CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 50

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 50
mayo 2000

 

 

El Polo Petroquímico de Bahía Blanca en el mundo

En los próximos meses se asistirá a la culminación de los millonarios proyectos de inversión que se están realizando en nuestra ciudad desde hace ya un par de años. Estos proyectos demandaron una inversión superior a los 2.200 millones de pesos y supondrán un aumento tal en la capacidad instalada que convertirán a Bahía Blanca en la capital indiscutida de la industria petroquímica argentina. 

La intención de este informe es echar luz sobre la relevancia del Polo Petroquímico local tanto a un nivel regional como mundial, comparando también el tamaño de las plantas con las de otras regiones del mundo. Esto es de fundamental importancia, dado que en una industria capital intensiva como la petroquímica, el mayor tamaño de las fábricas tiene una vinculación directa con menores costos de producción. A tal efecto, se estudió la situación de los tres productos finales con mayor importancia en lo que a ventas se refiere. Ellos son: el PVC, los polietilenos y la urea, cuya producción anual tendrá un valor mayor a los 800 millones de pesos. 

Luego de analizar los datos se puede concluir que las plantas que producirán polietilenos, PVC y urea en la ciudad son de un tamaño similar a las de los principales mercados mundiales, y si bien su participación en el mundo es sólo marginal, ocupan un sitio preponderante en el mercado sudamericano, con un porcentaje de producción que ronda el 20%. 

Por otro lado, es positivo el gran crecimiento que se espera para Latinoamérica en la próxima década en lo que se refiere a la utilización de este tipo de productos. Los niveles de consumo per cápita aún se encuentran muy por debajo de los registrados en países desarrollados, lo cual permite suponer que a medida que esta brecha se vaya reduciendo también se podrán registrar nuevas inversiones en la región.

 

Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

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Impuestos y salarios en la convertibilidad

Tal como se anticipó en el IAE anterior, en esta oportunidad se entrega la segunda parte del estudio sobre los cambios en la estructura de costos de las empresas. El objetivo consiste en evaluar el efecto de la evolución de los costos sobre los márgenes de rentabilidad.  Concretamente en esta edición se trata en profundidad los aspectos relacionados con las cargas tributarias y laborales.  

Impuestos nacionales:

 Impuesto a las Ganancias

Tanto las personas como las sociedades de capital están sujetas al pago de este tributo.  En el caso de las personas físicas, el monto que cada uno debe abonar surge de la aplicación de la alícuota correspondiente sobre la ganancia neta imponible anual.  El impuesto está estructurado por escalas con tasas diferentes para cada una de ellas, con lo cual el impuesto es de tipo progresivo. Las sociedades de capital, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las personas físicas, tributan un impuesto proporcional.  La tasa, que en 1991 era del 30%, se ha incrementado y actualmente es del 35%. 

Luego del análisis referido a impuestos sobre la renta, que constituyen una parte importante de los costos empresariales se observa que a lo largo de los últimos años se registra un aumento en la presión de este impuesto, tanto en el caso de las personas físicas para cualquier nivel de renta imponible como en el caso de las sociedades de capital. 

Monotributo

 A partir de 1998 se implementó el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, denominado Monotributo.  

La adhesión al Régimen Simplificado reemplaza el pago de Impuesto a las Ganancias e IVA.  De acuerdo a la categoría en la que finalmente se encuadre a los contribuyentes, deberán abonar una suma fija mensual en concepto de impuesto.  Además, se agrega un aporte para el Régimen especial de los Recursos de la Seguridad Social que también es una suma fija mensual.

El resultado neto del cambio desde un sistema al otro para el contribuyente dependerá de la situación particular de cada uno.  No es posible establecer relaciones entre ambos regímenes dado que tienen bases imponibles y estructuras diferentes.

 

Impuesto al Valor Agregado 

El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, que se aplica en todas las etapas de producción y comercialización pero no es de tipo acumulativo. Esto significa que cuando las distintas etapas compran los productos pagan el impuesto en el precio, pero obtienen de ese modo un crédito fiscal, y cuando venden los productos a las etapas siguientes de producción o comercialización agregan el impuesto al precio de venta, obteniendo de esa forma débito fiscal. En algunos casos, existen tratamientos diferenciales que quiebran la neutralidad del impuesto y puede en esos casos llegar a incrementar los costos empresarios o se convierte en un préstamo gratuito hacia el sector público 1) . La alícuota vigente en el país al inicio de la Convertibilidad era de 16%, mientras que luego del aumento producido en 1992 (18%) se ubica a partir de 1995 en su nivel actual del 21%. El efecto de este impuesto se observa en los precios de los productos finales que impactan en el poder adquisitivo de los individuos disminuyendo su poder de compra.

1) Para un análisis más pormenorizado sobre esta cuestión ver "Cuestiones relativas a la reforma tributaria: un análisis", IAE 43, Pág. 12

 

Impuestos provinciales:

Ingresos Brutos

La base imponible es el monto facturado por las empresas.  Si bien hay diferenciaciones en las alícuotas de acuerdo a la actividad correspondiente, desde 1995 hasta el momento la tasa se mantiene constante para la mayoría de las mismas.  La principal modificación realizada se encuentra en el sector comercial.  Hasta el ejercicio fiscal 1997 existía una división entre comercio mayorista y minorista con tratamientos diferenciados (el mayorista estaba afectado por una tasa del 2,5% mientras que el minorista era gravado al 3,5%).  A partir de 1997 se unifican estas dos categorías y se las grava con una alícuota del 3%, vigente hasta la fecha. En el año 1993 se firma el Pacto Fiscal, mediante el cual las provincias adheridas se comprometen entre otras cosas a sustituir  el impuesto sobre los ingresos brutos por otro general al consumo que garantice la neutralidad tributaria,  justamente por los efectos adversos de este tributo sobre la actividad económica. Hasta el momento no se ha dado cumplimiento por parte de las provincias.

 

Impuesto inmobiliario

La base imponible de este impuesto es la valuación fiscal de la propiedad, multiplicada por coeficientes anuales de actualización según el partido fijados por el Poder Ejecutivo provincial. Para cada escala de valuación existe una cuota fija y al monto excedente del límite mínimo de la escala se le aplica la alícuota correspondiente. 

Con respecto a la valuación fiscal, debe aclararse que se han realizado sucesivas revaluaciones y modificaciones tanto en el valor de la tierra como en el de las edificaciones.  Antes de 1998 el valor de los edificios se hallaba expresado en pesos Ley 18.188 mientras que recién a partir de ese año se expresan en moneda actual.  Concretamente, a principios de este ano se puso en vigencia la última revaluación que venía realizando la provincia desde 1993 que se tradujo en importantes incrementos en el monto a pagar para algunos, y en disminuciones para otros. Nuevamente, las correcciones necesarias introducen distorsiones y discrecionalidad en la determinación del impuesto a pagar por el contribuyente. En el caso de las alícuotas y cutotas fijas, desde el año 1995 hasta la fecha se registra para todas las categorías un leve incremento.

Impuesto a los automotores 

Este tributo, también de jurisdicción provincial, se estructura de modo diferente de acuerdo al tipo de vehículo del cual se trate.  En el caso de los automóviles se aplica una tasa sobre el valor fiscal, la cual ha permanecido constante desde 1995.  Los utilitarios, en cambio,  pagan una cuota fija de acuerdo al modelo y al peso de los mismos observándose un incremento de la misma en los últimos años.

 

Tasas municipales:

Tasa de habilitación comercial

Se cobra por una única vez y debería estar en función de la tarea administrativa y de control que demanda al municipio determinar si el local cumple con normas sanitarias, edilicias y de seguridad para su apertura.  Se aplica una tasa del 5 por mil sobre el valor del activo fijo, aunque hay montos mínimos que deben respetarse. En el caso del comercio minorista con una superficie de local de hasta 50 metros cuadrados el costo es de 5 módulos de 10,34 pesos cada uno, lo que totaliza una suma de aproximadamente 52 pesos.  En el caso de la industria el mínimo es de 15,25 módulos totalizando un monto cercano a los 158 pesos. Este costo ha permanecido constante desde 1993.

 

Tasa por inspección de seguridad e higiene

Es un gravamen destinado a compensar el costo de la administración municipal para la prestación del servicio de preservación de la seguridad, salubridad, higiene y conservación del medio ambiente. La base imponible es la facturación de los comercios, industrias y servicios, y la alícuota aplicable (vigente desde 1993) en la gran mayoría de los rubros  comerciales y de servicios es del 8 por mil, mientras que la industria está alcanzada por tasas menores (cercanas al 4 por mil).  Debido a su analogía con el impuesto sobre los ingresos brutos, también puede decirse que incide en la competitividad de las empresas en función del municipio en el cual estén radicadas, aún cuando su monto no resulte esencial en la estructura de costos de las mismas. 

 

Tasa  por Alumbrado y Conservación de la Vía Pública

Se cobra por la prestación de servicios de alumbrado común o especial, recolección de residuos domiciliarios, barrido, riego, conservación de desagües pluviales y conservación y ornato de calles, plazas o paseos, según consta expresamente en la ordenanza fiscal municipal. Para la liquidación de la tasa, se establecen zonas dentro de la ciudad de Bahía Blanca, donde se aplican tarifas diferenciales bajo el argumento de gozar de servicios diferentes en cuanto a calidad y periodicidad. No se observan modificaciones importantes en cuanto a las alícuotas de este tributo, aunque se han realizado rezonificaciones dentro de la ciudad que se traducen en aumentos para las viviendas allí ubicadas.  Por otra parte, el hecho de que la base imponible coincida con la del impuesto inmobiliario traslada todas las modificaciones en las valuaciones provinciales a la tasa por alumbrado. Es necesario aclarar que a partir de 1996 entre en vigencia la Tasa de Salud, que está directamente relacionada con la Tasa por Alumbrado, con lo cual se traduce en mayor presión impositiva sobre la propiedad inmueble en el partido de Bahía Blanca.

 

Costos laborales:

Cargas salariales

En el caso de los aportes que debe realizar el empleador se observa un descenso en los últimos años, en lo que constituye una de las medidas utilizadas para intentar reducir los altos niveles de desocupación existentes en el país. La norma general que rige el costo laboral que deben asumir los empresarios con personal en relación de dependencia es la Ley 24241/93 en sus artículos 10 y 11.  Allí se establece que los aportes y contribuciones obligatorias al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones estarán conformados por el aporte personal del trabajador en relación de dependencia, la contribución a cargo de los empleadores y el aporte personal de los trabajadores autónomos del sistema.  El porcentaje que, de acuerdo a esta ley, es responsabilidad del empleador se fija en un 16% calculado sobre las remuneraciones.

En agosto del año 1993 se firma el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento donde se acuerda un esquema de disminución de los aportes a cargo de los empleadores.  

En conclusión, si se observa la evolución del porcentaje total de aportes a cargo de los empleadores del sector comercial desde 1995 hasta la actualidad, puede apreciarse que se reduce desde el 29,7% inicial hasta llegar en agosto de 1999 al 17,61%, lo que significa una disminución aproximada del 41%. Si bien estaba prevista una disminución adicional en el mes de diciembre, la última reforma impositiva la dejó sin efecto con lo cual los valores actuales son iguales a los de agosto del 1999.

 

Salarios

De acuerdo a las estimaciones oficiales del la Dirección Nacional de Ocupación e Ingresos del Ministerio de Economía para la región de Bahía Blanca, los salarios no han sufrido modificaciones sustanciales desde 1994 para la generalidad de los sectores.  

En síntesis, se puede concluir que los costos laborales formales para los empleadores se han reducido en los últimos años, como consecuencia de la rebaja paulatina en los aportes patronales. Por otro lado, la estabilidad de los salarios nominales de convenio en los últimos años, también implicaría una caída de los salarios en términos reales al tener en cuenta la leve evolución ascendente del índice de precios. Adicionalmente, la presunción de que existe un cierto componente no declarado que funciona como ajuste para los empresarios haría suponer que en épocas de recesión estos costos laborales tenderían a reducirse aún más, a costa de ser descubiertos por las autoridades impositivas. Finalmente, en los últimos años se ha producido también un ajuste en los planteles de personal, en los cuales se ha reducido el número de trabajadores, pero se ha incrementado el número de horas trabajadas por cada uno de ellos a través de la realización de horas extras.

Estudios relacionados:

 

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El potencial pesquero

En el año 1979 operaban en el puerto de Bahía Blanca unos veinticinco buques pesqueros, exportándose 70 mil toneladas de pescado congelado. Actualmente, solamente cinco buques se encuentran realizando esta actividad, y la exportación total de 1999 no superó las 6 mil toneladas. Cabría preguntarse ¿cuáles fueron las causas de esta significativa reducción de la actividad?

La actividad pesquera en el puerto local evidencia cierto rezago con respecto al desarrollo a nivel nacional. Cuando comenzó la ascendente evolución del sector, entre 1960 y 1970, en Bahía Blanca sólo se registraban operaciones con lanchas de pesca costera o artesanal. Hacia 1976 comenzaron a operar buques de altura, por lo que se realizaron modificaciones en la estructura de frío instalada en el puerto, a fin de poder captar el ascendente número de empresas que avanzaba hacia el sur.

Las consecuencias negativas de la Ley de Reembolsos Patagónicos recayeron de modo particular sobre Bahía Blanca a través del desvío hacia el sur de cargas con destino de exportación que anteriormente se canalizaban por su puerto. Sin embargo, no solamente se desviaron cargas, sino que, como sucedió con el caso de la pesca, se originó una relocalización de la actividad, con todo lo que esto significó para el puerto y la economía local: mano de obra desocupada, capacidad ociosa en los frigoríficos y menores ingresos vía tasas portuarias. Varias empresas pesqueras de altura que operaban en el puerto de Bahía Blanca emigraron al sur, dado que su orientación a la exportación permitía que su rentabilidad aumentara. Pero los altos costos de movilización del capital y el desarrollo industrial de la actividad impidieron que la relocalización operara en sentido contrario ante la eliminación de beneficios distorsivos.

Comparando a Bahía Blanca con otros puertos del litoral marítimo argentino, se llega a la conclusión que Bahía Blanca no posee los costos más bajos de las estaciones marítimas del litoral atlántico, pero son indiscutibles sus ventajas, fundamentalmente en cuanto a capacidad de frío y menor distancia de los frigoríficos a la línea de atraque. El reacondicionamiento de esta infraestructura debería constituirse en el punto de partida de un paquete de políticas en vistas a recuperar una actividad de gran potencial productivo para nuestra ciudad.

 

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La comercialización de carne bovina en Bahía Blanca y zona de influencia

 Se presenta una estimación del flujo de transacciones para las distintas actividades de la cadena de comercialización de carne bovina para la ciudad de Bahía Blanca y zona de influencia (incluye las ciudades de Punta Alta, Cabildo y Gral. Daniel Cerri), con detalle en los sectores de frigoríficos, carnicerías y supermercados. 

El análisis permite cuantificar en forma aproximada el consumo local anual de carne bovina, el porcentaje de producción de los frigoríficos locales destinado al resto del país y exterior, la participación en las ventas de los supermercados y la composición de las compras de carne de éstos diferenciando según el origen.

De los datos obtenidos, se observa que la faena total durante 1999 fue en nuestra ciudad de aproximadamente 151 mil animales, los cuales significaron un total de 38,5 miles de toneladas (equivalentes res con hueso). De este total, 26,2 miles de toneladas (68%) correspondieron a la faena propia mientras que la de terceros ascendió a aproximadamente 12,3 miles de toneladas (32%).

Por su parte, y en base a la información obtenida, la estimación de las ventas de carne bovina de los supermercados resultó ser de aproximadamente 8,2 miles de toneladas, de las cuales aproximadamente 3 mil toneladas se adquirieron en la ciudad, mientras que el resto (5,2 miles de toneladas) fueron adquiridas en frigoríficos del resto del país.

Los resultados indican que el consumo estimado de carne bovina para Bahía Blanca y su zona de influencia durante el año pasado resulta ser de 28,7 miles de toneladas (equivalentes res con hueso), que en términos per cápita significa un consumo de 79,6 kg/año, un 19% superior al promedio estimado para el país (67 kg/año). 

Los principales resultados están referidos a la participación de las ventas de carne bovina de los supermercados sobre el total, de aproximadamente el 29%, como así también en cuanto a que los mismos se proveen mayormente fuera de la región, situación que plantea la necesidad de profundizar la investigación para conocer los motivos de esta situación. 

                Con respecto a los frigoríficos locales, la mayor parte de su producción tiene como destino los mercados fuera de la región, incluido el exterior. En esta característica influye seguramente la participación mayoritaria que tiene uno de los frigoríficos locales en la faena total, cuya actividad principal es la exportación.

 

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Comercialización de ganado bovino

El estudio  continua el análisis presentado en el número anterior de Indicadores de actividad económica., siendo su objetivo presentar los principales aspectos en la comercialización de ganado bovino, con énfasis en el sector de intermediación entre el productor y la industria frigorífica.

Se observa que el productor enfrenta dos opciones bien diferenciadas. En la primera de ellas, comercializa la hacienda en forma directa  con el comprador. Este puede ser un supermercado, una cadena de carnicerías o un frigorífico. En esta variante, el productor percibe un precio mayor al no pagar los gastos de intermediación.

La segunda posibilidad de comercialización es a través de un intermediario, llamado consignatario. En este caso, la hacienda puede tener como destino un remate feria en la ciudad o en la zona, puede ser enviado para remate en el mercado de Liniers, o bien ser vendido directamente a frigoríficos.

Las  distintas opciones de comercialización involucran diferentes estructuras de costos, como así también ventajas y desventajas que el productor debe tener en cuenta  al momento de realizar la venta de su producción. 

Del análisis en base a un ejemplo numérico los resultados indican que si bien a primera vista parecería prevalecer una opción por sobre las demás, el análisis de la otras cuestiones no vinculadas a los costos directos (plazos de pago, seguridad en el cobro, necesidad de liquidez por parte del productor) son las que determinarán en definitiva la preferencia del vendedor por alguna de las alternativas.

También en la nota se presenta la actualización de los datos proporcionados por SENASA en su Informe estadístico mensual acerca de la comercialización de ganado bovino en la región. Los principales resultados muestran un aumento en los volúmenes totales para el año 1999, para los 10 partidos bajo análisis, del 12%  en comparación con el volumen registrado durante el año 1998.

 

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El gasto municipal crece (estudio completo)

Siguiendo con los estudios habituales sobre el funcionamiento del sector público, se analizan en esta oportunidad los resultados recientemente publicados acerca de la ejecución presupuestaria municipal durante el ejercicio anterior. 

Más allá de la evolución de los ingresos y gastos, se pone particular énfasis en la relación entre ambos para poder  observar, en definitiva,  los mecanismos de financiación de la actividad municipal local, en un contexto nacional de necesidad de ajuste y de disminución de presión tributaria sobre los contribuyentes que no resulta ajeno a Bahía Blanca.

El aumento del gasto público local

De acuerdo a las cifras oficiales publicadas, durante el año 1999 el gasto municipal total se incrementa un 10% con respecto al ejercicio anterior, y un 14% si se lo compara con 1997. Esta situación confirma un crecimiento paulatino en la actividad estatal local en los últimos años que actualmente se ubica en torno a los 79 millones de gasto.

Por el lado de los ingresos tributarios, al comparar los números más recientes se observa una caída en los mismos, tanto en el caso de los de origen local como en los coparticipados. Concretamente, los tributos municipales caen en 1999 un 5% con respecto al año anterior. Cabe destacar que 1998 es un año atípico con respecto a la recaudación de tasas locales, debido a que se ingresan importantes sumas por regularización de deudas anteriores como consecuencia de la aplicación de moratorias.

El aspecto más novedoso en este ejercicio es, tal vez, el importante ingreso de capital percibido por la comuna de más de 9 millones, que en parte se debe a la toma de un crédito puente como adelanto por la emisión de bonos municipales (anunciada por el municipio sobre fines del año 1997) y también a un crédito otorgado por un Banco oficial.

Más allá de comentar la evolución de los ingresos y egresos del municipio, el aspecto interesante está vinculado con la relación entre los mismos, es decir si la actividad del sector público municipal puede ser financiada de algún modo.  En definitiva, se trata de averiguar si el resultado es la existencia de déficit o de superávit. 

El concepto de déficit fiscal se refiere, como idea general, al exceso de gasto público comparado con los ingresos fiscales. Existen, sin embargo, múltiples formas de medirlo y las diferencias entre ellas provienen de la inclusión o exclusión de determinados rubros dentro de los conceptos de gastos públicos o de ingresos fiscales. Además, dichas diferencias se relacionan con la naturaleza del problema con que se quiere relacionar al déficit fiscal. Sintéticamente, el déficit fiscal se basa en una identidad contable básica donde todo lo que se gasta debe estar exactamente compensado por pagos realizados o por sumas que se han quedado debiendo.

Considerando la definición más restringida de déficit, es decir el déficit operativo 1) , se obtiene un resultado negativo superior al millón de pesos. Esto refleja una situación fiscal que puede complicarse dado que se están financiando gastos corrientes o de funcionamiento ordinario del municipio con endeudamiento, ya sea de tipo consolidado o flotante, lo cual podría agravar la carga de la deuda en los períodos subsiguientes.

Desde otra perspectiva y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 2), el déficit fiscal mide la diferencia entre el total de egresos gubernamentales (incluyendo las erogaciones por intereses, pero excluyendo los pagos por amortización, de la deuda pública pendiente) y el total de ingresos en efectivo (incluidos los ingresos tributarios y no tributarios y las donaciones, pero excluidas las entradas de empréstitos. En otras palabras, no todos los gastos relacionados con el servicio de la deuda pública están incluidos en la medición del déficit:  los pagos de intereses se agregan a los gastos no relacionados con la deuda, pero los pagos por amortización quedan excluidos. Por otra parte, los ingresos corrientes se registran como ingresos del gobierno, pero no los provenientes de empréstitos.  El sentido de esta diferenciación consiste en separar “encima de la línea”  todas las transacciones que no crean o eliminan pasivos del sector público de modo tal de observar si existen o no necesidades de financiamiento en el período, mientras que por  “debajo de la línea”  se registran las que sí modifican el pasivo del sector público (como la toma o cancelación de préstamos) dado que se considera un mecanismo de financiamiento de la actividad estatal.

Siguiendo esta metodología se determina que, en 1999, las cuentas municipales observan una necesidad de financiamiento de casi 8 millones. Los ingresos por endeudamiento destinados a cubrir esta brecha provienen de la toma de deuda consolidada por el monto de 9 millones aproximadamente, y de la generación de deuda flotante.

1) Los gastos e ingresos operativos se refieren exclusivamente a los componentes no financieros de las operaciones corrientes. La definición de déficit operativo se asocia al resultado de la gestión fiscal propia el período al no computar el déficit ocasionado en los pagos de intereses de deudas generadas en períodos anteriores. Es más limitada que la definición de déficit corriente o de funcionamiento. Para mayores precisiones ver "El Déficit del Sector Público, Metodologías Alternativas de Medición", Riavitz y otros, XX Jornadas de Finanzas Públicas. 

2) Blejer y Cheasty, "The Measurement of Fiscal Deficits: Analytical and Methodological Issues", Journal of Economic Literature, Vol. XXIX, diciembre 1991.

 

¿Hacia dónde se dirige el mayor gasto?

Tal como se dijo en la sección anterior, se observa un aumento en el gasto público total de aproximadamente 7 millones con respecto al ejercicio anterior.  Este incremento se explica fundamentalmente por mayores gastos en Personal, Bienes y Servicios y Obra Pública.  En los dos primeros casos, como se dijo anteriormente, se trata de un incremento en partidas que se encuentran estrechamente ligadas al funcionamiento normal del municipio, siendo por lo tanto bastante resistentes a la baja. En el caso de la Obra Pública el incremento con respecto a 1998 es del 45%, con un gasto total en este rubro de más de 5 millones fundamentalmente impulsado por el plan de obras que se preveía financiar con la emisión de bonos municipales. En el resto de las partidas como Inversión en Bienes e Inversión Financiera también se registran aumentos, aunque la magnitud de las mismas con respecto al gasto total no es tan significativa como en el resto de las partidas.

Otra forma de ver las prioridades el municipio en la asignación de gastos es a través del Presupuesto por Programas.  El total de gasto asignable a programas municipales asciende a más de 51 millones, donde las mayores sumas son captadas por los programas de Limpieza y Conservación de Áreas Urbanas y Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público y Semáforos (cerca de 10 millones), ambos relacionados con la retribución que hace el sector público de la Tasa por Alumbrado que pagan los contribuyentes y recauda aproximadamente 15 millones anuales. 

Otro grupo de programas de importancia está relacionado con Salud y Asistencia Social, como es el caso de Medicina Asistencial y Atención Preventiva y Proteccional de la Minoridad.  Esto sumado al aporte al Centro de Salud Leónidas Lucero supone un gasto en estas áreas de aproximadamente 23 millones. 

También se encuentran una serie de partidas que no son asignables a programas específicos que suman más de 25 millones del gasto total del municipio.  Entre ellas se encuentra el aporte al Leónidas Lucero (13 millones),  Programa de Reestructuración Salarial,  Retribuciones a Terceros y también todas las partidas relacionadas con los servicios y amortización de la deuda.

Evolución de la deuda

En el Gráfico 1 puede verse la evolución del pasivo en los últimos años donde además se diferencia su composición entre deuda  flotante y consolidada. El saldo que se transfiere al ejercicio 2000 plantea compromisos municipales superiores a los 16 millones mientras que 1999 se inició con una deuda total de 5,5 millones.  El hecho de tratarse en su mayor parte de deuda consolidada (70%), da certeza acerca del plazo de vencimientos y el monto de los servicios de la misma, pero al mismo tiempo al ser un préstamo-puente de corto plazo como anticipo de la futura colocación de bonos municipales, en caso de no efectuarse esa emisión deberán refinanciarse los pasivos con la consiguiente renegociación de los términos de endeudamiento. 

La existencia de déficit en el sector público plantea el  interrogante acerca de cuáles son las diferencias para la economía si se utiliza una u otra herramienta. Esto ha generado un largo debate en la teoría donde, por una parte se encuentran quienes defienden la utilización del endeudamiento argumentando beneficios para la actividad económica, y por el otro lado están quienes advierten sobre los excesos en su utilización dado que genera incentivos para un gasto público excesivo al poseer un costo político inferior al de los impuestos, como consecuencia de la existencia de ilusión fiscal entre los  contribuyentes.

La emisión de deuda pública implica una corriente futura de obligaciones en concepto de pago de intereses y devolución del principal a los tenedores de los títulos cuando se realizan las amortizaciones. Esto significa que cuando llegue el momento del vencimiento de la deuda, será necesario contar con recursos adicionales que necesariamente deben ser provistos por mayor recaudación  o bien se deberá intentar refinanciar la deuda postergando su pago mediante nuevas emisiones. 

Todo esta línea de argumento conduce al concepto de “sustentabilidad” de la deuda pública, es decir, hasta qué punto es posible para un gobierno financiarse a lo largo del tiempo con endeudamiento. Esta idea de “sustentabilidad” está estrechamente ligada a las posibilidades reales que posee el estado para cumplir sus compromisos como deudor, incluso utilizando indefinidamente la emisión de nueva deuda como mecanismo de financiación de sus déficits. El tratamiento de estas cuestiones sin duda será motivo de análisis en próximas entregas.

Gráfico1

Estudios relacionados:

 

 

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