Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 95
noviembre 2007


 

 

 

Nota Editorial

Resultado electoral y política económica

    • La calidad de la política que confiere sustentabilidad tenderá a ser apreciada en la medida que las urgencias del tiempo presente cedan espacio para que crezca la preocupación por el futuro

    • El nuevo gobierno, anticipa la voluntad de realizar ajustes graduales para resolver distorsiones acumuladas en el tiempo y por lo tanto, reconoce estas dificultades en forma implícita.

    • Por el momento, no se alcanza a apreciar una estrategia clara que suponga una respuesta efectiva a la inflación y persisten dudas sobre las posibilidades de financiamiento de la deuda pública

    Finalizadas las elecciones, se comienzan a definir los principales lineamientos de la política económica del nuevo gobierno. La idea básica consiste en introducir ajustes graduales, pero manteniendo los pilares del esquema actual, basada en una fuerte intervención pública a través de derechos de exportación, moneda depreciada y subsidios, a efectos de asegurar recursos fiscales, proteger sectores expuestos a la competencia internacional e impulsar el consumo interno.

    El crecimiento de la producción, el empleo y los ingresos, resulta gravitante en las decisiones de los electores. Esta característica crece en importancia en el caso de un país como la Argentina, en cuya memoria colectiva aún se mantiene nítido el recuerdo de la última crisis económica

    Las elecciones representan una oportunidad para tratar de interpretar las preferencias de la población reveladas a través de su voto. Una primera lectura consiste en destacar que un porcentaje considerable de votantes, sin llegar a representar una mayoría, ha optado por lo continuidad de la política económica actual, en la creencia que tal política ha generado la mejora económica desde la gran crisis de los años 2001-2002.

    No es mucho lo que se puede conocer sobre la composición de este sector de la población. Los resultados del escrutinio permiten analizar resultados por jurisdicción geográfica y sexo. A partir de allí, algunos análisis han inferido la relación entre voto y condición social, aproximando está última variable a través de los niveles de ingreso, educación y pobreza de las distintas provincias. Estos análisis respaldarían la idea que el apoyo a la administración actual es mayor en la población con menor nivel de instrucción e ingreso.

    Dado que las políticas económicas, entendidas como intervenciones del gobierno que afectan el desenvolvimiento de los mercados, en forma deliberada o no, afecta de un modo desigual los ingresos de distintos grupos de la población, y si se asume que los electores tenderán a priorizar la propuesta que crean mejor desde el punto de vista de sus intereses económicos, cabría esperar una relación clara entre voto positivos y actividades con crecimiento del ingreso real generadas por intervenciones gubernamentales. En función de esto, el modelo vigente encontraría su apoyo en un amplio conjunto de actividades industriales, sindicatos y gobiernos locales que se han visto beneficiados por las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.

    Otro pregunta importante consiste en plantear como forman las personas sus expectativas en función de las cuales sustentarán su elección. Resulta indudable que la propaganda y los medios de comunicación tienen un rol gravitante, y que tendrán efecto sobre cada percepción individual de la realidad. Por otra parte, el resultado del proceso de formación de opinión variará considerablemente según la capacidad de interpretación y análisis brindado por el nivel de instrucción. Posiblemente existan muchos factores adicionales como el entorno social y el estado emocional de cada persona al momento de tomar decisiones; pero cabe especular que tendrá un peso preponderante en la formación de sus expectativas y preferencias, su propia experiencia, reflejada en la evolución reciente del ingreso y el consumo de su grupo familiar.

    Los últimos años determinan una recuperación del ingreso real de la mayor parte de la población como resultado del rebote luego de la crisis, potenciada por políticas fiscales y monetarias expansivas, y con una mejora extraordinaria de los términos de intercambio generada por un ciclo de fuerte crecimiento económico mundial. En pocas palabras, el salto de la producción y los ingresos en los últimos años resultó una combinación de circunstancias atípicas, fortuna y decisiones del Estado. Más allá del debate sobre el peso que pudieran tener cada uno de los factores señalados, si el pasado reciente arroja resultados positivos, sería razonable pensar que las personas, si pudieran elegir, buscarían la alternativa que de continuidad a la política actual; a menos que crean que la misma no resulta sustentable en el tiempo.

    El resultado de la última elección pareciera ser un premio a la efectividad para alcanzar resultados en forma inmediata, relegando a un segundo plano, la calidad de los medios o instrumentos empleados. La calidad de la política que confiere sustentabilidad, por lo tanto, tenderá a ser apreciada por el electorado en la medida que las urgencias del tiempo presente cedan espacio para que crezca la preocupación por el futuro.

    La continuidad de la política económica

    El año en curso se caracterizó por revelar con el transcurso de los meses, los límites de la política económica con el fuerte salto de la tasa de inflación, las crecientes dificultades de abastecimiento energético en los período de máxima demanda y la intensificación de la puja distributiva, en la actualidad reflejada en la incertidumbre sobre el resultado de las próximas negociaciones salariales. A estas señales, se agregan otras incipientes como la disminución de márgenes de rentabilidad de las empresas, el evidente desinterés de inversores extranjeros, la erosión del ahorro público, y más recientemente, la caída de cotizaciones de los bonos públicos, la inestabilidad cambiaria y las presiones alcistas sobre la tasa de interés.

    Estas señales delatan dificultades que deberán ser atendidas. El nuevo gobierno, anticipa a partir de partir de declaraciones de sus futuros funcionarios, la voluntad de realizar ajustes graduales para resolver distorsiones acumuladas en el tiempo y por lo tanto, reconoce estas dificultades en forma implícita.

    A partir de los anuncios y medidas recientes cabe destacar las siguientes lecturas sobre el curso de acción del próximo gobierno: (1) se recompone el superávit fiscal, a través de un aumento de las retenciones y una desaceleración importante en el ritmo de crecimiento del gasto público, (2) el ritmo de depreciación del peso con respecto al dólar evolucionaría con un leve retraso respecto a la inflación esperada, (3) se comienza a instrumentar un gradual aumento de precios de energía y combustible, el que sería acompañado de un menor flujo de subsidios a las empresas de servicios, (4) se procurará mejorar las posibilidades de acceso al financiamiento externo a través de la renegociación de deuda en cesación de pagos con gobierno de Europa, (5) se buscará recomponer la credibilidad del INDEC a través de un cambio de metodología de medición del índice de precios al consumidor, (6) a través de un acuerdo entre sectores, se buscará disminuir las expectativas de inflación con el objetivo de definir una pauta para la recomposición de salarios y de aumento de precios; y al mismo tiempo, acordar una regla de ajuste en salarios del sector público y privado en función de la productividad del trabajo, de modo, que los aumentos futuros no generen presiones sobre los precios y/o dificultades financieras en la administración pública que luego se resuelven con nueva deuda o aumento de impuestos.

    Las definiciones anteriores llevan implícita otra más importante, la continuidad de los lineamientos fundamentales de la política económica actual que prioriza la expansión del gasto de consumo por la vía de subsidios, acuerdos de precios y tasas bajas de interés. La instrumentación de estas medidas generara presiones sobre los sectores afectados, acompañados de varios interrogantes en torno a sus posibles efectos

    ¿Como se desacelerará el gasto público?, ¿Cuáles serán las partidas más afectadas?

    ¿Cómo se instrumentará la gradual liberación de tarifas residenciales?

    ¿Cómo responderá el sector industrial frente a la desaceleración de la demanda, el aumento de los costos y la creciente competencia externa inducida por la apreciación real de la moneda?

    ¿Cómo impactará la creciente presión tributaria de sectores exportadores sobre sus planes de inversión y demanda de empleo?

    ¿Cómo se financiaran los vencimientos de deuda pública después del derrumbe de la demanda de títulos públicos generada por la manipulación de índices?

    ¿Cómo responderá el sector sindical a una propuesta de un ajuste de salarios por debajo de su piso de expectativas?

    ¿Cómo impactará sobre las empresas nuevos aumentos del salario real?

    ¿Cómo impactará sobre las cuentas externas de mediano plazo la pérdida de autoabastecimiento energético?

    Entre las medidas anunciadas, no se alcanza a apreciar una estrategia clara que suponga una respuesta efectiva a la inflación y persisten dudas sobre las posibilidades de financiamiento de la deuda pública.

    Por otra parte, el planteo anterior asume que se sostendrán los precios internacionales en los altos niveles actuales y por lo tanto los ingresos fiscales por la vía de retenciones. Este supuesto genera algunas dudas, a partir de las dificultades recientes de la economía de Estados Unidos y la creciente probabilidad de estar en los inicios de una fase de desaceleración en su ritmo de crecimiento.

    La estrategia oficial subyacente consiste en apostar a un acuerdo de sectores, sostener un alto nivel de actividad y convivir con inflación elevada, hasta tanto maduren proyectos de inversión. En pocas palabras, transformar lo que antes resultaban imposiciones de funcionarios sobre las empresas y negociaciones con autoridades sindicales, en un acuerdo de largo plazo surgido del diálogo entre gobierno, empresas y sindicatos.

    El esperado despegue de la inversión deberá ser encabezado por el sector energético por un doble motivo; la magnitud de la inversión requerida tendrá un importante impacto macroeconómico, e impulsaría proyectos en otros sectores cuya ejecución esta condicionada a una provisión segura de energía en el mediano y largo plazo. Para ello, el esfuerzo privado requerirá una recomposición significativa de la rentabilidad a través de aumentos de tarifas en términos reales, estabilidad económica y garantías creíbles de seguridad jurídica por un largo período. Esta última condición representa un gran obstáculo para la futura administración, dado que la intervención oficial en el sector energético en los últimos años sienta un precedente negativo a tener en cuenta por los futuros inversores en el sector.

    Considerando estas dificultades y a la luz de la experiencia argentina, resulta dudosa la efectividad de un "pacto social" para contener las expectativas de inflación, acordar reglas y propiciar un proceso de fuerte crecimiento de inversiones. En consecuencia, resulta prudente no descartar un escenario en el cual, debido a la falta de efectividad de la estrategia, el gobierno se vea presionado a tomar medidas más drásticas para contener las expectativas inflacionarias, y que seguramente tendrán un impacto negativo sobre la demanda y el crecimiento del producto.


 

Creciente interés en el mercado de créditos de carbono

Las iniciativas de los gobiernos de países desarrollados tendientes a reducir el nivel de emisiones del efecto invernadero comenzaron a tomar forma a partir de los compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto y se intensificaron luego de las preocupantes advertencias volcadas el año pasado en el Informe Stern. Las acciones de reducción de gases generan oportunidades de inversión, transferencia de tecnologías y recursos para financiación de mejoras productivas en los denominados mercados de carbono,en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, conformado por proyectos de reducción de emisiones que se llevan a cabo en países en desarrollo. Según datos del Banco Mundial, el valor global de los mercados de carbono en 2006 fue de 30 mil millones de dólares, casi tres veces más que la cifra alcanzada en 2005. La presente nota tiene como objetivo realizar una puesta al día del tema del mercado de carbono y para ello propone, en primer lugar, una síntesis de los principales resultados del informe Stern, en segundo término, una actualización de proyectos aprobados en el país y de otros presentados con posibilidades de evaluación y, finalmente, algunos comentarios sobre aspectos vinculados al riesgo, fundamentales a tener en cuenta en proyectos con miras a generar créditos de carbono.
 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

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El sector petroquímico a través de los años

La importancia que posee el Complejo Petroquímico local para el funcionamiento de la actividad de la ciudad y la región ha sido largamente destacada en diversas ediciones de la presente publicación. En esta ocasión se pretende hacer una reseña crítica acerca de la evolución del sector en los últimos años teniendo en cuenta aspectos tales como el nivel de producción, las exportaciones, la demanda y el aporte a la economía local y al sector público, entre los más destacados. El objeto es dar una perspectiva temporal a los diferentes análisis realizados hasta el momento, con la finalidad de tener una idea acabada y concreta del desempeño del sector y sus implicancias para la economía regional.

 
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La actividad económica en torno al puerto local

La función básica y fundamental de un puerto es servir de enlace entre los modos de transporte marítimo y terrestre (carretero y ferroviario). El nexo entre los modos es la carga transferida de uno a otro, en alguno de los dos sentidos. Además, generalmente tiene otras dos funciones, tales como servir de asentamiento para actividades industriales estrechamente vinculadas a la vía marítima y ser centro de actividades logísticas, añadiendo valor al mero intercambio del modo de transporte. Un puerto es un área con una gran concentración de actividad económica, en la que se interrelacionan actividades primarias, industriales y de servicios. De esta manera, el efecto multiplicador de un puerto en la economía regional puede llegar a ser muy significativo, con efectos importantes sobre la configuración de la misma. El objetivo de este estudio es contribuir a la difusión de la importancia del puerto en la economía regional, describiendo el esquema de funcionamiento del mismo, haciendo hincapié en la interrelación entre las actividades y los agentes involucrados.

 
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Perspectivas de los cultivos en la región

El informe que se ofrece en esta edición tiene como objetivo general elaborar escenarios y proyecciones del mercado agrícola internacional, incorporando en el análisis elementos de importante incidencia estructural, como el fenómeno de los biocombustibles. En este sentido se pretende identificar las tendencias globales en el sector agrícola internacional, analizando los comportamientos de la oferta y demanda a nivel mundial y la incidencia que esta evolución tiene sobre el actual ciclo positivo que están mostrando las cotizaciones de los productos agrícolas. Por el volumen de producción y por las características del mercado agrícola internacional, Argentina es un tomador de precios dentro de los países que forman parte del comercio agrícola internacional. Por esta razón, analizar las perspectivas en este mercado se convierte en un factor de importancia para trazar escenarios futuros y su posible impacto sobre la economía regional, en función del rol gravitante de esta actividad en la zona de influencia de Bahía Blanca.
 
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