CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 93

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 93
julio 2007


 

 

 

Nota Editorial


Puntos en común de la crisis energética y la inflación
 

    • Los "problemas de la microeconomía" - atraso en la tarifa de servicios y la incertidumbre por efecto de las intervenciones gubernamentales- comienzan a generar complicaciones en la marcha de la economía del país

    • Cada vez resulta más urgente la necesidad de tomar medidas para normalizar tarifas energéticas y recomponer la solvencia fiscal, y esto necesariamente significará un importante freno al fuerte ritmo de expansión actual.

    • El racionamiento energético al sector industrial y comercial genera altos costos. Los efectos negativos deberían reflejarse sobre los índices de inflación, empleo y actividad industrial de los meses de invierno

    El año en curso marca un punto de inflexión en el ciclo ascendente de la economía de los últimos años. La política de impulsar el crecimiento de la demanda con controles de precios encontró sus límites, en los primeros meses, con la aceleración de la tasa de inflación y a partir de julio, con la llegada de las bajas temperaturas, por el racionamiento en el suministro energético a empresas (gas, energía eléctrica y gasoil).

    Las dificultades en el abastecimiento energético revelan que los "problemas de la microeconomía" - atraso en la tarifa de servicios y la incertidumbre por efecto de las intervenciones gubernamentales- comienzan a generar complicaciones en la marcha de la economía del país.

    Hay puntos de coincidencia en el problema de la inflación y la crisis energética. Su origen responde a la política gubernamental por fijar precios distintos a los que surgirían en un mercado sin intervenciones, en niveles excesivamente bajos para la energía y elevado para el tipo nominal de cambio. La brecha entre el precio regulado y el precio en ausencia de regulaciones ha impuestos costos crecientes con el transcurso del tiempo; en el caso del mercado de divisas, un alto ritmo de expansión monetaria que presiona sobre los precios; y en el caso del mercado energético, un creciente exceso de demanda que inevitablemente conduce a racionamiento de la oferta. En ambos casos, la corrección de los desequilibrios implicaba medidas que imponían mayor austeridad en el gasto y por lo tanto, de alto costo político. En el sector privado, una normalización de tarifas significaba una disminución en los ingresos reales y una disminución de los márgenes de rentabilidad de las empresas. En el sector público, a fin de liberar al Banco Central del rol de demandante de última instancia para sostener el precio de la divisa y recuperar un mayor grado de control sobre la oferta monetaria, implicaba un sustancial aumento del ahorro estatal para financiar la compra de dólares. Tanto en el problema de la aceleración de la inflación como el de la energía, la postura oficial ha consistido primero en minimizar su importancia, y a medida que se tornaban más graves, disimular sus efectos; apostando a que los eventuales inconvenientes resultarían transitorios y se remediarían con el fuerte crecimiento de la economía.

    Además de los problemas señalados, en los últimos meses se suma un tercer factor de preocupación consistente en el deterioro de la situación fiscal por el fuerte aumento del gasto, pese a los niveles record de recaudación. El problema comienza a manifestar sus primeras señales preocupantes por el lado más débil, los gobiernos provinciales. Tanto la administración de la provincia como la de la ciudad de Buenos Aires, cerrarán el actual ejercicio financiero con un elevado déficit. Más allá del incremento de gastos en obra pública observable en el tiempo que antecede a elecciones, el factor que desequilibra las finanzas estatales es el aumento de gastos corrientes en concepto de salarios y subsidios, presionados por la inflación. De un modo similar al problema de la inflación y la crisis energética, estos primeros indicios plantean dudas sobre la posibilidad de mantener un superávit elevado en los próximos años, en caso de continuar postergando reformas en la estructura de la administración pública y regimenes de coparticipación de impuestos.

    Pese a que la posición macroeconómica aún puede se definida como sólida en función del positivo contexto internacional, el ritmo de fuerte crecimiento en el PBI, la disminución del desempleo y el superávit en el sector externo; se observa un cambio de expectativas por los efectos negativos de los problemas señalados. Sus costos son cada vez menos disimulables. Pese a los controles de precios y la manipulación de índices oficiales, se ha instalado en la sociedad la percepción de una inflación que no cede, en tanto que, el efecto negativo de las intervenciones sobre bienes (carne, lácteos, combustible) y servicios (gas) que impactan en el costo de vida, queda expuesto por los problemas de abastecimiento.

    Costos del racionamiento energético y de la inflación

    El racionamiento energético al sector industrial y comercial genera altos costos. Los más evidentes consisten en la disminución en el nivel de actividad y por lo tanto, del ritmo de crecimiento económico. Las suspensiones de personal por paradas de plantas añadirán nuevas presiones alcistas sobre el índice de inflación por un doble efecto, los mayores costos de las empresas y la disminución de oferta por caída de la producción. Por otra parte, también podría impactar en forma negativa sobre los indicadores de empleo. Los efectos deberían reflejarse sobre los índices de inflación, empleo y actividad industrial de los meses de invierno.

    El efecto de los cortes principalmente recaerá sobre actividades industriales a gran escala, muy intensivas en el uso de gas y el electricidad, como es el caso de las plantas del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca, con procesos continuos de producción y por lo tanto, con altos costos por la interrupción y reinicio de la actividad. La incertidumbre en la provisión de energía paraliza proyectos de inversión, particularmente en sectores industriales con proyectos a gran escala.

    En el largo plazo, la única salida consiste en aumentar y diversificar la inversión en generación energética. El país requiere urgente inversiones en plantas para la generación de energía y la normalización de tarifas, en modo particular, de usuarios residenciales. La inversión pública financiada con fideicomisos, exhibe una notoria ineficacia revelada por los casi nulos avances de proyectos anunciados hace ya más de un año; a lo que suma el desprestigio por la sospecha de pagos de sobreprecios en la licitación para la construcción de nuevos gasoductos. La inversión privada no aparecerá en la medida que las reglas del sector no generen un nivel atractivo de rentabilidad en forma estable y duradera. Por el momento, la respuesta oficial consiste en intentar acelerar los proyectos en marcha y negociar nuevas fuentes de abastecimiento externo de energía, sin advertirse por el momento, señales positivas para aumentar la explotación en el país de su abundante dotación de recursos energéticos.

    La preocupación por la inflación ha quedado momentáneamente relegada por el problema energético. El índice de precios al consumidor mantiene su curso ascendente y genera incertidumbre sobre los ingresos futuros de la población. La persistencia de la tasa de inflación en niveles elevados, muy superior a los poco creíbles índices oficiales, agrava la situación social, que si bien evidencia importantes progresos desde la última crisis, aun se caracteriza por elevados niveles de indigencia y pobreza. Por otra parte, las ventajas de la devaluación del peso para el sector industrial se ven diluidas con el transcurso del tiempo. Algunos sectores orientados al mercado interno comienzan a exhibir problemas de rentabilidad por el aumento de los costos, agravados durante el año por la dificultad en la provisión de energía y la preocupación de un fuerte crecimiento de las importaciones. La devaluación del dólar frente a las principales monedas y el aumento de los precios de los productos exportables contrarrestan el efecto de la inflación interna, pero no modifican la tendencia a mediano plazo de una gradual apreciación cambiaria.

    Además de la presión sobre los índices de pobreza y los márgenes de rentabilidad de empresas expuestas a la competencia internacional, cabe advertir un costo adicional de la aceleración en la tasa de inflación. A medida que aumenta la inflación, se amplia la brecha o atraso de precios intervenidos con respecto a precios no regulados. La mayor distorsión impuesta por los controles de precios, anticipa un costo cada vez mayor para corregir los desequilibrios. Desde una perspectiva política, también crecen los incentivos para posponer medidas correctivas. Aunque pasen un tanto desapercibidas, la distorsión creciente de precios relativos genera importantes pérdidas por ineficiencias en la asignación de recursos, al disminuir la inversión en sectores con comprobado potencial de desarrollo, en un contexto internacional sobresaliente pero con precios controlados, como pasa actualmente con la ganadería y el sector energético.

    Se aproxima el momento de definiciones

    Frente al surgimiento de problemas graves de funcionamiento de los mercados, con desabastecimiento de productos y sectores cuyo funcionamiento depende cada vez más de subsidios estatales crece el consenso, aún dentro del propio gobierno, sobre la necesidad de introducir ajustes en la estrategia de política económica una vez finalizado el proceso electoral. La crisis energética y la aceleración de la inflación han puesto en evidencia la imposibilidad de continuar con la estrategia de soslayar los problemas postergando definiciones de alto costo político.

    Para el próximo gobierno se perfila un escenario económico más difícil. Cabe esperar que el factor más relevante para la marcha de la situación económica, el contexto internacional, continúe incidiendo positivamente a través de altos términos de intercambio para el país. Por lo menos, durante los próximos dos a tres años se presentarían dificultades en el abastecimiento energético, siempre y cuando se retome en poco tiempo el desarrollo de proyectos que permitan aumentar la capacidad del sistema. La moneda local mantendrá su tendencia a la apreciación en términos reales; por lo tanto, los costos internos presionaran sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas, entre ellos, la presión tributaria. Las empresas locales enfrentarán una mayor competencia externa por el aumento de las importaciones. El aumento del salario real estará limitado por el crecimiento de la productividad y niveles de rentabilidad de las empresas, por lo que se comprimirá el espacio de negociación de ajustes salariales con sindicatos. Los problemas de abastecimiento de productos impondrán la necesidad de comenzar a remover controles de precios para generar incentivos para aumentar su oferta. Este salto en los precios significará un retroceso en el ingreso real de la población.

    En este contexto, le cabe al próximo gobierno el desafío de asumir la difícil tarea de comenzar a resolver los desequilibrios micro acumulados desde la devaluación del peso. A partir de un creciente consenso sobre la necesidad de revisar los lineamientos de política económica, se comienza a perfilar un nuevo debate en torno al alcance de las medidas que conformarían la nueva agenda del gobierno. La contención de la inflación requiere una rápida desaceleración de la demanda agregada. Los principales instrumentos consisten en aumentar el ahorro público, disminuir el ritmo de emisión monetaria.

    Las primeras reacciones de representantes del pensamiento oficial apuntan a la consolidación del superávit fiscal, con un mayor control sobre el crecimiento del gasto público, descartando cambios sustanciales en la política monetaria y una importante apreciación del tipo de cambio real. Una posición intermedia, reconocería la necesidad de enfatizar el esfuerzo de contención del gasto público, avanzando en forma flexible y gradual con cambios en la política monetaria. Estos extremos probablemente contienen el perfil de los lineamientos de la política económica en caso de continuar la actual línea de gobierno.

    La solidez fiscal representa una condición indispensable para alejar la posibilidad de futuras crisis y por lo tanto, plantear este objetivo representa un paso positivo para consolidar la posibilidad de crecimiento a largo plazo. Un mayor ahorro público representaría un avance fundamental en dirección a contener la tasa de inflación pero insuficiente para retomar la senda del crecimiento sostenible.

    El país requiere alcanzar un sendero estable de crecimiento y para este objetivo, además de la estabilidad de precios, importan la inversión, los niveles de productividad y el ritmo de innovaciones, para la cual, resultan indispensables mercados amplios y competitivos. Además de la contención del gasto, la agenda de política económica también debería contemplar la remoción de distorsiones (subsidios, retenciones a la exportación, controles de precios) que afectan el funcionamiento de mercados, e inspirar confianza con reglas claras y estables.

    La postergación en la resolución de desequilibrios presenta altos costos que en algún momento habrá que enfrentar. La incertidumbre sobre el futuro del país se relaciona con un interrogante que el tiempo no alcanza a develar, ¿habrá voluntad política para corregir estos desajustes anticipando a las crisis?, y llegado el momento, ¿estarán dadas las condiciones políticas para hacer los cambios necesarios? Igual que a fines del 2005, las expectativas de analistas se concentran en el tiempo posterior a las elecciones, cuando hay margen para introducir cambios y asumir los costos políticos de los ajustes. Si el cambio se limita a aumentar el superávit fiscal, sería un importante avance en dirección a contener la tasa de inflación, pero insuficiente para resolver los problemas de competitividad y por lo tanto, habrá que acostumbrarse a convivir con tensiones e incertidumbre.
     


 

Estudio de mercado de propiedades horizontales

 Sin dudas, la construcción de edificios de departamentos en Bahía Blanca continúa siendo uno de los aspectos más destacados de la actividad. El notorio avance de este tipo de emprendimiento ha modificado sustancialmente la configuración edilicia de la ciudad, con especial énfasis en determinados barrios y sectores. En lo que respecta a la zona más céntrica, los proyectos se han combinado además con la incorporación de nuevos locales comerciales, que también han evidenciado un importante crecimiento en los últimos años. La dinámica observada en materia de departamentos motivó en varias oportunidades la realización de relevamientos en la zona más activa de la ciudad, con el fin de contabilizar nuevas obras, describir los proyectos en marcha, estimar la nueva capacidad habitacional volcada al mercado, consultar formas de financiación e identificar subsectores con mayor concentración de nuevas obras, como así también detectar trabajos interrumpidos de diferente data o reactivación de proyectos iniciados y suspendidos. En esta edición se presentan los resultados de un nuevo relevamiento.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

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Diagnóstico de la crisis energética actual

La crisis energética por la que atraviesa Argentina debe ser analizada dentro del contexto económico actual si se pretende tener una comprensión más acabada del problema y visualizar las posibles consecuencias. Las perspectivas están de alguna manera determinadas por la visión que posee el gobierno actual acerca del funcionamiento de la economía y las políticas que implementa, a lo que se suma el acto electoral de octubre próximo. En el plano económico comienzan a evidenciarse, a un ritmo bastante acelerado, síntomas que indican el agotamiento del modelo implementado por el gobierno actual. Las políticas llevadas a cabo conducen a una serie de desórdenes de tipo microeconómico que terminan impactando sobre las variables de la macroeconomía. Los ajustes necesarios para revertir esta situación son sistemáticamente postergados por la dirigencia actual atendiendo a la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre, debido a que no hay disposición para asumir el costo político que ocasionaría la resolución de los problemas latentes.

 
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Experiencias asociativas en la apicultura regional

El estudio del asociativismo en el sector apícola fue abordado por el CREEBBA en diversas oportunidades. Primeramente, se desarrolló un estudio específico sobre el tema, donde se exploraron algunos conceptos básicos sobre la integración, haciendo hincapié en las motivaciones y limitaciones del productor individual para asociarse. También se analizaron qué prerrequisitos debieran existir en cualquier grupo de productores que decidiera integrarse a fin de que el intento sea exitoso. Por otro lado, los resultados de investigaciones y proyectos también han puesto de manifiesto una vinculación interesante entre el asociativismo y el sector apícola, que ha sido mencionada en diversos estudios publicados en el IAE. En esta oportunidad se pretenden analizar algunos aspectos del asociativismo apícola regional. Si bien el concepto "asociativismo" puede ser aplicado a centros de apicultores o salas de extracción comunitarias, por poner algunos ejemplos, este estudio se enfocará la experiencia de los grupos de productores de Cambio Rural de la región.

 
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Potencial productivo de la ganadería regional

A partir de la salida de la convertibilidad, el sector ganadero parecía entrar en un proceso de crecimiento sostenido en todos los eslabones de su cadena. El tipo de cambio competitivo, el incremento de la demanda internacional en el mercado de la carne vacuna, junto con el mayor consumo interno de este producto, determinaron un escenario promisorio para el sector. Pero a principios del año 2006 el sólido escenario macroeconómico nacional comenzó a mostrar algunos signos de vulnerabilidad, a partir del incremento en el nivel general de precios. En este sentido el sector público comenzó a implementar algunas medidas, que terminaron perjudicando a la cadena de la carne, diluyendo de esta manera las expectativas de crecimiento: control de precios, suspensión de exportaciones e intervención en todos los componentes de la cadena del sector. A pesar de las negativas perspectivas que se generaron en torno al sector, una gran cantidad de provincias, mantuvieron sus políticas ganaderas orientadas a mejorar los índices de eficiencia de la actividad (Planes Ganaderos Provinciales). En el presente informe se pretende reflejar la potencialidad productiva del SO bonaerense en términos ganaderos y al mismo tiempo se hace un análisis de la situación real y su evolución en los últimos cinco años.

 
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