CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 91

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 91
marzo 2007


 

 

 

Nota Editorial 1


Efectos de un cambio de escenario

    ·         Se evidencia una disminución en la efectividad de los acuerdos de precios para controlar la inflación, y por ello el gobierno recurre a medidas extremas como la intervención del INDEC

    ·         Comienzan a surgir señales de desgaste en la política económica actual que, en forma gradual, pueden resentir las expectativas

    ·         Resulta aún prematuro pronosticar si se trata de una situación transitoria o punto de inflexión en la marcha de la economía mundial. La preocupación esta instalada y lleva a reflexionar sobre la marcha de la situación económica del país  en un contexto internacional sustancialmente distinto

El inicio de año presenta datos relevantes que pueden afectar en forma sensible la marcha de la economía en los próximos meses, a partir de un cambio negativo en las expectativas de empresarios y consumidores. La sólida posición macroeconómica reflejada en el superávit fiscal y externo, permite vislumbrar una situación sin riesgos de crisis tanto en el corto como en el mediano plazo. La novedad principal es que comienzan a surgir señales de desgaste en la política económica actual que, en forma gradual, pueden resentir las expectativas de inversores y, por lo tanto, comenzar a afectar el ánimo de los consumidores. Esta posibilidad se desarrollaría en los meses previos a las elecciones presidenciales, en el que la mayoría de los pronósticos destacan un amplio margen de ventaja para los candidatos oficialistas, y por ello, abre nuevos interrogantes relacionados con el impacto que un cambio de situación económica pueda llegar a tener sobre las posibilidades de elección de los distintos candidatos.

Un indicador interesante para seguir el ánimo de la población es el índice de confianza en el gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella (UTDT) . Los resultados de este estudio revelan que el gobierno mantiene la imagen de su gestión en la población. El nivel alcanzado en Febrero se ubica por encima del promedio desde la asunción de las autoridades actuales. En este mismo mes se advierte un fuerte deterioro del índice – caída del 4% en relación a enero – que, en buena medida, se podría a asociar a la escalada de precios de fin de año y a la forma del procedimiento de remoción de funcionarios de carrera en el INDEC. El aspecto de la gestión que más contribuiría a cimentar la imagen del gobierno es la percepción de una gran capacidad para la resolución de problemas. En el otro extremo, apenas el 38% de la muestra cree que las decisiones de gobierno se adopten a partir del interés general. También resulta llamativo que la mitad de los consultados no crean que el Estado esté integrado en su mayoría por gente honesta. Por último, los menores índices de confianza corresponden al estrato de población con mayor nivel de educación. Este segmento sería uno de los que más habría impulsado a la baja, los niveles de confianza registrados en Febrero.

Más allá de estos detalles sobre el grado de respaldo del gobierno, una observación puntual con caídas en la confianza de la población es insuficiente para perfilar una nueva tendencia, pero aumenta las posibilidades de un cambio de trayectoria del indicador en los próximos meses.

La evolución de la situación económica durante el primer bimestre del año ha presentado novedades significativas como para replantear posibles escenarios hasta las elecciones. En el plano interno, se acelera la tasa de inflación. En el plano externo, los mercados financieros internacionales exhiben una brusca caída de cotizaciones, seguida de un comportamiento extremadamente volátil. Se advierte una más acentuada polarización de opiniones de analistas destacados a nivel internacional sobre las perspectivas económicas mundiales. El efecto de estos nuevos factores resta certidumbre a las proyecciones macroeconómicas que anticipaban una situación similar a la del año anterior, con fuerte ritmo de crecimiento en la producción y una inflación promedio mensual rondando el 1%. A partir de las novedades del primer bimestre, la primera certeza es los pronósticos macroeconómicos resultan menos fiables, aumentando la incertidumbre en torno a la marcha de la situación económica general y resintiendo las expectativas optimistas de la población.

La intervención del INDEC

La intervención del INDEC por la difusión de índices de precios supuestos erróneos, no hizo más que confirmar al público en general que el gobierno tiene series inconvenientes para controlar la inflación. Esta situación abrió la peligrosa puerta al riesgo de un rebrote de expectativas de inflación creciente, que hasta el presente el gobierno contuvo a través de controles de precios y subsidios a la oferta de servicios con alto impacto en el costo de vida.

La falta de un índice creíble agrava el problema de la inflación. Ante la incertidumbre sobre sus reales niveles, las empresas optan por cubrirse con niveles de precios más elevados. La incertidumbre se extiende a sindicatos que en pleno proceso de renegociación salarial dilataran acuerdos con el propósito de revisar sus metas. La confusión se extiende a inversores en títulos de deuda oficial ajustados por CER por cuanto el nuevo índice oficial es percibido como una clara subestimación del índice correcto, y además desconocido. El efecto es una menor demanda de títulos ante la pérdida de atractivo que supone un menor rendimiento en términos reales.

En este marco, las expectativas inflacionarias tenderían a instalarse en un escalón más alto con respecto al año anterior. Entre sus posibles efectos, cabría anticipar: aumento de las presiones salariales de sindicatos de trabajadores; clima de mayor inestabilidad social por la pérdida de poder adquisitivo en los segmentos de menor ingreso; intensificación por parte del gobierno de los controles de precios y subsidios a servicios privatizados y actividades con aumento de costos; dificultades en las administraciones provinciales por el aumento de presiones para aumentar el gasto en remuneraciones del personal, disminución de márgenes y planes de inversión de las empresas por el aumento de la incertidumbre y los mayores costos. Esta conjunción de elementos podría verse reflejado en deterioro de las expectativas de la población, moderando el crecimiento del gasto de consumo.

Incertidumbre en la economía internacional

El segundo factor de incertidumbre es el eventual impacto que podría tener el inicio de la fase recesiva en el ciclo de la economía internacional. La idea se ha instalado en los mercados internacionales de capitales provocando una baja generalizada de índices bursátiles. El cambio se fundamenta en nueva información que pone en duda la sustentabilidad del crecimiento en China y la evidencia de una desaceleración en el crecimiento del mercado inmobiliario norteamericano, reflejado por una desaceleración de las cotizaciones de propiedades. La posibilidad del inicio de un periodo recesivo en la economía norteamericana aumenta su probabilidad de ocurrencia, aunque todavía no resulte muy elevada en el corto plazo. Resulta aún prematuro pronosticar si se trata de una situación transitoria o punto de inflexión en la marcha de la economía mundial. La preocupación esta instalada y lleva a reflexionar sobre la marcha de la situación económica del país y la región en un contexto internacional sustancialmente distinto.

La Argentina presenta una débil integración con el resto del mundo. El principal canal transmisor de los efectos negativos de una crisis internacional sería una fuerte caída del precio de productos primarios (la soja en particular). Esta situación tendría un doble efecto. Por un lado, disminuiría la recaudación impositiva y pondría al gobierno frente a la perspectiva de una importante caída en el superávit fiscal, excepto que logre imponer una baja equivalente en el gasto público. El segundo efecto sería sobre la economía real. La disminución de los ingresos del sector agropecuario generaría una importante disminución de demanda sobre el resto de la actividad económica. Además de otras actividades que integran la cadena de valor agropecuaria, se podría resentir la demanda de bienes de consumo durable como autos y propiedades inmobiliarias.

Una segunda canal transmisor de efectos de una eventual desaceleración del crecimiento internacional sería a través de una retracción en el nivel de actividad en los principales socios comerciales como Brasil y China. Cuando se desacelera o disminuye el gasto interno en estos países, disminuye la demanda de exportaciones argentinas. En contrapartida, el aumento de saldos exportables en el resto de los países, generaría más competencia externa para la industria local a través de una disminución en el precio de productos importados.

Frente a esta situación, cabría esperar una disminución del superávit comercial, y por lo tanto, un menor ingreso de divisas. De mantenerse la estrategia monetaria, el BCRA vería disminuida las necesidades de emisión de moneda local para sostener la cotización del dólar. Una desaceleración de la demanda interna sumada a un menor crecimiento de la emisión monetaria y la disminución de los precios de los productos transables en el mercado internacional, contribuirían a descomprimir las expectativas de inflación. En este contexto, el problema sería el deterioro del superávit tanto fiscal como externo, en un marco de desaceleración del crecimiento de la actividad y menor ritmo de creación de empleos. Una disminución del superávit comercial contribuiría a restar presión sobre la inflación, que de acuerdo, a los resultados del índice de costo de vida en los primeros meses del año, tiende a acelerarse.

El fuerte superávit fiscal y comercial acumulado en los últimos años, deja con altos niveles de ahorro al gobierno y de divisas al Banco Central. Este dato diluye el riesgo de corridas sobre el tipo de cambio y depósitos bancarios, en el corto y mediano plazo. Sin embargo, al interrumpirse el flujo de ingresos, deteriora las expectativas por que deja irresuelto la sustentabilidad del financiamiento público para un país que no pueda darse el lujo de una nueva cesación de pagos de sus compromisos de deuda.

Sin cambios en la estrategia económica

Además de los cambios señalados, un análisis prospectivo debería contemplar un dato adicional. El gobierno tendería a profundizar su estrategia económica de impulsar la demanda interna y control de precios, aún cuando la misma cada vez presenta costos cada vez mayores. Por el lado de la demanda, se aumenta el mínimo no imponible por el impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia, lo que permitiría un aumento de su ingreso disponible para gastos de consumo, acompañados de aumentos salariales y mayor ritmo de ejecución de obras públicas. Estás últimas medidas se reflejan en un fuerte crecimiento del gasto en el primer bimestre del año, muy por encima de los niveles presupuestados. El efecto negativo sobre el ahorro público se vería compensado con ingresos extraordinarios generado por la reforma provisional que permite a trabajadores volver al sistema de reparto y las retenciones a la exportación de soja. En relación a la inflación, se intenta instrumentar nuevos subsidios a productores de granos a través de mecanismos complejos, con el propósito de contener el impacto sobre el costo de la industria alimenticia generado por el aumento del precio internacional del trigo y el maíz. En forma paralela, se establece una prohibición para las exportaciones de trigo de duración indefinida a efectos de incrementar la oferta interna de granos.

Los costos de estas intervenciones son cada vez más evidentes. Se pueden destacar dos tipos de costos, uno directo y otro indirecto. El primero consiste en el deterioro del fuerte superávit fiscal, pese a que la presión tributaria nacional y provincial esta por alcanzar niveles récord (28% del PBI en el último año frente a un peso del 20% una década atrás). El segundo costo importante se relaciona con la distorsión de precios relativos y su efecto negativo sobre la inversión. Tal como se observa en los primeros meses del año en curso, a medida que aumenta la presión inflacionaria, la política de ingresos deja al descubierto su ineficacia y sus costos de instrumentación, tanto en términos de pérdida de ahorro público como de desaliento a la inversión, son cada vez mayores. Un claro ejemplo en este sentido es el recurso del gobierno para introducir cambios discrecionales en la metodología de elaboración de la información pública, primero con el índice de costo de vida del INDEC, al que se agrega la eliminación de partidas entre las erogaciones del Estado, que antes se computaban como gasto público. Este tipo de decisiones revela la preponderancia absoluta del corto plazo por sobre los intereses del largo plazo. Para el ejemplo antes señalado, prevalece la importancia de una subestimación del costo de vida y del gasto público, aún a costo de perder la credibilidad de la información oficial y el capital humano formado durante años en los organismos técnicos encargados de su elaboración.

 

Nota Editorial 2

Negativo impacto de la política económica de la región

  • La política económica actual genera importantes costos que recaen con gran intensidad sobre la economía regional.

  • Por el momento, la fuerte expansión general se traslada al ámbito local y facilita que estos costos no se perciban en su justa medida.

  • Cuando el país converja a tasas de crecimiento menores, y la región redescubra la necesidad de desarrollar actividades competitivas, se podrá apreciar con mayor claridad el negativo impacto de la estrategia de intervención en los mercados

Reiterando lo señalado en análisis anteriores, la política de intervenciones en el mercado genera un grave problema a la economía de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, principalmente por sus efectos negativos sobre la actividad agropecuaria. Este efecto se intensifica en los primeros meses del año con las medidas adoptadas por el gobierno. Al prohibirse las declaraciones juradas de ventas de trigo al exterior por parte de las empresas exportadoras, en forma anticipada a la compra del cereal en el mercado interno; se genera una nueva interferencia en el funcionamiento del mercado de trigo; se acentúa la incertidumbre en torno a la determinación de precios del trigo y por lo tanto, del nivel de ingresos futuro del productor. De modo similar, la complejidad y falta de transparencia del mecanismo de subsidios a productores a efectos de compensar la pérdida de ingresos por la fijación de precios máximos al trigo para el sector industrial molinero, financiado con retenciones a las exportaciones de soja, contribuye a acrecentar los interrogantes de los productores con respecto a las ventas futuras y sus margenes proyectados de rentabilidad.

Las medidas comentadas se suman a otras ya tomadas el último año para contener el alza del precio de la carne, forzando un aumento de la oferta interna a precios bajos a través de la prohibición de exportaciones y rígidos controles en el principal mercado de la actividad, el mercado de Liniers. En el plano regional, como efecto del repentino e inesperado cambio de reglas, se paralizó la inversión en la actividad ganadera y esto hace prever disminuciones de productividad como de existencias; a lo que ahora se sumaría, una perspectiva comprometida e incierta para la producción de trigo.

Transcurrido más de un año de controles y pese a la amenazas de sanciones por incumplimiento, el precio de la carne al consumidor mantiene su curso ascendente, abriendo un brecha cada vez mayor con el precio que recibe el productor. Se agrega como problema la falta de transparencia en la determinación del precio de referencia por la fuerte caída de las operaciones en el mercado de Liniers generada por la fijación de precios máximos. Esta situación determinó un aumento de los costos de transacción, el crecimiento del mercado informal en la venta de carnes y por lo tanto, una importante pérdida de recaudación impositiva. Además de estos efectos generales, en el plano regional, la sucesión de intervenciones en el funcionamiento de los mercados ha generado pérdidas por disminución de ingresos y depreciación del stock bovino, estimadas en torno a los 275 millones de pesos. Esta estimación corresponde a los doce partidos del sudoeste bonaerense. El monto resultante presenta dos componentes. El primero ($200 millones) refleja la pérdida de valor del ganado, estimado a través de la disminución de precios para vacas y terneros en un stock del orden de los 3 millones de cabezas. La diferencia con el total ($75 millones) se explicaría por la pérdida de ingresos que surge de la diferencia entre el precio antes y después de las intervenciones para los niveles de comercialización normales en la región bajo análisis.

En el caso del trigo, en trabajos anteriores se cuantificó la pérdida para productores por el establecimiento de topes a los precios del orden de los $150 millones. La situación se ha vista agravada por la caída de rendimientos debido a la escasez de precipitaciones, con un costo adicional en la región del orden de los $350 millones . El comienzo del año no suma datos alentadores dado que se mantiene el rígido esquema de intervenciones, añadiendo nuevas regulaciones que incrementan el alto nivel de incertidumbre en la actividad. El efecto inmediato sería un menor ritmo de comercialización del cereal en tanto que cabe pronosticar una fuerte reducción en la intensión de siembra del cultivo. Por otro lado, las características de suelo y clima en la zona agropecuaria próxima a Bahía Blanca, restan posibilidades de eludir el problema a través del desarrollo de otros cultivos.

Pese al aumento del riesgo, el precio de los campos se mantiene por el reconocimiento generalizado entre inversores de representar una opción destacada como alternativa de conservación del valor de los ahorros en el largo plazo. No obstante, la perspectiva para el resto del año es desalentadora para el sector agropecuario, sostén principal de la economía regional, por cuanto estas medidas acentúan las dificultades para los productores, entre las que cabe destacar: la escasez de precipitaciones, la creciente presión impositiva, la tendencia ascendente de los costos y los problemas de abastecimiento del gas oil. En forma paradójica, la crisis de los productores agropecuarios se da en un muy buen contexto internacional, con precios en niveles cercanos a los máximos históricos y mercados que reabren sus puertas a la oferta de carne argentina por la recuperación de la condición de país libre de aftosa.

Como se puede advertir, el impacto sobre la economía regional se traduce en pérdidas de ingresos para una parte importante de la cadena de producción y comercialización de carne y trigo, generada por la disminución de la producción, pérdida de valor del capital y la transferencia de ingresos al sector molinero / exportador de otras regiones del país. A ello se suma el freno a la inversión por el continuó e impredecible cambio de reglas en el funcionamiento de los mercados.

Complejo Petroquímico: pérdida de oportunidades

El efecto de la política frente a la inflación también alcanza al complejo petroquímico. El sector se caracteriza por una fuerte orientación exportadora. En líneas generales, la situación en el mercado internacional de los últimos años ha sido muy buena, impulsados por una demanda creciente. En el plano interno, sus márgenes de rentabilidad presentaron una sustancial mejora con respecto a la década pasada, por la apreciación real del tipo de cambio . Pese al resurgimiento de dudas en el plano internacional con respecto a la continuidad del proceso de crecimiento, las perspectivas siguen siendo alentadoras. En la actualidad, las plantas trabajan a plena capacidad y realizan importantes inversiones para mejorar la infraestructura existente. Su actividad genera un importante efecto expansivo sobre el resto de la economía local a través de la contratación de personal, pago de tasas y contratación de empresas locales para la provisión de bienes y servicios.

El actual contexto internacional presenta una muy buena oportunidad de crecimiento. La tecnología de producción para la industria petroquímica impone la necesidad de inversiones a gran escala para alcanzar umbrales de productividad que permitan competir con eficacia en el mercado internacional. Se trata de decisiones que involucran grandes montos de dinero y por su alta especificidad en la tecnología, no son reversibles. Por ello, requieren horizontes de largo plazo en el que se puedan identificar y ponderar las principales fuentes de riesgo, así como planificar estrategias para su cobertura. En el caso particular del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca, las empresas han dado a conocer sus planes en relación a una nueva fase de ampliación a gran escala. Tal como lo revela la experiencia reciente de Bahía Blanca, con la ampliación del complejo a principio de la década actual, la concreción de estos proyectos tendría un gran impacto local tanto en la fase de inversión como de operación. No obstante, por el momento resulta baja la probabilidad de que esto se concrete en un futuro cercano por cuanto no se cuenta con la seguridad de suministro de la materia prima básica, el gas. El congelamiento de las tarifas impuesto por el gobierno nacional, ha generado un aumento del consumo y una fuerte retracción de la oferta por falta de inversiones. Las reservas de gas del país, que en los años 80 alcanzaban para 35 años, en la actualidad han disminuido a nueve años. La incertidumbre con respecto al abastecimiento energético es suficiente para posponer inversiones de gran escala, aún cuando el contexto de mercado presente una oportunidad casi inmejorable.

El velo de la reactivación

Dado que la economía regional ha acompañado el proceso de fuerte crecimiento económico del país, el impacto económico generado por las dificultades actuales de la actividad agropecuaria derivadas de la estrategia oficial para contener los índices de inflación, quedan por el momento relegadas en un segundo plano. La política gubernamental consistente en alentar el crecimiento del gasto en consumo, con la monetización del superávit generado por los positivos términos de intercambio parece encontrar un límite con la aceleración de la inflación en el plano interno y la amenaza latente de una desaceleración en la economía internacional. Con mayores riesgos que en años anteriores, la economía mantiene su curso de crecimiento pero a tasas menores, y en la medida que esto suceda, nuevamente se comenzarán a revalorizar los “ventajas competitivas regionales” como factores de crecimiento sostenido. Es en este momento, cuando comience a menguar el impulso externo al gasto local, que la economía notará el costo de la descapitalización de una sus principales actividades y el no haber podido aprovechar las oportunidades de expansión en el sector industrial.

En resumen, la política económica actual genera importantes costos que recaen con gran intensidad sobre la economía regional. Por el momento, la fuerte expansión general se traslada al ámbito de la ciudad y facilita que estos costos no se perciban en su justa medida. No obstante, cuando el país converja a tasas de crecimiento menores, y la región redescubra la necesidad de desarrollar actividad competitiva, se podrá apreciar con mayor claridad el negativo impacto de una estrategia de intervención en los mercados de comprobada ineficacia en el largo plazo. 

 

 


 

Indice de precios minoristas: aspectos metodológicos

 Los acontecimientos recientes en torno a la difusión de las últimas mediciones inflacionarias oficiales, cuestionadas por su alejamiento de la percepción general del avance efectivo de los precios y los retoques de cálculo incorporados, han renovado el interés por el alcance y representatividad de los índices de precios y las cuestiones metodológicas que subyacen a los mismos. El propósito de esta nota es echar luz sobre algunos puntos, al margen de toda la discusión política en torno a la elaboración y difusión de índices económicos. En el actual contexto, caracterizado por un inflación contenida y con expectativas alcistas, resulta oportuno recordar aspectos metodológicos fundamentales sobre los que descansa el índice de precios al consumidor, clarificar sobre procedimientos aplicados para su cálculo y comentar los resultados preliminares de la última encuesta de gasto de los hogares que constituye la materia prima a partir de la cual se elabora la estructura sobre la que se estima el indicador inflacionario.

 
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Situación y perspectivas del cultivo de cebolla

 El sudoeste bonaerense cuenta con una economía regional de gran importancia, como es la horticultura. El CREEBBA ha realizado estudios sobre el sector, y permanentemente monitorea sus principales indicadores a fin de conocer su evolución y perspectivas. En razón de la importancia de este sector se actualizarán los principales indicadores, contemplando asimismo otros relacionados con la actividad en el orden del país y del resto del mundo. Las fuentes de información son diversas y muchas veces poseen información desactualizada, sobre todo a nivel internacional; de cualquier modo, resultan de utilidad al menos para trazar tendencias. El objetivo de este estudio es presentar los principales indicadores y algunos aspectos productivos, económicos y comerciales de la actividad cebollera, a fin de conocer su situación actual y las perspectivas del sector.

 
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Perfil de los proveedores del Complejo Petroquímico

 La actividad del Complejo Petroquímico local tiene un impacto demostrado sobre la actividad económica de la región. De acuerdo a las últimas estimaciones, la actividad del núcleo de empresas que conforman AIQBB tiene un impacto directo sobre la economía de la región de $88 millones anuales, en concepto de remuneraciones al trabajo ($80 millones) y pagos de tasas al municipio de Bahía Blanca. Tales cifras resultan sumamente representativas para la economía local y regional. Adicionalmente, hay que considerar el impacto indirecto medido a través del vínculo que tienen las empresas del Complejo con contratistas y proveedores de insumos. Esto representa la demanda de bienes y servicios que el Polo genera a proveedores locales como consecuencia de su actividad. En este caso, la demanda sobre contratistas locales ronda los $180 millones anuales. Para tener un diagnóstico más acertado acerca de estas cuestiones se realizó un relevamiento entre los principales proveedores y contratistas locales de las empresas que forman AIQBB. En esta edición del IAE se exponen los resultados preliminares del mismo.

 
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Contrastes regionales en los tipos de cambio

 A partir de la salida de la Convertibilidad, el cambio en la política cambiaria y en la estructura impositiva nacional, determinaron variaciones en la competitividad de los distintos sectores productivos de la economía nacional. El sector agropecuario, la industria y algunas economías regionales, aprovecharon los beneficios de la política de tipo de cambio real alto, iniciando un proceso de crecimiento sostenido en sus exportaciones, alcanzando niveles record en el comercio exterior. Detrás de esta política cambiaria e impositiva, aprovechada por el sector exportador de la economía nacional, subyacen importantes diferencias entre regiones y una gran transferencia de recursos del interior del país hacia los centros urbanos -principalmente CF y gran Buenos Aires-. La existencia de tipos de cambio efectivos múltiples, producto de diversos derechos de exportación y reintegros a la exportación, determina condiciones de competitividad disímiles en el contexto productivo nacional. A esta situación se agrega la erosión sobre el tipo de cambio real provocada por el acelerado incremento en el nivel de precios interno. Dadas la importancia de estas cuestiones es que el presente informe explora los contrastes regionales en los tipos de cambio.

 
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