CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 52

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 52
septiembre 2000

 

 

Las exportaciones petroquímicas por el puerto

Uno de los mayores impactos de las inversiones que se están llevando a cabo en el Polo Petroquímico local será sin duda la gran cantidad de productos que, dados los aumentos de capacidad de las plantas, será necesario transportar. Esto traerá aparejado un notable aumento en la frecuencia y en el número de camiones, barcos y trenes que llegarán y partirán de la ciudad, acerca de lo cual pueden señalarse tanto efectos negativos como positivos. 

Sin duda alguna, los principales efectos negativos estarán relacionados con los inconvenientes y riesgos que generará para la población local el incremento en el tráfico de camiones y trenes en tránsito por la zona portuaria. Esta situación se verá agravada por el incumplimiento de los compromisos que había asumido el gobierno provincial para llevar adelante importantes inversiones de infraestructura vial. 

Sin embargo, este nuevo movimiento de mercaderías también permitirá generar efectos positivos para la actividad económica local. Por un lado, un efecto a destacar provendrá de la demanda de servicios locales por parte de los transportistas que lleguen a la ciudad. De todas maneras, no deben dejarse de lado efectos positivos indirectos que este aumento en el transporte hacia y desde Bahía Blanca puede generar. En este sentido, los mayores volúmenes exportados y las mayores frecuencias pueden beneficiar a otras actividades locales que podrían utilizar esos servicios para enviar sus propias mercaderías, especialmente en lo vinculado al transporte marítimo con la utilización de contenedores. 

Como un primer paso para cuantificar estos efectos procederemos en este informe a analizar de qué manera aumentará el tráfico de mercaderías petroquímicas que salen del Puerto de Bahía Blanca. Fundamentalmente se intentará diferenciar la situación existente hasta antes de que se pongan en marcha las inversiones, y lo que podría suceder una vez que todas las plantas ampliadas funcionen a pleno. 

Si bien por el momento no se cuenta con la cantidad exacta de mercaderías que finalmente serán derivadas a través del puerto local debido a que aun se encuentran en proceso de negociación, todo hace suponer que se producirá un incremento sustancial en la actividad portuaria una vez que finalicen las inversiones. Lo más relevante de este crecimiento es que ganará una importancia trascendental la operatoria con contenedores, que hasta el momento sólo se realizaba esporádicamente en nuestro puerto. Esta posibilidad no sólo generará mayores requerimientos de mano de obra, sino que también puede contribuir a movilizar el sistema exportador de la región.

Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

 

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La deuda pública en la década de los noventa

A partir de 1991, luego de un prolongado proceso altamente inflacionario, se implementa en Argentina la Ley de Convertibilidad, que limita las posibilidades para el sector público de financiarse a través de la emisión monetaria. Si se tiene en cuenta que ante la existencia de un déficit, el estado nacional cuenta con la emisión de moneda y con el endeudamiento público como herramientas para poder cerrar las cuentas, puede decirse que esta medida procura un saneamiento en la situación fiscal argentina.

Bajo este contexto, ante la aparición de desequilibrios fiscales se utiliza la deuda pública para cubrir la brecha. La pregunta que cabe plantearse es hasta qué punto puede el sector público utilizar el endeudamiento sin provocar una situación de desequilibrio tan importante como los anteriores períodos inflacionarios. El importante crecimiento de la deuda observado en la última década justifica esta clase de planteos.

La evolución de la deuda

A partir de 1991, el gobierno nacional incrementó su deuda más del 130%. Según información oficial a fines de 1999 el monto total de deuda del sector público financiero y no financiero (1) superaba los 120.000 millones, en tanto que estimaciones para este año la ubican cerca de los 133.000 millones, es decir casi el 50% del producto bruto interno. La mayor parte de esa deuda (alrededor del 70%) está conformada en bonos y títulos públicos, que han incrementado su participación en los últimos años. El porcentaje de endeudamiento con organismos multilaterales (BID, FMI, BIRF, entre otros) se mantiene en proporciones constantes alrededor del 18% de la deuda total, mientras que los empréstitos con bancos privados y proveedores son los de menor importancia dentro de la composición.

Las provincias, por su parte, según cifras disponibles incrementaron tanto sus gastos como su nivel de deuda a lo largo del período. El total de deuda pública provincial calculada para 1999 supera los 20.000 millones, y el incremento observado desde el inicio de la convertibilidad es de aproximadamente el 230%. Tal como puede notarse, este aumento en el endeudamiento de los gobiernos subcentrales supera holgadamente el incremento registrado a nivel nacional durante el mismo período.

(1) El primero incluye la deuda del BCRA con el FMI y las contraídas por los Bancos Oficiales con aval de la Nación, pero no aquellas destinadas a su propio financiamiento.

¿Es la deuda sostenible indefinidamente?

El abuso de la utilización de emisión monetaria como forma de financiamiento ocasiona efectos adversos sobre la economía a través de la inflación. Una política monetaria rígida como la que actualmente se aplica en Argentina favorece la estabilidad y evita ese tipo de problemas, pero la excesiva utilización de la deuda para cerrar la brecha fiscal también puede traer severas consecuencias sobre la economía porque la política fiscal y monetaria no se encuentran en compartimentos estancos, es decir, existe un vínculo entre déficit fiscal e inflación. La idea general es que aún bajo una conducta monetaria rígida, el exceso de endeudamiento se torna explosivo y llega un punto en que el gobierno monetiza la deuda y genera efectos inflacionarios.

Dicho de otro modo, para que la relación entre la deuda pública (que crece a la tasa de interés a la que fue tomada) y el producto (que varía de acuerdo a la tasa de crecimiento de la economía) se mantenga al menos constante, la tasa de interés no debe superar a la tasa de crecimiento del país. Esta idea, si bien es de larga discusión, fue estilizada por Thomas Sargent y Neil Wallace (2) en un artículo que fue el principal aporte analítico a este enfoque.

Existe un indicador sencillo para evaluar la sustentabilidad de la deuda pública una vez que se cuenta con los datos efectivamente realizados. Es el denominado "gap primario" que mide la diferencia entre el saldo primario (3) real y el de equilibrio (4) . Si el resultado del país en cada año adopta ese valor de equilibrio, el ratio DP/PBI se encontraría estabilizado de acuerdo a las tasas de crecimiento de la economía y los intereses de deuda efectivos que el estado debe afrontar. En esa situación, el "gap primario" tomaría valor cero. Si el sector público lograra mantener el sendero del déficit en esos niveles, la deuda pública es sustentable.

Los resultados de aplicar esta metodología para evaluar la situación de Argentina en los últimos años revelan que entre los años 1991 y 1994 las tasas de deuda y producto permitían sustentar los niveles de deuda existentes, ya que en todos los casos el PBI creció a una tasa superior a la deuda y además hubo superávit fiscal. A partir de 1995, el indicador toma valores negativos como consecuencia del escaso crecimiento del producto, alertando acerca de las dificultades en el control de la deuda. Solamente en 1997 el indicador es positivo porque la tasa de crecimiento del PBI supera al interés efectivo, pero después retoma su trayectoria negativa. Si bien las cifras correspondientes a 1999 son aún preliminares, dadas las relaciones entre las tasas monitoreadas, el valor de equilibrio calculado requería al sector público un superávit primario superior al 4% del producto. Como el superávit primario sólo fue del 0.31% del producto, la brecha entre el resultado de equilibrio y el real toma un valor importante, superior al 4% del PBI.

En agosto de 1999 se sanciona la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal bajo el número 25152. Esto puede tomarse como un indicador de la necesidad de imponer restricciones de tipo institucional a las posibilidades del sector público como tomador de deuda. Sin embargo, el texto de la ley permite un margen de maniobra para el sector público dando cierta ambigüedad a las metas a cumplir.

Puede concluirse entonces que aún habiendo alejado las posibilidades inflacionarias mediante la Ley de Convertibilidad, la deuda pública no puede utilizarse indefinidamente para cerrar la brecha fiscal, y que dada la relación entre déficit fiscal e inflación, el abuso de la utilización de endeudamiento puede traer problemas tan graves como el abuso de la emisión monetaria. Nuevamente, tener las cuentas fiscales en equilibrio suele ser la recomendación más sana.

(2) SARGENT T. y WALLACE N., "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic", Quarterly Review Federal Reserve Bank of Minneapolis, 5, Fail 1981. 

(3) El resultado primario se calcula como la totalidad de los ingresos tributarios menos la totalidad de los gastos (excluidos los pagos de intereses de la deuda). 

(4) Cuando se habla de resultado de equilibrio se hace referencia al resultado sustentable de acuerdo a la relación entre las tasas de crecimiento de la economía y el interés de la deuda del momento en que se realiza el cálculo. No necesariamente se está haciendo referencia a un "presupuesto equilibrado".

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Salud, desregulación e impacto local

Las últimas medidas del gobierno con respecto a la salud apuntan a la desregulación total del sistema a partir del año 2001, permitiendo la competencia entre las obras sociales sindicales y las prepagas que estaban imposibilitadas de hacerlo hasta el momento. Las principales novedades en este sentido plantean ciertos interrogantes sobre el resultado final de esta cuestión.

Como antecedente puede señalarse que a fines de 1996 se sanciona un decreto que permite a los trabajadores elegir su obra social. Este ensayo de desregulación sólo fue permitido a obras sociales sindicales y de empresas, sin admitir la posibilidad de ingreso a nuevas aseguradoras de salud. La escasa difusión de las nuevas reglas y la multiplicidad de normas y decretos relacionadas con esta cuestión tornaron muy confuso el escenario planteado debilitando el efecto de la competencia entre entidades.

La situación actual del sistema

La falta de competencia entre las obras sociales y el modo de financiamiento de las mismas tiene serias consecuencias sobre la situación del sistema de seguridad social. Si bien se encuentran excepciones, el desequilibrio financiero es prácticamente permanente en una gran cantidad de entidades.

Las dificultades financieras que actualmente tienen las obras sociales se originan por diversos factores que influyen en diferentes medidas. Entre ellos puede citarse la forma en que las entidades integran sus recursos se relaciona con el nivel de ingreso y no con el riesgo epidemiológico de los afiliados. Esto genera una disociación entre los ingresos y egresos de la entidad que impide garantizar una cobertura determinada y la viabilidad financiera de la misma en el tiempo.

Otro factor que colabora a la fractura del sistema es el no-reconocimiento por parte de las entidades deficitarias de su propia restricción presupuestaria. Cuando surgen las dificultades, las obras sociales comienzan a demorar el pago de los servicios a los prestadores, quienes generalmente terminan por suspender los servicios desatendiendo a los afiliados de las obras sociales morosas. Debido a que el descuento sobre las nóminas salariales de los empleados y los aportes de los empleadores no se suspenden ante la falta de atención de la obra social, en pocos meses las entidades logran recomponer su situación financiera regularizando su deuda, al menos parcialmente, aunque el ciclo vuelve a repetirse. En el caso de los prestadores públicos, por sus características no tienen la posibilidad de dejar sin atención a las personas que pertenezcan a obras sociales morosas. Esto aumenta la presión sobre el sector público de la salud y también afecta a los verdaderos indigentes que no tienen cobertura social.

También se presenta como práctica, la renegociación de los aranceles o precios de las prácticas con los prestadores ante dificultades financieras. Si bien puede estar estipulado el precio de cada prestación, la obra social ofrece reducciones por falta de presupuesto, incentivando a la otra parte a sobre facturar para compensar la caída en los ingresos.

Todos estos factores desencadenan ajustes en el sistema que se realizan en forma desordenada con disminuciones en la cobertura y en la calidad de los servicios que reciben los afiliados, y con un alto grado de inequidad entre los individuos.

Las reformas oficiales

Luego de un proceso desregulatorio iniciado en 1993, en febrero de este año se promulga el Decreto 446 que constituye la última modificación al sistema de seguridad social en Argentina. Allí se establece que a partir del primero de enero de 2001 los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden ejercer derecho de opción entre cualquiera de las obras sociales establecidas en la Ley 23660 (1) , cualquier entidad adherida al sistema de la Ley 23661 (2) y cualquier entidad que tenga por objeto la prestación de servicios de salud.

Este decreto también impone una serie de condiciones a cumplir por las entidades. Por ejemplo establece que las prestatarias deben admitir la afiliación de todo beneficiario que lo solicite, no pueden supeditar la admisión al estado de salud preexistente en los mismos, les prohíbe además establecer períodos de carencia para las prestaciones médicas obligatorias y tampoco pueden dar de baja unilateralmente a ningún afiliado.

(1) Obras sociales sindicales, institutos creados por leyes de la Nación, las obras sociales de la administración central, organismos autárquicos y descentralizados del Estado nacional, obras sociales de empresas, del personal de dirección y asociaciones de empresarios, las obras sociales del personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal, Servicio Penitenciario, y toda otra entidad creada al fin de la presente ley.

(2) Sistema Nacional de Seguro de Salud

Qué pasa en Bahía Blanca

De acuerdo a información oficial (3) se estima que en Bahía Blanca los afiliados al sistema de salud son aproximadamente 182.000 personas.

En un mayor nivel de desagregación, puede decirse que en sólo tres obras sociales se concentra el 50% del padrón, mientras que el total de entidades supera las 150. En primer lugar se ubica PAMI que posee cerca de 36.000 afiliados entre jubilados y pensionados, seguida de IOMA, que tiene alrededor de 33.000 beneficiarios, y en tercer lugar se encuentra OSECAC con 20.000 afiliados.

Si bien el número de beneficiarios es menor que en los casos enunciados anteriormente, no puede dejar de mencionarse que las obras sociales DIBA, que es la obra social de origen del personal de la marina, UNS, que corresponde al personal de la Universidad Nacional del Sur, DOSEM, que en principio nuclea a los empleados municipales, y la obra social de los bancarios concentran aproximadamente 30.000 afiliados, lo que significa más del 15% del padrón.

Si bien esta información no es exacta, se estima que del total del padrón aproximadamente 128.000 personas pertenecerían a obras sociales de tipo sindical. En términos del esquema de competencia anterior al Decreto 446/2000, esta sería la cantidad de individuos que estaba en condiciones de optar entre las obras sociales sindicales, es decir que se trataba del segmento dentro del cual podía haber migraciones de afiliados.

A partir de las nuevas disposiciones, las empresas de medicina prepaga estarían en condiciones de ofrecer sus servicios a los antiguos afiliados al sistema sindical. Esta nueva situación genera una competencia entre entidades prepagas y sindicales, y esas 128.000 personas serían el mercado a redistribuir en Bahía Blanca.

Hasta enero del próximo año quedan muchas cuestiones para discutir, establecer, negociar y reglamentar acerca de cómo será efectivamente el proceso de apertura a la competencia, y sería apresurado anticipar el resultado final de esta nueva situación, tanto para los beneficiarios como para los prestadores y el resto de los participantes del mercado de la salud. Sobre la base de la experiencia de negociaciones pasadas en este tema, puede esperarse que aún se produzcan marchas y contramarchas hasta definir el esquema final.

(3) Asociación Médica de Bahía Blanca

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Preocupante perspectiva en el mercado de trabajo

El propósito del siguiente análisis es repasar la difícil situación actual, su negativa evolución en el último año y fundamentalmente su preocupante perspectiva. El trabajo procura presentar respuestas a ciertas dudas en torno a la situación ocupacional: ¿cuántos puestos de trabajo por año serían necesarios para lograr que la elevada tasa de desempleo actual no siga creciendo?, ¿cuál sería el impacto si la tasa de actividad recupera los niveles de mediciones anteriores?, ¿qué repercusión puede tener la finalización de obras en el Complejo Petroquímico?, ¿cuál es la importancia de los programas de empleo del gobierno?.

Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en mayo pasado (16% de la PEA) confirman el fuerte impacto de la recesión en la economía local. Visto en el contexto del país, el problema ocupacional en Bahía Blanca es mayor dado que el desempleo se encuentra por encima del promedio - en torno al 15,4% -. En el transcurso de un año, la tasa de desempleo local se ha destacado por exhibir uno de los mayores incrementos. Por lo tanto, y más allá de las fluctuaciones que puedan observarse entre una y otra medición la situación actual nuevamente ubica a Bahía Blanca en el grupo de ciudades con alto desempleo y en las que la situación laboral presenta un mayor ritmo de deterioro.

La reversión de los altos niveles de desempleo actual requieren un sustancial incremento de la tasa de empleo. Es más, un objetivo más modesto como mantener el elevado desempleo actual se presenta como una meta difícil de alcanzar dado que año tras año, por distintas razones se suman nuevas personas al mercado laboral.

Lamentablemente, si se repasa la tendencia del empleo no se podría trazar un pronóstico demasiado alentador dado que se observa una clara trayectoria descendente a partir de los elevados niveles alcanzados en los primeros meses de 1998. En el término de dos años, la tasa de ocupación se redujo del 37 al 34%. Por otra parte, cabe advertir que el descenso se acentúa en el último año. Más aún, como se ha enfatizado en un informe anterior , es importante notar que el período coincide con la realización de las inversiones en la zona portuaria que permitieron generar una gran cantidad de empleos y por lo tanto, amortiguaron la gran destrucción o eliminación de puestos de trabajo en otras actividades locales. Junto con estos precedentes, se destacan otros elementos que ensombrecen las perspectivas.

La proyección anticipa una perspectiva preocupante con tasas de desempleo que podrían superar el crítico umbral del 20%. El cuadro presentado proyecta los resultados de mantenerse la situación actual e incorporando como principal novedad la finalización de las inversiones en el área portuaria.

Los cambios cuantitativos (personas con ingreso) han sido acompañado de cambios cualitativos (nivel de ingreso de las personas con empleo). La estructura del empleo se modifica, con una mayor participación de puestos en actividades de baja calificación, duración transitoria y bajo nivel de ingreso. Pese a no contar con evidencia confiable, resulta razonable pensar que estos cambios también son acompañados por una tendencia creciente en la informalidad. Estás características repercuten negativamente en el desenvolvimiento de la actividad económica local además de aumentar la vulnerabilidad de la economía en la zona frente a situaciones de crisis.

 

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Obras en la ciudad

La nota contiene un análisis detallado de las estadísticas de construcción, atendiendo a las diferencias de desempeño por tipo de inmueble y sector de la ciudad. Concretamente se evalúa la dinámica de las viviendas, departamentos y locales, tanto en términos de cantidad de permisos como de superficie cubierta autorizada. También se describe la evolución del área unitaria promedio de los inmuebles a lo largo de los últimos diez años. Finalmente se presenta una caracterización de las distintas zonas de la ciudad, atendiendo al tipo de edificación predominante, y se analiza el crecimiento verificado por cada una, de acuerdo al incremento en los expedientes municipales, que representan el indicador más certero de los nuevos proyectos de construcción. Las principales conclusiones a las que arriba el estudio son las siguientes:

  • Durante el primer semestre del 2000 fueron otorgados 691 permisos para nuevas construcciones y se autorizaron 63,3 mil metros de superficie cubierta. Estas cifras representaron caídas respectivas del 2% y 11% en relación a igual período del año pasado.

  • Los planes de construcción de viviendas y locales cayeron 10% y 3% respectivamente y los correspondientes a departamentos se incrementaron un 11%.

  • La superficie unitaria promedio de las edificaciones creció hasta 33% desde 1990 pero se redujo levemente en el último año.

  • Los sectores de la ciudad con mayor crecimiento han sido Centro y Este y las zonas con mayor deterioro, el Sur y el Sudoeste.

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Operación con contenedores: aspectos prácticos

A través del tiempo los progresos en los medios motrices para el transporte de carga fueron mucho más veloces y significativos que los avances que se producían en el manejo de la carga en sí. Esto hacía que la rapidez ganada por la modernización del elemento motriz se terminara ahogando en los cuellos de botella de los puntos terminales. El precio final de esa mercadería se veía incrementado como consecuencia de cada operación adicional de carga y descarga y el mayor costo en horas - hombre, servicios operativos, derechos de depósito, descartes por rotura, maltrato, pérdidas, robos y más elevadas tarifas de seguros. 

Con la intención de solucionar estos inconvenientes surgió la idea de confeccionar cajas de grandes proporciones donde se pudieran contener y proteger un gran número de artículos, con unas dimensiones tales que pudiera ser transportado por camiones, trenes, barcos y aeronaves. Estos recipientes, que actualmente se denominan contenedores, dieron lugar a una gran transformación en las prácticas convencionales para el transporte de mercancías y se han convertido en los instrumentos de transporte puerta a puerta por excelencia. El hecho de que no sea necesario un manipuleo intermedio ha incrementado notoriamente la seguridad al prácticamente eliminar los riesgos de deterioro y robos

Cómo colocar y asegurar la carga en contenedores 

Una de las cuestiones más importantes es la consolidación de las cargas en el contenedor, dado que una vez selladas las puertas y despachada la unidad es sumamente difícil corregir una estiba defectuosa. Algunas de las consideraciones que no deben dejarse de lado son:

1. Preparar una lista y un plano de los productos que se despacharán en el contenedor. Esto simplificará el trabajo del despachante y el de las personas que recibirán su producto. 

2. Al colocar distintos productos en un mismo contenedor, éstos pueden dañarse mutuamente debido al olor, humedad, calor o el empaque insuficiente o inadecuado. Observe las reglas para cargas peligrosas. 

3. La carga deberá estar uniformemente distribuida en el piso del contenedor. De lo contrario, el desequilibrio podría poner en peligro la seguridad del personal, la carga y el equipo comprometido. El centro de gravedad longitudinal no deberá ocasionar un movimiento horizontal superior a 10 toneladas-metros. Este es el límite máximo dentro del que puede operar la mayoría de las grúas y equipos de manipulación de carga en terminales. 

4. Es necesario tratar siempre de lograr un centro de gravedad lo más bajo posible, evitando la concentración de peso. Los objetos pesados con bases pequeñas deberán ser colocados sobre planchas, tarimas o plataformas (madera de estiba) que distribuyan su peso sobre una mayor superficie. 

5. Cuando se estiban distintos artículos en el mismo contenedor, la carga liviana (de baja densidad) deberá colocarse siempre en la parte superior. Además deberá separarse la carga en capas, empleando madera de estiba cuando sea necesario (planchas de madera terciada, etc.). 

6. Todo el material empleado en el empaque y trinca debe tener suficiente resistencia, siendo de diseño y forma tales que eviten que se dañen los productos y/o el equipo. 

7. Hay que evitar espacios vacíos dentro del contenedor. Si éstos no se pueden evitar, debe hacerse todo posible para que éste quede en el centro, y será necesario instalar tirantes protectores. 

8. Para apuntalar deben usarse trozos de madera, correas y bloques. En el caso del amarre se utilizan cadenas, alambres, cables o enzunchado sintético o de acero. 

9. Para evitar que se deslice la carga dentro del contenedor, así como para asegurar una adecuada distribución de peso y para evitar filtraciones deberá emplearse madera de estiba entre la carga y el piso. Debe tratarse siempre de estibar la carga de manera que se trabe por sí misma, proporcionando así un amarre simplificado. 

10. No debe olvidarse que durante el transporte la carga está expuesta a sacudidas y vibraciones, lo que hace que los bultos se asienten, aflojándose sus amarras. 

11. Para una adecuada seguridad a bordo, el contenedor deberá estar interiormente estibado con un número suficiente de trincas resistentes.

Es importante obtener la máxima utilización del contenedor. Para ello debe diseñarse el empaque de manera que las dimensiones le permitan utilizar al máximo el contenedor. Esto brindará doble beneficio: economía y seguridad.

Tipos de contenedores

La construcción de un contenedor puede realizarse mediante el uso de acero, plástico o fibra de vidrio. El material guarda directa relación con las exigencias específicas del tipo de carga a que cada contenedor será destinado. Los contenedores están diseñados con el objeto de satisfacer las crecientes exigencias, no solo de calidad, sino de optimización para que los productos a contener tengan cada vez mejores condiciones para su manipuleo, carga y descarga, no descuidando la seguridad que brinda este elemento.

 

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