzados por un incentivo que pretende fomentar la contratación de nuevo personal y consiste en una reducción de los aportes patronales de cada relación laboral nueva por el lapso de veinticuatro meses, siempre y cuando la contratación sea por tiempo indeterminado.

Dentro de este grupo, a su vez, se definen dos situaciones distintas:

  • Los empleadores que tengan hasta quince trabajadores, durante los primeros doce meses de la nueva relación laboral no tributarán contribuciones patronales mientras que en los siguientes doce meses ingresarán el veinticinco por ciento de las contribuciones establecidas por el régimen general.
  • Los empleadores que tengan entre dieciséis y ochenta trabajadores, el beneficio consistirá en que durante los primeros veinticuatro meses de la relación laboral se ingresará el cincuenta por ciento de las citadas contribuciones.

Estos beneficios quedan condicionados a que el trabajador no haya sido registrado en el régimen general de la seguridad social con anterioridad.

Por otra parte, también se aclara expresamente que los empleadores que hubieran producido despidos sin causa justificada en el transcurso de los seis meses anteriores a la entrada en vigencia de la ley, estarán imposibilitados para acceder a los beneficios de la misma por el término de un año.

De acuerdo a las especificaciones de la normativa, los requisitos que deberían cumplir los empleadores para acceder a los beneficios son sumamente restrictivos.

En el caso de las empresas con pocos empleados las ventajas para los empleadores son más claras, al alcanzar a los primeros cinco trabajadores de la planta, y son de carácter permanente pero no debería esperarse un impacto significativo sobre la creación de empleo porque justamente la medida incentiva a no salirse de la categoría de microempleadores, es decir sostener planteles de personal de siete integrantes como máximo.

Los empleadores más grandes podrían acceder a un beneficio acotado en el tiempo, que además alcanza solamente a los nuevos contratos laborales, con todos los requisitos y salvedades especificados en la ley. Además, se prohíben expresamente los despidos por lo que, al no efectuarse modificaciones en el régimen de indemnizaciones, el incentivo a incrementar el plantel de trabajadores se diluye notablemente. Una vez vencido ese plazo el trabajador queda en la planta de personal y, de ser despedido, se deberá indemnizar de acuerdo a la ley general. En este caso, el premio por blanquear empleados que antes estaban completamente en la informalidad o por ampliar la planta de personal no resulta muy atractivo si se comparan los costos y los beneficios involucrados en la decisión. Además, quienes tengan empleados registrados pero con remuneraciones subdeclaradas no tendrían incentivo a regularizar la situación de los mismos.

Daría la impresión que solamente aquellos empleadores que ya tenían tomada de antemano la decisión de contratar nuevo personal se acogerían a estos beneficios, pero en tal caso la generación de empleo no sería una respuesta al incentivo de esta ley. Dicho de otro modo, desde el punto de vista del estado, se incurriría en un costo fiscal innecesario.

Con respecto a los efectos sobre el financiamiento del sistema de seguridad social, los mismos estarán condicionados por el éxito de la medida. Si la ley resultara exitosa y se incrementaran los empleados por tiempo indeterminado, cada uno de ellos tendría derecho a la misma cobertura que los que se encuentran actualmente en el mercado laboral y contribuiría menos al sostenimiento del mismo por lo que existiría, durante el tiempo que dure la promoción (permanente en el caso de microempleadores y veinticuatro meses como máximo en empresas más grandes), un desfinanciamiento parcial del sistema previsional que necesariamente debería ser cubierto con recursos provenientes de las rentas generales del sector público nacional.

En síntesis, no cabría esperar efectos importantes sobre el mercado laboral a partir de la puesta en vigencia de esta ley.


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