CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 90

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 90
enero 2007

 
 

 

 

Nota Editorial

 


Luces y sombras de la política económica

  • El esquema actual requiere de importantes correcciones de los desequilibrios que se han ido gestando desde la salida de la crisis
  • La estrategia de postergación de correcciones de los desequilibrios con el tiempo afirma la perspectiva de dificultades serias a nivel macroeconómico
  • Hay conciencia de los problemas que se gestan a futuro pero se posterga su tratamiento y con ello, el costo político de medidas duras

El origen del período de bonanza de la Argentina se encuentra en el fuerte crecimiento de la economía mundial. Su impacto local se ha potenciado por encontrar al país a la salida de una profunda crisis con un fuerte superávit fiscal gestado por la devaluación. El efecto expansivo local del crecimiento global, en los últimos años se ha amplificado notablemente por la normalización financiera tras la reestructuración de deuda pública y la política económica pro-cíclica del gobierno.

En términos agregados, el país se ha enriquecido por una sostenida mejora en los términos de intercambio con el resto del mundo al encarecerse los precios de sus principales productos de exportación. En este alentador contexto externo, el nivel de ahorro es elevado pero decreciente, y se gasta cada vez más en bienes de consumo, a partir de un fuerte estímulo de la política económica y el financiamiento provisto por el reingreso gradual de fondos fugados durante la última crisis. Esto genera un efecto de realimentación de la demanda y sostiene el proceso expansivo de la economía de los últimos cuatro años.

Aún cuando disminuya el nivel de ahorro interno, el proceso podría continuar en la medida que se sostenga la principal fuerte de financiamiento, la mejora en los términos de intercambio y en menor medida, la baja tasa de interés internacional . La continuidad del proceso de crecimiento requerirá mantener altos niveles de ahorro interno, y en particular del ahorro público para atender los compromisos de deuda reestructurada. Mientras dure la cesación de pagos con los acreedores que no aceptaron el canje, el país no contará con acceso a los mercados de deuda internacional y esto es una limitante importante para futuros esquemas de financiamiento.

Pese a que es posible proyectar un alto nivel de superávit primario en los próximos años, el esquema actual requiere de importantes correcciones de los desequilibrios que se han ido gestando desde la salida de la crisis, pero que aún no adquieren dimensión suficiente como para interferir en el proceso de crecimiento registrado en los últimos años.

El ajuste significa la eliminación de controles y restricciones que permiten una normal recomposición de los precios relativos; alineando los precios locales de los productos exportables (carne, gas, petróleo, trigo, combustibles) con los niveles internacionales, de modo de restituir la función vital del mercado de orientar las decisiones de inversión a través del sistema de precios. En modo especial, la necesidad resulta particularmente urgente y relevante en el sector energético. De modo similar, la fijación de pisos para el tipo de cambio nominal y el control de precios, solo posterga la inevitable apreciación real del peso al costo de crecientes presiones inflacionarias y un deterioro del resultado cuasifiscal del Banco Central por la política de control de la oferta monetaria. Por el momento, la inflación medida por IPC se mantiene en un cada vez menos creíble umbral del 10% y apenas asoma la posibilidad de déficit cuasifiscal. Pero el problema esta presente y a medida que transcurra el tiempo tenderá a agravarse hasta que adquiera una dimensión preocupante.

El superávit primario del gobierno nacional esta explicado por impuestos con altos costos de eficiencia como las retenciones a la exportación y el impuesto a las transacciones bancarias. A medida que se normalice la tasa de crecimiento de la economía, es decir que se alinee con la tasa de crecimiento potencial – en un rango del 4 al 5% anual – y el tipo de cambio real converja a niveles de equilibrio más bajos; los altos márgenes de rentabilidad actual de las empresas tenderán a disminuir. Esta tendencia en el tiempo puede llevar al punto de paralizar proyectos de inversión y plantear la necesidad de reducir costos de estructura, en particular, los asociados a costos de personal. Por el lado del gasto público, la tasa de crecimiento actual (cercana al 30%) no es sostenible en el tiempo. Los recientes cambios en la política previsional crean un importante pasivo para los próximos años, sin una contrapartida de ingresos. La inflación acumulada, el bajo nivel salarial de los empleados públicos, las cada vez mayores demandas de la población por bienes públicos (educación, seguridad, justicia, salud) y los todavía elevados niveles de pobreza imponen una peligrosa tendencia ascendente del gasto nominal, que se contrapone con los cada vez más cercanos límites al crecimiento de la presión tributaria.

Por el lado de las provincias, resurge la tendencia al déficit de las administraciones y las presiones para una mayor asistencia financiera de la Nación, acompañados por reclamos para replantear una reforma al régimen de coparticipación federal de impuestos. Las finanzas de los gobiernos provinciales no es un tema menor desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica del país; basta recordar que la imposibilidad de financiar sus déficits crónicos fue uno de los factores desencadenantes de la crisis económica del 2001. Si bien la situación es completamente distinta, hay un desequilibrio que ha dado origen a una tendencia que a la larga puede llevar a esa punto en ausencia de correcciones en el esquema; sea a través de una reducción en la tasa de inflación, cambios en el régimen de coparticipación, reasignación de gastos entre Nación y Provincias o bien una combinación de estas alternativas.

El presupuesto se ha desnaturalizado como herramienta de política económica. Con las facultades cedidas en los últimos años, por el Poder Legislativo al Ejecutivo para la reasignación de recursos, el Presupuesto plantea numerosos interrogantes sobre la política de gastos del Gobierno Federal. Se ha instalado la práctica de votar proyectos con evidentes subestimaciones de crecimiento en los ingresos tributarios, lo que en la práctica se traduce en grandes montos excedentes cuya asignación elude la evaluación y autorización del Congreso. En este caso, el desequilibrio es en torno al normal funcionamiento de las instituciones de la República. Profundizar estas prácticas debilita el régimen republicano y genera peligrosas interferencias en la marcha de la economía.

En los mercados de servicios privatizados en la década pasada, las distorsiones en lo política de tarifas, la conflictividad laboral e incertidumbre con respecto a la estabilidad del marco legal, condujo a un gradual retiro de empresas privadas con participación mayoritaria de capitales extranjeros, encargadas de su provisión. En los últimos años, estas situaciones afectaron a distintos sectores como el de la energía, agua, correo, transporte. En este contexto, se advierte el resurgimiento de la vocación del Estado por conformar empresas públicas. En la mayor parte de los casos, se observa que estas nuevas empresas enfrentan serias deficiencias en la prestación de servicios, presentan dificultades financieras y requieren un monto creciente de subsidios para su sostenimiento. No es una situación sostenible y representa un desequilibrio que en algún momento requerirá correcciones impuestas por la falta de recursos o la presión de los mismos usuarios insatisfechos con la calidad de las prestaciones.

El alto crecimiento del empleo ha disimulado la necesidad de cambios en la legislación laboral. El actual marco legal representa la contratación por parte de los empleadores, de un costoso seguro de desempleo para los nuevos empleados. Los costos legales de nuevas contrataciones explica el elevado porcentaje de trabajadores no registrados, carecientes de coberturas en servicios sociales básicos y acceso al mercado de créditos. El problema actualmente existe, y en un contexto de desaceleración de la actividad económica impondría en forma gradual la necesidad de volver a la discusión de reformas al régimen de legislación laboral.

El gobierno ha optado por posponer medidas que tienda a corregir desequilibrios gestados en los últimos años; posiblemente repita esta estrategia en un año electoral como el 2007. A medida que transcurra el tiempo, la acumulación de distorsiones acrecienta la posibilidad de correcciones bruscas hasta llegar al extremo de una nueva crisis que hoy luce tan improbable como distante. Visto en otros términos, la estrategia de postergación de correcciones de los desequilibrios generados por la intervención gubernamental con el tiempo afirma la perspectiva de dificultades serias a nivel macroeconómico.

Los problemas planteados se pueden comenzar a resolver de un modo gradual. Sin embargo, si bien se cuenta con tiempo, no se cuenta todavía con voluntad política ante la percepción de que cambios en la dirección recomendada no cuenten con el respaldo del electorado. De allí surge la estrategia de postergación y el interrogante, ¿hasta cuando? Las correcciones llegarán, por vía de un cambio impuesto por la sociedad a la clase política o bien, forzado por una nueva crisis. La Argentina habría superado su pasado de crisis recurrentes si en algún momento se impone la primera vía antes de que sea demasiado tarde para correcciones. 


 

Balance anual y perspectivas económicas

Las estadísticas macroeconómicas revelen un muy buen desempeño de la economía del país durante el año 2006. El Producto Bruto Interno cerraría el año con un crecimiento cercano al 8,5%, impulsado principalmente por el consumo interno y en menor medida por la inversión. El año culmina con una tasa de desempleo próxima a perforar la barrera del 10%, crecimiento del empleo y los salarios reales (10%), superávit fiscal primario consolidado del 3,9% sobre PBI, superávit en cuenta corriente en torno al 3% del producto, un ascenso de la inversión del 20% y una inflación levemente por debajo del 10%.

Los pronósticos de desaceleración de la actividad y freno en el crecimiento de la recaudación a partir del segundo semestre no se cumplieron, al no preverse el fuerte crecimiento de la demanda domestica en la segunda mitad del año, alentado por el gobierno a través de la política económica. La presión inflacionaria generada por el crecimiento de la demanda, a lo largo del año se contuvo a través de políticas de control de precios sobre los productos de mayor ponderación en el índice de precios al consumidor. Las medidas adoptadas en parte lograron contener las expectativas de aumentos en la tasa de inflación en el corto plazo, pero a un muy elevado costo de generar distorsiones que condicionan severamente las posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo. No obstante, y por el momento, los problemas de rentabilidad e incertidumbre jurídica que genera la política de control de la inflación, no han alcanzado una dimensión suficiente como para interferir el proceso de sostenido crecimiento de la actividad productiva, impulsado en el último año por la fuerte expansión de la demanda interna.

Desde una perspectiva sectorial, los mayores crecimientos se registran en el sector de la construcción, la pesca, comunicaciones e intermediación financiera. En el otro extremo, se ubica el sector agropecuario con una tasa de crecimiento nula. La industria manufacturera registra un buen desempeño en general, destacándose la industria automotriz, cemento, aceite, combustible y productos plásticos.

El alto crecimiento de la construcción, al igual que en el año anterior, fue impulsado por el fuerte aumento de la obra pública y de construcciones de particulares. En este último caso, los proyectos inmobiliarios se financiaron con fondos reingresados al circuito económico ante el aumento del costo de oportunidad de los fondos inmovilizados en cajas de seguridad.

La fuerte retracción del aporte del sector agropecuario, se explica por problemas climáticos y el impacto negativo de las intervenciones oficiales para contener los precios del sector. La escasez de precipitaciones disminuyeron los rendimientos de los principales cultivos, en tanto que la producción ganadera se contrajo como consecuencia de medidas adoptadas para forzar el abastecimiento a precios no rentables y evitar en el mercado interno, la suba de precios del producto en el mercado internacional.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

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Situación y perspectivas de la economía regional

De acuerdo a diversos indicadores, la actividad económica de Bahía Blanca mantiene la tendencia ascendente de los últimos años, impulsado por la mejora general de la economía del país. En este marco, se advierte una desaceleración del crecimiento durante el año 2006, generada por el agotamiento de factores expansivos y por cambios negativos que afectan el escenario de la economía regional. Por ello, se podría caracterizar el año que se inicia, como de transición hacia una nueva etapa con tasas de crecimientos menores a las de los últimos años. El principal impulso ascendente estará dado por factores macroeconómicos pero su efecto en parte se verá contrarrestado por el impacto de situaciones adversas propias de la región. Estos factores negativos están asociados a la esperada merma en la actividad agropecuaria por la escasez de precipitaciones así como la pérdida de rentabilidad y seguridad jurídica generada por la sucesión de intervenciones oficiales en el mercado de la carne vacuna y el trigo. Estas novedades sumadas a la elevada presión tributaria sobre el sector, condicionan severamente la viabilidad de la actividad agropecuaria en la región; y por lo tanto, al representar el principal pilar de su economía, afectaría su evolución en el transcurso del próximo año. Paradójicamente, esta situación se plantea en un momento de fuerte despegue de las economías regionales del país, generado por un extraordinario contexto internacional reflejado en los precios record de los productos de exportación y un tipo de cambio real elevado en comparación a sus niveles históricos. En otras palabras, el mundo demanda en forma creciente lo que la región produce pero esa señal no llega hasta los productores locales por las interferencias de la política económica domestica.

El siguiente análisis presenta una primera parte en el que se realiza un rápido repaso de la evolución de la economía local a partir de la lectura de distintos indicadores disponibles. Seguidamente, se repasa los factores macroeconómicos que dan impulso a la demanda local. Finalmente, el análisis se centra en los impactos negativos de la política económica sobre la actividad agropecuaria.

 
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