CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 61

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 61
marzo 2002

 


 

 

Nota Editorial

El comienzo de la pesificación

 El comentario editorial del número anterior trato sobre el fin de la Convertibilidad. Este comentario se relaciona con el comienzo de un nuevo modelo instaurado con la devaluación y cuyo eje inicial central es la pesificación.

Pocas dudas caben que un régimen cambiario flexible es preferible a uno de tipo de cambio fijo. La principal muestra de sus ventajas es la elección del régimen cambiario de los países con economías más ordenadas. Pero su funcionamiento requiere de condiciones que no están dadas en nuestro país.

En el marco de una caída sin precedentes en el nivel de actividad y de ingresos, en los últimos meses se desencadenó una feroz puja distributiva. El país entró en un círculo vicioso donde la desesperación por salvarse de cada uno de los integrantes no hace más que agravar la situación dramática de todos

Tras el traumático comienzo de la devaluación del peso, la eliminación de los controles y la adopción de un tipo de cambio flexible fue un paso en la dirección correcta. Si bien el paso va en el buen sentido, aún se encuentra lejos de haberlo realizado en forma completa. Aún no rige plenamente un régimen cambiario de flotación dado que la demanda esta contenida por el congelamiento de depósitos bancarios y las restricciones para la remesas de dólares al exterior. Por otra parte, los principales operadores del mercado - exportadores e importadores- no intervienen en el, a la espera de que se clarifiquen las reglas.

La vitalidad de un mercado se nota en el ritmo de transacciones y estas requieren como instrumento insustituible una moneda fuerte, es decir, demandada y aceptada por todos. Una moneda fuerte requiere confianza y está depende de la solidez institucional. La disciplina monetaria, la seguridad jurídica, son refugios de los ahorristas e inversores que les permiten confiar que sus derechos de propiedad serán respetados.

La apuesta a la pesificación y un tipo de cambio flotante representa un enorme desafío dado que el país ha destruido su bases institucionales. En el marco de un régimen flotante del tipo de cambio, mantener la paridad en niveles cercanos a los actuales para no caer en el riesgo de una nueva hiperinflación, requiere un programa monetario y fiscal compatible. Esta compatibilidad se traduce en un estricto cumplimiento de la metas de déficit y emisión monetaria. La Sociedad y la comunidad internacional, con justificadas razones, no creen en nuevas promesas refrendadas en el Presupuesto del año en curso; y esto es así, aún en el caso de que la Administración actual cumpla con el mayor de los méritos. El pasado condena a los argentinos a vivir sin credibilidad.

La Argentina ha agotado todos los recursos ante la incapacidad de controlar la voracidad fiscal. Esta debilidad ha llegado al extremos tales de agotar los recursos futuros por cuanto el país se ha quedado sin crédito. Para recuperar la credibilidad, debe reforzar sus instituciones con reglas claras y de cumplimiento estricto. Los primeros pasos del gobierno actual no fueron en esta dirección y esto hace dudar sobre la eficacia del programa actual por cuanto no respeta una premisa fundamental. Abundan ejemplos sobre medidas en este sentido, como la pesificación, congelamiento y reprogramación de depósitos, controles cambiarios, nuevos impuestos y retenciones a exportaciones.

A través de estas medidas, el sector público determina en este momento quienes son los ganadores y perdedores. Todas las redistribuciones de ingresos entre grupos o entre individuos incrementan la inseguridad y disminuyen las satisfacciones personales, aún en el caso de los beneficiarios, aumentando las tensiones institucionales e interpersonales, destruyendo el entramado político y social y, en última instancia, la eficiencia económica.

Las lesiones en la confianza y la credibilidad de los agentes económicos en las instituciones de este país tienen consecuencias más profundas y de más largo plazo. La realidad demuestra que siempre que el estado se encuentra de por medio los contratos posibles no tienen una relación de igualdad entre las partes y las reglas de juego pueden cambiar en cualquier momento. Esta situación abre un horizonte de incertidumbre que complica las acciones de largo plazo y se traduce en desperdicio de recursos destinados a obtener más información y a influir sobre las decisiones de los funcionarios de turno. De todas maneras, el gobierno confía en que su estrategia puede detener la caída libre de los indicadores económicos y comenzar un lento proceso de reconstrucción de una economía destruida.

Tras el fuerte reacomodamiento de precios relativos generado por la devaluación, uno de las primeros objetivos consiste en recuperar la estabilidad de precios. En el marco de la pesificación, es una meta realizable en la medida que se asegure la independencia del Banco Central y este a su vez, cumpla con los objetivos de emisión monetaria. Sin embargo esto representa sólo el comienzo, por cuanto antes de que se puedan verificar estas metas, aún late la amenaza de que la gente decida desprenderse de sus saldos en moneda local buscando refugio en el dólar, ante el temor de perder poder adquisitivo por una tasa de inflación creciente. La estrategia del gobierno, antes de abrir las puertas del corralito, pasa por restar poder de demanda de divisas a través de la reprogramación de los depósitos y disuadir las expectativas de futuras alzas en el tipo de cambio a través de un fuerte aumento del stock de reservas del Banco Central. En forma complementaria, se aspira a generar nuevos instrumentos financieros que capten el interés de inversores por ofrecer un resguardo frente al riesgo cambiario y se confía en que las presiones sobre el tipo de cambio pueden descomprimirse por la aparición de los dólares "comerciales", es decir, los generados a través del intercambio comercial externo.

Esta estrategia requiere como condición ineludible, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o su equivalente según la posición unánime de la comunidad internacional, un "plan sustentable". Pese a algunos avances recientes, esta meta aún se perfila muy distante en el tiempo, en un país al borde de un estallido social. Precisamente, este amenaza fija una segunda condición y es la de mantener el precario equilibrio social en el que parece encontrarse el país.

La opción de una nueva Convertibilidad

La liberación del tipo de cambio sería una opción aconsejable una vez que el país logra consolidar sus instituciones y retoma la senda del crecimiento sostenido de las primeros años de la década pasada. En el contexto actual, como se señaló antes, es una apuesta de muy alto riesgo. Hasta tanto se consiga reorganizar las bases económicas y retomar el crecimiento, el país requiere estabilidad a través de un "ancla" y una regla contra los abusos del poder político. Como argumento de respaldo solo debemos remitirnos a la evidencia de la experiencia de los primeros años de la última Convertibilidad

Dado que no esta asegurada la viabilidad de la estrategia de pesificación, aún resulta pertinente reflexionar sobre las principales opciones: la Convertibilidad o la Dolarización.

Una opción aún no descartada por los decisores puede ser una nueva Convertibilidad. Este esquema definido sobre la base de un tipo de cambio alto puede mejorar sustancialmente el problema de Competitividad. La nueva Convertibilidad debiera estar reforzada por una regla clara y estricta que limite el endeudamiento público en todos los niveles del Estado. La principal ventaja actual para iniciar una nueva Convertibilidad es que la sociedad ha asumido un nuevo tipo de cambio sustancialmente mayor. La principal desventaja es la dificultad de recrear la confianza luego de la ruptura institucional que significó la salida de la convertibilidad de 1991.

Una nueva Convertibilidad es un paso intermedio entre la pesificación y la dolarización. Presenta ventajas frente a la dolarización por cuanto es un camino de ida y vuelta. El país no resigna la posibilidad de contar en el futuro con los beneficios de una moneda fuerte y un tipo de cambio flexible que permita amortiguar shocks externos negativos.

La dolarización puede desembocar en una extrema iliquidez. Es un sistema aún más rígido que la propia Convertibilidad y los ajustes frente a descensos pronunciados del gasto por cualquier causa, puede ser muy violentos en términos de actividad si los precios en dólares tienden a ser inflexibles a la baja.

Cualquiera sea la opción, incluida la Pesificación, no debe volverse a cometer el error de confundir un Régimen cambiario con un Plan Económico integral o sustentable. En cualquier caso, el régimen cambiario debe ser acompañado de reformas que entre otros objetivos; sumen transparencia y competencia en el Sistema Político, racionalicen y torno eficiente el gasto público, consoliden la autonomía de instituciones como el Poder Judicial y el Banco Central, redefina el sistema impositivo, se cumpla con el principio de correspondencia fiscal a niveles inferiores de gobierno, se consoliden y renegocien los pasivos del Estado y se profundice la apertura de la economía.

 


 

 

Alternativas de comercialización para la pesca local (III)

El presente estudio conforma la tercera entrega referente a las posibilidades de comercialización de los productos de la pesca local y regional. Siguiendo el mismo esquema que en la nota anterior, en este caso se analizará la exportación de filetes de pescadilla congelados, enviados vía marítima en contenedores refrigerados.

A modo de resumen, se recuerda que el análisis se basa en la captura de pescadilla fuera del ámbito de la ría de Bahía Blanca, hasta las 12 millas, con embarcaciones costeras. La pescadilla se descargaría en Bahía Blanca y se procesaría en forma de filetes en uno de los frigoríficos ubicados en el Muelle de Cargas Generales Ministro Carranza. De allí se iniciaría la comercialización del producto -fresco o congelado- a diversos destinos del mercado externo.

Los destinos analizados en esta edición son Nueva York (Estados Unidos) y Barcelona (España). Se han seleccionado estos dos puertos por la importancia que revisten como puerta de entrada de los respectivos países. Por otro lado, como se explicó en la nota anterior, Madrid y Boston, presentes en el análisis anterior, fueron excluidos por tratarse de una ciudad mediterránea y por carecer de datos en algunos rubros, respectivamente.

El cambio operado en la economía nacional en los últimos dos meses plantean el interrogante sobre la conveniencia de exportar abarcando toda la cadena de comercialización o responsabilizarse solamente hasta que la mercadería está a bordo de la nave (FOB). Dejando de lado las cuestiones puramente económicas, la ventaja de abarcar la cadena desde la producción hasta la venta mayorista implica la posibilidad de poder ejercer un mayor control sobre el producto y disminuir sensiblemente las comisiones de intermediarios. Sin embargo, los costos en dólares que ello implica tienden a concentrar la atención en las exportaciones FOB, haciendo que los ingresos tengan un mayor rendimiento sobre los costos fronteras adentro, que serían en su mayoría en pesos.

Con los envíos congelados, los riesgos disminuyen, aunque no desaparecen. Si bien continúa siendo indispensable el suministro de energía eléctrica para no cortar la cadena de frío del pescado, la vida útil del producto es ahora significativamente mayor, con lo cual existe un margen mayor para desinteligencias en el proceso de transporte y comercialización.

A priori, la utilidad obtenida exportando a Nueva York sería mayor que si el destino fuese Barcelona. Esto se explica fundamentalmente por el mayor precio mayorista del producto en el mercado de destino y por la inexistencia de derechos a la importación en Estados Unidos, mientras que en España rige una tasa del 6% sobre el valor importado. De todos modos, los resultados en ambos mercados son satisfactorios, con lo cual valdría la pena realizar un análisis más completo y profundo a fin de validar la viabilidad del negocio.

El cálculo de utilidad se efectuó en dólares por kilo para poder comparar con los resultados obtenidos para la exportación en fresco. Esto arrojó márgenes más que interesantes para la operación. Sin embargo, dado que las condiciones económicas son sustancialmente diferentes, sería necesario hacer un recálculo de la exportación en fresco bajo el supuesto de las condiciones actuales.

Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

 

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Un cambio de escenario para el sector agropecuario

La derogación de la Ley de Convertibilidad y la posterior devaluación del peso, como así también las medidas posteriores impuestas desde el gobierno, suponen un cambio radical en las condiciones que deben enfrentar a partir de ahora los productores agropecuarios. Si bien al momento de realizar este estudio aún faltan definir algunas medidas propuestas como así también la implementación de otras, se presenta un resumen del escenario que deberá enfrentar de ahora en más, el productor nacional y de la región luego de la devaluación. En particular, y luego de realizar una descripción de las principales modificaciones ocurridas a partir de la devaluación del peso y que afectan directamente al sector agropecuario, se presenta un análisis del comportamiento de los principales productos e insumos del sector en nuestro país, en épocas de alta inestabilidad de precios, similares a las que permiten prever las actuales condiciones. Por último, y en lo referido al sector agropecuario regional, se presentan los principales efectos de la devaluación y posteriores medidas sobre la ecuación de los ingresos del productor, con un análisis sobre el indicador de margen bruto de las principales actividades agro-ganaderas de la región

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La eficiencia del gasto público

La medición de performance del sector público es la recolección sistemática de información con la finalidad de evaluar los resultados de la gestión pública e incluye el efecto que sus acciones tienen sobre la comunidad.

Una forma tradicional de evaluar la gestión pública es a través de indicadores de tipo general como puede ser el número de empleados del estado dedicados a determinada actividad o el tamaño del presupuesto.

Posteriormente y dada la necesidad de contar con mayores precisiones se llega a la conclusión que este tipo de análisis sólo brinda una idea parcial acerca de la gestión estatal, motivo por el cual se refuerza el concepto de estudio de desempeño con otros indicadores que intentan medir eficiencia, calidad y efectividad.

Tanto los contribuyentes como el sector público se ven beneficiados por esta clase de mediciones. En el primero de los casos los integrantes de la comunidad tienen la posibilidad de ejercer un control más directo sobre las actividades de sus representantes, sobre la base de la existencia de una mayor cantidad de información de buena calidad. En el caso del estado, entre los beneficios pueden mencionarse la mejora y mayor certeza en la contabilidad pública, la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos, guía para una mejor asignación de los recursos.

El marco teórico

¿El estado provee lo que quieren los ciudadanos? Esta pregunta ha motivado numerosos desarrollos teóricos en economía y puede analizarse teniendo en cuenta dos aspectos. En primer lugar puede cuestionarse el nivel de provisión de bienes por parte de estado, es decir si la cantidad de gasto público coincide con las preferencias de los votantes. En este esquema podrían incluirse todos los análisis relacionados por ejemplo con los volúmenes presupuestarios de los diferentes niveles de gobierno. En segundo término puede analizarse si las actividades del estado se desarrollan eficientemente, es decir que no sólo se cuestiona el volumen del gasto sino que trata de dilucidarse si la actividad pública se realiza a costos mínimos.

A partir de los desarrollos modernos acerca del rol de la burocracia en la actividad el estado, se deja de lado la idea de una burocracia pasiva y exógena que no altera los resultados que surgen del intercambio entre políticos y votantes, para considerarla como un miembro activo con intereses propios.

Bajo este esquema, se analiza el funcionamiento de la burocracia con métodos análogos a los de la teoría económica, es decir los incentivos o motivaciones de los agentes que participan en los procesos y las restricciones que enfrentan, teniendo en cuenta un aspecto muy importante que es la existencia de "poder discrecional" por parte de la burocracia hecho que les permite algún margen para lograr los objetivos particulares.

Las diferencias que se encuentran en los resultados de una empresa capitalista o de una organización pública se originan en las diferencias en las reglas de juego o marco institucional que opera en uno y otro lugar. Fundamentalmente pueden mencionarse como las más importantes, la carencia de competencia entre los organismos públicos encargados de proporcionar los mismos servicios, la estructura existente en las agencias públicas que impide que operen bajo el principio de obtener beneficios y el hecho de que los servicios o bienes públicos son provistos generalmente sin el pago de un precio a cambio de los mismos, o bien en el caso en que los individuos pagan un precio no se corresponde directamente con los costos de provisión de los bienes.

En la economía competitiva, la intención de maximizar los beneficios incentiva a perseguir los menores costos porque los empresarios se apropian de los excesos de los ingresos sobre los costos como renta, pero en el caso de las agencias del gobierno, los ahorros de los funcionarios tal vez se devuelvan a las rentas generales o se trasladen al ejercicio siguiente, con lo cual este "sobrante" no se utilizará para recompensar al funcionario que genera los ahorros.

Los principales modelos teóricos de análisis de la burocracia como oferente de bienes y servicios públicos predicen ineficiencia en la provisión. En algunos casos se trata de ineficiencias por exceso en la cantidad de bienes y servicios ofrecidos por el estado, es decir que se trataría de ineficiencia de tipo asignativo. Modelos posteriores también señalan la presencia de ineficiencia técnica argumentando que las agencias públicas no trabajan con costos mínimos e incluso algunos desarrollos dan fundamental importancia a la discrecionalidad de los funcionarios como determinante del nivel de gasto público.

Cabe preguntarse cuál es el rol de los políticos como control de los actos de la burocracia, dado que son los patrocinadores de los mismos al financiar sus actividades. La relación entre las reparticiones burocráticas o agencias y el patrocinador o político puede definirse como un monopolio bilateral, donde la agencia se encuentra interesada en maximizar el presupuesto y el patrocinador en minimizar el costo.

Los modelos de oferta de bienes públicos suponen que esta relación se encuentra sesgada a favor de los burócratas por razones de información, ya que la agencia conoce la función de oferta de los bienes y servicios que debe proveer mientras que el patrocinador no, y también hay ventaja de los burócratas por razones de incentivos dado que, para el empleado público, la primera prioridad es "su" agencia mientras que para el patrocinador o político tal vez esa agencia sea una de las muchas que debe dirigir o tener a cargo. A modo de ejemplo puede mencionarse el caso de la gobernación de una provincia, donde el gobernador debe encargarse de todas las áreas, mientras que el empleado de la oficina dedicada a obras públicas únicamente se ocupa de ella y conoce a la perfección su estructura de costos.

En conclusión, cuando se trata de la actividad del sector público el marco institucional bajo el cual se rige y la existencia de poder discrecional en los burócratas propicia la aparición de ineficiencias. El control por parte de los políticos también tiene sus complicaciones debido fundamentalmente a problemas de información, y los votantes que son los demandantes directos de los bienes y servicios provistos por el estado, tampoco pueden ejercer un control sobre las actividades de los burócratas por la existencia de ilusión fiscal, acción de los grupos de interés y dificultades de la participación. Si el patrocinador dispusiera de toda la información sobre los costos mínimos de producción estaría en condiciones de obligar a la agencia a suministrar el volumen de producción que él desea y por otra parte, si el votante pudiera ejercer una efectiva presión electoral sobre el político - patrocinador, el volumen de producción se ajustaría a lo que los consumidores desean.

Los intentos de solución

Todos los intentos por solucionar esta dificultad de controlar la actividad de las agencias burocráticas que componen al sector público en última instancia lo que intentan es hallar mecanismos para la revelación de la curva de oferta de provisión del servicio o bien público.

Existen diferentes medidas de desempeño del sector público que podrían clasificarse del siguiente modo:

  • Medidas de intensidad de trabajo: estas medidas se refieren a cuántas unidades de servicio se brindan. Un ejemplo puede ser las toneladas de basura recolectada , cuadras pavimentadas, familias carenciadas asistidas o el número de arrestos hechos. La comparación en el tiempo de esta clase de indicadores puede dar idea de la estabilidad o inestabilidad en la actividad. Si bien estas medidas tienen utilidad para la evaluación de la actividad estatal, no da idea de cuán eficientemente se realiza la misma. 

  • Medidas de eficiencia: relacionan la cantidad de trabajo ejecutado con las horas hombre o la cantidad de dinero insumidos al hacerlo. Generalmente se expresa como costo unitario, por ejemplo se calcula el costo por kilómetro asfaltado o también podría ser unidades producidas cada $1.000 o unidades producidas por hora de trabajo. 

  • Medidas de efectividad: muestran el grado en que los objetivos fueron alcanzados. Revelan si los programas tienen los efectos deseados o si una dependencia produce los resultados esperados. Se relaciona con metas propuestas. Como ejemplo puede citarse el porcentaje de reparaciones realizadas que no requieren otro arreglo en seis meses, el porcentaje de baches reparados dentro de las 48 horas de informados, el tiempo medio de respuesta a llamadas de emergencia, entre otras. 

  • Medidas de productividad: integra indicadores de eficiencia y efectividad en una única medida. Por ejemplo, si el costo unitario de determinadas reparaciones es una medida de eficiencia, costo unitario de reparaciones satisfactorias es una medida de productividad que agrega eficiencia y efectividad. Si bien puede ser tentador utilizar principalmente este tipo de indicadores sin reparar tanto en los que miden eficiencia o efectividad, no hay que perder de vista que los indicadores de productividad suelen ser más difíciles de formular, calcular e interpretar.

No obstante la clasificación anterior, es necesario señalar que las mismas medidas pueden ser clasificadas o categorizadas de diferentes modos. Por ejemplo, medidas de intensidad de trabajo como número de llamadas de alerta de incendio respondidas es considerada una medida de "output" según otras clasificaciones.

Dentro de las características positivas de un conjunto de medidas de desempeño o performance del sector público pueden mencionarse:

  • Válido y confiable: el indicador debe medir "lo que se pretende medir" y debe ser consistente, exhibiendo una escasa variación como consecuencia de la subjetividad de quien lo calcula. 

  • Comprensible: cada indicador debe tener un significado inequívoco, evidente. 

  • Oportuno: los indicadores deben ser construidos y difundidos oportunamente para ser de utilidad para los decisores. 

  • Amplio: las dimensiones más importantes del desempeño del sector público deben estar contempladas por un buen conjunto de indicadores 

  • No redundante: no es aconsejable la utilización de más de una medida para un mismo objetivo. Cada uno de los indicadores construidos tiene que aportar alguna característica distintiva que justifique su inclusión. 

  • Sensible a los costos de recolección de información: es necesario tener en cuenta los costos de construcción de los indicadores para asegurar que la información que brindan es superior.

La situación en Argentina

No se practica en Argentina, al menos en forma generalizada, una medición sistemática acerca de la eficiencia en las actividad del sector público, ni en las áreas correspondientes al gobierno central ni en las dependencias que pertenecen a los gobiernos subcentrales.

Los indicadores que se estiman para evaluar la gestión pública son, habitualmente, razones que relacionan dos variables como puede ser gasto total per cápita, nivel de endeudamiento por habitante o porcentaje de recursos propios sobre totales, por citar algunos ejemplos. Esta clase de cálculos solamente admite la observación de la evolución de los mismos en el tiempo o la comparación con otros lugares o reparticiones. No permiten realizar ninguna apreciación acerca de eficiencia ni el desempeño.

Es necesario destacar la importancia que tiene la clara definición de los objetivos de cada programa o actividad estatal para poder luego evaluar su cumplimiento. Si no se verifica dicho requisito no es posible calcular ninguno de los indicadores de desempeño que se estiman en otros lugares del mundo. Una vez definidos los objetivos también es fundamental el correcto y sistemático registro de la información.

En próximos estudios se presentarán aplicaciones prácticas relacionadas con la medición de performance del sector público argentino sobre la base de estos desarrollos.

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La devaluación y el ahorro local

La devaluación ha generado un grave perjuicio al sistema bancario local a través de sus efectos sobre los ahorristas locales.

Ninguna de las opciones para los ahorristas luce atractiva. De todas, la conversión a títulos públicos nominados en dólares, representa la mejor posibilidad de recuperar el ahorro en moneda dura en un futuro muy distante

La pesificación determina para el sistema bancario local en su conjunto una "quita neta de subsidios" del orden de los U$S 7 millones o $ 12 millones, monto que representaría el impacto negativo sobre la riqueza de residentes locales.

El objetivo principal del siguiente trabajo consiste en intentar arribar a una idea de magnitud del efecto de la devaluación sobre deudores y acreedores locales del sistema financiero. El trabajo apunta a respaldar la hipótesis de que tras la devaluación, la enorme brecha entre los depósitos en relación a los préstamos determinaría en definitiva un grave perjuicio adicional a la economía local a través del Sistema Financiero. Este daño emergería como resultado de licuación de depósitos en moneda extranjera, insuficientemente compensado por la "pesificación" de préstamos a un tipo de cambio subvaluado.

Para facilitar el análisis, se desglosa el efecto de las medidas sobre los clientes del Sistema Bancario en dos efectos principales. El primero de ellos es el efecto "instantáneo" de la pesificación a partir del momento en que se decide instrumentarla. El segundo, se relaciona con la reprogramación en la disponibilidad de los depósitos. A diferencia del anterior, sus consecuencias se manifiestan a medida que transcurre el tiempo, lo que permitiría calificarlo como "dinámico". En ambos, el resultado para las empresas y el público es diametralmente opuesto según se trate de activos pesificados - depósitos - o pasivos pesificados - prestamos de bancos - .

El balance requiere alguna medida del resultado de las medidas. La medida apropiada debería ser el "valor real" de los depósitos y préstamos. En otras palabras, interesa reflejar con claridad las variaciones del poder adquisitivo de los saldos en colocaciones o deudas bancarias, originadas en la aplicación de las medidas.

Al devaluarse la moneda e instrumentarse la "Pesificación", los beneficiarios son los deudores de préstamos en moneda extranjera y los perjudicados son los ahorristas con depósitos en dólares. El trabajo presenta una estimación del impacto inmediato sobre el patrimonio de personas y empresas locales, tomando como punto de partida un monto proyectado de depósitos y préstamos en moneda extranjera en entidades bancarias del medio. Al relacionar los dos efectos se observa el efecto de redistribución generado por la pesificación. La quita de depósitos en dólares sobre compensó el subsidió a deudores locales de préstamos en dólares

El impacto de la reprogramación es más complejo de analizar por cuanto interviene un mayor número de factores. El efecto dinámico depende de la evolución del valor real de los depósitos y préstamos "pesificados" según la alternativa que adopte el ahorristas para los fondos inmovilizados y las nuevas pautas para el ajuste de préstamos pesificados. Ambas variables crecerán en términos nominales al ritmo del criterio de indexación y pagos de interés, pero decrecerán en términos "reales" según el ritmo de depreciación del peso.

Por el lado de los depósitos, el interés se centra fundamentalmente sobre las colocaciones a plazo, dado que las colocaciones a la vista - caja de ahorro y cuenta corriente - han ido paulatinamente flexibilizando las restricciones en torno a la disponibilidad de saldos. Ninguna de las opciones para los ahorristas luce atractiva. De todas, la conversión a títulos nominados en dólares, representa la mejor posibilidad de recuperar el ahorro en moneda dura en un futuro muy distante. El precio es elevado por cuanto se resigna el rendimiento alternativo de estos dólares en una colocación segura durante muchos años y además subsiste el riesgo de cesación de pagos al vencimiento. El resto de las opciones dependen estrechamente de la trayectoria del tipo de cambio, del coeficiente de ajuste (CER) e indirectamente a través de este, del ritmo de inflación en los próximos años. En todos las casos, la situación más probable es que los ahorristas enfrenten importantes pérdidas de su patrimonio medido en dólares.

Por el lado de los Préstamos pesificados, los deudores verán inicialmente licuados sus pasivos por la conversión de sus préstamos a moneda local, empleando un tipo de cambio subvaluado. La deuda ahora nominada en moneda local se indexará mediante la aplicación del coeficiente de ajuste CER. Para compensar el impacto alcista sobre el monto de la cuota se planeaba aplicar una tasa de interés máxima (del 4% para personas físicas y del 7% para personas jurídicas).

Con el nuevo esquema de pesificación de deudas bancarias, los pagos crecerán al ritmo del coeficiente de actualización, el que a su vez dependerá de la tasa de inflación. Las posibilidades son múltiples, pero en cualquier caso, hay un subsidio inicial para deudores por la conversión de la deuda a un tipo de cambio subvaluado y la disminución de la tasa de interés; posteriormente existirá otro en la medida que el ritmo de crecimiento del coeficiente de ajuste quede relegado con respecto al de depreciación del tipo de cambio en el mercado libre. Estos subsidios representan pérdidas del sistema financiero, compartidas con los ahorristas a través de la quita de sus colocaciones en dólares y con el Estado a través de la cesión de un bono de compensación bancaria.

La devaluación ha generado un grave perjuicio al sistema bancario local a través de sus efectos sobre los ahorristas locales. Esta pérdida en parte es contrarrestada por el subsidio inicial a los deudores de préstamos en dólares al pesificar sus deudas a un tipo de cambio claramente subvaluado. El principal costo es a largo plazo. Además del fuerte endeudamiento del Estado para compensar a Bancos y las retenciones sobre sectores que caracterizan el perfil exportador de la región, se lesiona la confianza de los ahorristas. Por largo tiempo, será extremadamente difícil para los bancos contar con nuevos depósitos, la materia prima necesaria para "producir" préstamos.

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El sistema de precios luego de la devaluación

El reciente abandono de la Convertibilidad, vigente en el país por diez años, y la liberación del mercado cambiario en el contexto de una economía altamente dolarizada como la argentina, reinstala la amenaza de una espiral inflacionaria, una experiencia ya vivida por el país a fines de los ochenta. Tras casi una década de estabilidad de precios y un reciente período de deflación, la posibilidad de un rebrote inflacionario reaparece en el centro de la escena.

Sin embargo, las condiciones actuales son diferentes a las de 1989. En primer lugar la economía se ve afectada por una gravísima recesión, devenida ya en depresión, que transita su cuarto año y que, de alguna manera, actúa como factor moderador de traslados indiscriminados de aumentos de precios. A esto se suman las restricciones financieras provocadas por la inmovilización de depósitos bancarios, que contiene y posterga la demanda de dólares, clave en la dinámica de los precios. Por otra parte, la decisión del gobierno, o al menos su intención hasta el momento, de no indexar salarios y acotar al máximo la emisión monetaria es un elemento fundamental para evitar el desencadenamiento de un proceso hiperinflacionario.

Pese a que las condiciones de contexto parecen restringir, moderar y demorar la escalada de los precios, es inevitable predecir un escenario con inflación, en una economía con alto grado de importación, tanto de bienes finales como de bienes de capital, tecnología e insumos básicos para la producción nacional. Ya que un proceso de sustitución de importaciones resulta inviable en el corto plazo, amén de que la estructura de costos argentina dista de ser competitiva, las perspectivas inflacionarias se asocian en primera instancia al ritmo de devaluación del peso. Es decir, mientras no se admita una emisión monetaria descontrolada ni se ajusten las remuneraciones de la economía, la cotización del dólar va a constituir la principal variable explicativa de la tasa de inflación.

Cabe preguntarse entones: ¿Qué cotización podría alcanzar el dólar?, ¿Qué porcentaje de la devaluación del peso cabe esperar que se traslade a los precios finales?, ¿Qué condiciones podrían generar un contexto hiperinflacionario como el de fines de la década del ochenta?, ¿Qué experiencias internacionales post-devaluación pueden tomarse como parámetros para vislumbrar el futuro escenario argentino? En la presente nota se intenta responder a estos interrogantes y para ello: 1) se ofrece una síntesis en la que se definen los distintos tipos de inflación y se identifican sus causas; 2) se repasan las distintas etapas en materia de precios en Argentina durante los últimos doce años; 3) se explica de qué manera puede calcularse el traslado a precios de la devaluación cambiaria, 4) se repasan las experiencias de distintos países luego de decidir la depreciación de sus respectivas monedas nacionales, tomándolas como referencia para evaluar el caso argentino, 5) se presentan conclusiones y perspectivas.

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