CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 48

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 48
enero 2000

 

 

Economía regional: producción y comercialización de miel

 

La transformación que viene protagonizando la actividad apícola en la región, con cifras de producción que marcan récords históricos, hablan de un cambio notable en la dinámica del sector.

Argentina se ha consagrado como uno de los proveedores principales de miel en el mundo, consecuencia del aumento sostenido en la producción y el bajo consumo interno. Sin embargo, no ha logrado diferenciar su producto, dado que el grueso de sus exportaciones es de miel a granel no tipificada.

La cadena de comercialización y distribución de miel difiere en cada país según este sea importador neto, productor, exportador, o una combinación de ambas. En Argentina, debido a la presencia de una gran cantidad de pequeños productores, cobran gran importancia las figuras de las empresas acopiadoras, ya sea en la forma de cooperativas o bajo otra denominación social. Estos, a su vez, pueden encargarse de proveer a los fraccionadores que comercializan en el mercado interno o vender la miel a un exportador para ser enviada al exterior, generalmente a granel.

Tradicionalmente, Argentina exporta miel a granel. Esta forma de comercializarla representa aproximadamente el 98% del total exportado. Los principales mercados son Estados Unidos y Alemania. Sus industrias de confitería y repostería se han desarrollado gracias a la adquisición de miel a granel desde países como el nuestro, por lo tanto, no tienen interés en comprar miel fraccionada ni diferenciada. Otros destinos con menor participación son Italia, Gran Bretaña y España.

La región sur y sudoeste bonaerense es considerada zona productora de miel. Al dedicarse especialmente a la actividad agrícolo-ganadera, con muy baja utilización de pesticidas y casi nula contaminación ambiental, esta región tiene gran aptitud para la instalación de colmenas, obteniendo miel de muy buena calidad, con características que la hacen ser aceptada en los mercados internacionales.

Con una estimación de algo más de 500 mil colmenas, esta región concentra aproximadamente el 30% de la producción nacional.

La comercialización de miel en la región está orientada al mercado externo, por intermedio de empresas exportadoras a las cuales los acopiadores regionales le venden el producto. En la mayoría de los distritos existen cooperativas que actúan como concentradores o como corredores.

Una serie de restricciones impide cambiar el rumbo de la comercialización apícola: a nivel externo, el dominio es ejercido por los grandes compradores extranjeros, y a nivel interno, los altos costos de fraccionamiento y envasado son inalcanzables para el pequeño productor.

En este sentido, dos acciones emergen como prioritarias para reorientar la comercialización hacia los requerimientos mundiales: la búsqueda de nuevos mercados donde poder vender el producto fraccionado y una mayor eficiencia y posterior integración de los productores.

También es importante destacar que la posibilidad de contar con infraestructura para contenedores en el puerto local en el mediano plazo representaría un avance significativo para la competitividad de esta actividad, dada la gran incidencia que representan los costos de transporte.

Pero además, la apicultura es otro camino para sumarle rentabilidad a las explotaciones agropecuarias, especialmente las pequeñas y medianas, reduciendo los costos de movilidad y personal por la existencia de mano de obra próxima al apiario. Esto permite fundamentalmente aumentar los rindes y obtener subproductos, como es el caso del polen, la jalea real, el propóleos, entre otros.

Finalmente, es necesario destacar el beneficio indirecto recibido en la actividad agrícola por el efecto polinizador de las abejas, especialmente notables en frutales, girasol y alfalfa. En algunos casos, las colmenas se alquilan para posibilitar esta externalidad.

 

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Análisis sectoriales: pastas secas

En este informe se analizará uno de los eslabonamientos finales de la cadena de comercialización de trigo, más precisamente la producción de pastas secas en nuestro país. En este sentido, se realizó una descripción de dicho mercado, haciendo especial énfasis en su desempeño en los últimos años, su situación actual y las oportunidades que se avizoran hacia el futuro.  Por otro lado, se analizó también el desarrollo de esta industria en la ciudad de Bahía Blanca con el fin de determinar su importancia en la economía local y su participación a nivel país. 

La producción de pastas secas en la Argentina es de aproximadamente 260 mil toneladas anuales, lo cual representa el 8% del consumo aparente de harina. Existen alrededor de 120 establecimientos dedicados a la producción de pastas secas en el país, de los cuales el 60% son pequeños y medianos (menos de 40 empleados) y el 40% grandes, generando aproximadamente 2.500 puestos de trabajo.

Aproximadamente la mitad de la pasta seca nacional es de muy buena calidad pues se elabora con sémola. A su vez, si se agrega la proporción de pasta semolada, se puede concluir que casi el 75% de la producción es de primera calidad. Una de las características distintivas del consumo de pastas es su estacionalidad, ya que en los meses de otoño e invierno se producen más de la mitad de las ventas. Esto redunda en los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada que llegan aproximadamente a un 57%. 

Por el lado de la demanda, el principal componente es el consumo local, que ronda los 7 kilogramos por habitante al año. Este nivel no es demasiado elevado si se lo compara con el que se observa en otros países, habiendo registrado, por otro lado, un crecimiento muy modesto en los últimos años.  Si se tiene en cuenta que en el año 1985 se consumían 6,9 kilogramos de pastas por habitante, en 1990 7 Kg. y en 1998 7,2 Kg. se puede llegar a la conclusión de que la expansión del mercado es muy lenta y sólo está influenciada por el crecimiento vegetativo de la población. 

Al analizar la participación de Bahía Blanca en este mercado se observa que nuestra ciudad produce aproximadamente el 16% del total de pastas secas del país, con sólo el 3% de las empresas existentes, lo cual da idea de que el tamaño medio de las empresas bahienses es mayor a las del resto del país. Por otro lado, este sector genera un 14% de los puestos de trabajo y produce un 23% del total de los alimentos y bebidas de Bahía Blanca.

En este mercado se ha dado en los últimos años una situación de exceso de capacidad y alta competencia, lo que ha redundado en una continua reducción en los precios que reciben las empresas. El fuerte poder negociador de los supermercados ha coadyuvado a incrementar esta presión descendente en los precios, afectando seriamente los márgenes de rentabilidad que obtienen los productores. 

Por otro lado, en esta industria no se observan importantes fuentes de crecimiento en la demanda dado que el consumo nacional mantiene un ritmo de crecimiento reducido y las posibilidades de ingreso al mercado regional de mayor tamaño que es Brasil son sumamente dificultosas. Esto implica que sería necesario poder ganar mercados que demanden productos de primera calidad como los que se producen en el país, lo que requeriría indudablemente un aumento sustancial en la productividad de las empresas de manera de poder insertarse con costos competitivos a nivel mundial. 

Por último, hay que resaltar que las empresas locales poseen un tamaño y una productividad mayores a las del promedio nacional, lo que les permitiría acceder a ventajas de costos y las colocaría en una mejor posición para competir que la mayoría de las firmas del sector. Esto es de suma importancia dada la relevancia de este sector en la economía local, tanto por su producción como por los puestos de trabajo que genera.

 

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Calidad de vida: enfoques y medidas

El análisis del nivel de vida en una sociedad es una cuestión que presenta múltiples dimensiones y que puede ser enfocado desde diferentes puntos de vista.  En tal sentido, el conocimiento de los conceptos, indicadores y metodologías que se emplean para tratar el tema es importante para comprender mejor el cuadro de situación y derivar conclusiones precisas.

El propósito de esta nota es presentar los diferentes enfoques que existen sobre la cuestión y la forma en que se calculan sus indicadores, explicando los alcances y limitaciones de cada uno de ellos. Además se exponen cifras disponibles para Bahía Blanca, a fin de contar con una idea aproximada del panorama local en relación al nivel de vida de sus habitantes.

No existe una única definición de pobreza sino muchas, en atención a los múltiples factores que configuran el problema. A grandes rasgos, se concibe a la pobreza como la imposibilidad de alcanzar los requerimientos básicos de un nivel de vida digno. Las nociones más elementales aluden a las deficiencias en la cobertura de requerimientos mínimos establecidos por las normas nutricionales.  Los conceptos más amplios y modernos hacen referencia a otros aspectos: vivienda, educación y salud, entre otros.

El enfoque de la Línea de Pobreza apunta a la determinación del ingreso per cápita mínimo que se requiere dentro de una familia para acceder a un nivel de vida mínimamente adecuado. Para determinar si un hogar es pobre o no, se compara el ingreso de la familia con el valor monetario de Línea de Pobreza calculado. En Bahía Blanca, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, más del 15% de la población forma parte de hogares que perciben entre 165 y 275 pesos mensuales. De acuerdo a las estimaciones, estos hogares no sólo se encontrarían por debajo de la línea de pobreza, sino que sus ingresos serían también inferiores a la línea de indigencia.

Por otro lado, el nivel de vida de que disfrutan los hogares también puede ser sintetizado mediante una serie de indicadores relacionados con distintas áreas de requerimientos humanos. Esta es la idea que subyace al enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que intenta captar la proporción de familias en situaciones críticas en cuanto a privación de bienes, recursos u oportunidades de subsistencia y desarrollo. De acuerdo a los datos censales correspondientes a Bahía Blanca, la cantidad de hogares con NBI se redujo un 8% entre 1980 y 1990, al pasar de 9.500 a 8.700. La participación de los mismos en el total pasó de 13% a 9,6% en el transcurso de esos diez años. El problema que presentan estos datos es que sólo se los obtiene en los censos de población que se realizan cada diez años, lo que genera indudablemente problemas de desactualización.

Otro de los indicadores utilizados es el referido al grado de concentración del ingreso dentro de una comunidad, ya que permite obtener alguna idea de las diferencias en el nivel de vida de distintos estratos sociales. Es evidente que, si un segmento de la población recibe una proporción baja de los ingresos totales, su calidad se vida será inferior a la de aquel grupo que concentra un porcentaje significativamente superior.  Es así como las medidas de distribución del ingreso de una sociedad, a pesar de no brindar en sí mismas medidas absolutas del nivel de vida, permiten extraer ciertas conclusiones en términos relativos o comparativos. Los datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares para Bahía Blanca evidencian una desmejora de la distribución personal del ingreso en los últimos años.

Por último, las diferencias de acceso a ciertos tipos de bienes por parte de la población, constituyen un indicador de la calidad de vida de los diferentes sectores de la sociedad. Esta idea se haya implícita en el enfoque de la línea de pobreza que, mediante el cálculo del valor de una canasta elemental y su comparación con los ingresos percibidos por los hogares, busca determinar qué familias son pobres y cuáles se hayan por encima de los requerimientos mínimos. Con un criterio similar es posible calcular el costo de distintos tipos de canasta, a fin de estimar el monto de ingresos necesario para adquirir cada una de ellas y extraer conclusiones sobre la calidad de vida de las familias, de acuerdo a sus posibilidades reales de compra.

                En el país se llevan a cabo varios estudios sistemáticos sobre consumo y costo de vida. Entre ellos cabe mencionar a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares que efectúa el INDEC y las estimaciones de presupuesto familiar realizadas por la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). También el CREEBBA ha comenzado a calcular, desde principios de año, el costo de una canasta básica de consumo atribuible a una familia de cinco integrantes, perteneciente a un segmento de ingresos medios.  Si bien este indicador fue originalmente concebido para seguir la evolución del costo de vida y complementar la información provista por el Índice de Precios al Consumidor, también sirve de referencia para la evaluación de las remuneraciones reales en relación a las requeridas para acceder a un nivel de vida dado.

El indicador que provee el costo de la canasta de consumo simplemente busca cuantificar, de alguna manera, el grado de alejamiento de las remuneraciones vigentes respecto del nivel "adecuado" para las familias de ingresos medios. Por tal motivo, no es correcto concluir que los grupos familiares con niveles de entrada menores que los exigidos son pobres, de acuerdo a alguno de los criterios o enfoques antes desarrollados. Lo que simplemente puede afirmarse es que se encuentran por debajo del nivel y tipo de consumo considerado.

De acuerdo a los precios minoristas vigentes en Bahía Blanca, el valor promedio de la canasta de consumo calculado por el CREEBBA es de unos 1.300 pesos. En tanto, los valores mínimo y máximo son del orden de los 1.000 y 1.600 pesos, respectivamente. Al confrontar estos datos con las cifras de ingresos de los hogares estimada por el INDEC, se concluye que la mayor parte de las familias bahienses con ingresos percibe niveles de remuneración menores. Tomando el valor mínimo de la canasta, se tiene que sólo los hogares ubicados en los tres últimos deciles pueden acceder al consumo referencial. Estos hogares reciben, en promedio, entre 1.140 y 3.149 pesos mensuales y contienen al 35% de la población total.  El 75% restante pertenece a hogares cuyos ingresos van de los 165 a los 950 pesos mensuales, de manera que es imperativo para éstos suprimir algunos de los consumos supuestos y ajustar el presupuesto familiar a la compra de los bienes más necesarios.

 

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Perspectivas para el agro de la región

Alta producción y precios bajos son las características de la presente campaña triguera. La superficie total sembrada con este cultivo en el país fue de casi 5,9 millones de hectáreas, lo cual representa una suba de casi 13% con respecto a la cultivada en la campaña del año anterior, pero distante aún, de los más de 7 millones de hectáreas sembradas en la campaña 96/97.

En la región de influencia de Bahía Blanca, según datos proporcionados por las delegaciones regionales de la SAGPyA, la superficie sembrada con este cereal fue de 1.072.400 hectáreas, lo cual representa un aumento con respecto a la campaña 98/99 de aproximadamente el 9%.

En el análisis a nivel de cada  partido se observa una baja promedio en el área sembrada del 5% para los partidos de Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Villarino y Patagones, mientras que para el resto, se registró la situación opuesta, con crecimientos mínimos del 6% (Tornquist) y máximos del 40%, en el caso del partido de Coronel Pringles.

El aumento en la superficie sembrada con este cereal tiene su explicación en los buenos valores que presentaba la posición enero del 2000 en el mercado a término en la principal época de siembra (mayo - junio), debido a las favorables perspectivas que presentaba el comercio mundial, destacándose el posible aumento de las importaciones de China e Irán, entre otros, dado que son potenciales compradores en el mercado local. También influyeron los informes acerca de bajas en los stocks mundiales y las compras provenientes del Brasil, donde pese a la modificación del tipo de cambio de alrededor del 25%, en términos reales, había podido mantener el ritmo de compras del trigo argentino.

Cuadro 1

Superficie sembrada con trigo en la región

Lamentablemente, las expectativas no se cumplieron. Los informes presentados por el USDA, organismo oficial de Estados Unidos de Norteamérica donde se reajustaron las estimaciones acerca de las existencias mundiales y producción en los países exportadores,  provocaron una  sorpresiva recomposición de las existencias mundiales, y consecuentemente, en el mercado local empezó a preocupar la falta de ventas a destinos extra MERCOSUR.

A la baja cotización del cereal debe agregarse, en el caso de la situación  particular de los productores de la región próxima a Bahía Blanca, los efectos causados por las heladas tardías ocurridas hacia principios de octubre y de noviembre, y escasez de lluvias en los momentos críticos de la maduración del cereal. La gravedad de los daños se refleja en el hecho de que en muchos casos, los productores hayan decidido no levantar la cosecha y utilizar el cereal para el engorde de animales.

                La producción de girasol, el otro cultivo de importancia en la región, presenta en la actual campaña una disminución en la superficie sembrada del 10% para los partidos de la región bajo estudio, con disminuciones máximas del 20% (en el partido de Bahía Blanca) y mínimas de 4% (Tornquist)

La situación enunciada en cuanto a los problemas de la presente campaña de trigo en la región, nos permite realizar un cálculo aproximado del aporte de la producción de trigo a la economía de la región.

                Si bien los datos en cuanto a los rindes no están todavía disponibles, se supondrá, en base a las estimaciones por pérdida que generan las situaciones descriptas anteriormente,  que los mismos se encuentran en promedio, un 25% por debajo de los rindes históricos de cada uno de los partidos que integran la región bajo estudio.

                Suponiendo un precio de venta de $85 por tonelada, el valor de la producción de trigo en la región será de aproximadamente $120 millones, lo cual representa una disminución en los ingresos de los productores de casi el 26% con respecto a lo obtenido en la campaña 98/99. 

                La mala perspectiva que presentan los ingresos por la cosecha fina, hacen suponer un agravamiento de la situación del sector agropecuario de la región, ya que es de esperar que ante los malos resultados de la cosecha fina los productores se vean obligados a vender lotes de hacienda anticipadamente, de forma tal de conseguir recursos para hacer frente a las deudas contraídas, lo cual acentuará el proceso de descapitalización del sector que se viene produciendo desde hace ya algunos años.

La reunión de Seattle

 En la primera semana de diciembre de 1999 se llevó a cabo la denominada Ronda del Milenio.  Argentina participó como miembro del Grupo Cairns, entre los que también se nuclean Canadá, Brasil y Australia. El principal objetivo que este grupo llevaba a la negociación era que la agricultura debe regirse por las mismas reglas en las cuales compiten el conjunto de productos industriales, pedido que se ve obstaculizado por la negativa de las naciones desarrolladas de eliminar los subsidios a la producción primaria en sus respectivos países.

Los resultados de la denominada Cumbre de Seattle significaron un doble fracaso para las aspiraciones argentinas, no sólo porque los ministros allí reunidos no lograron definir una declaración ni una agenda de negociaciones, sino porque el debate de mayor interés argentino, el sector agropecuario, a realizarse a partir del año próximo, se limitará a una discusión junto con el área servicios, lo cual se traduce en una pérdida de poder de negociación para nuestro país ya que tendrá menos intereses para intercambiar

 

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Estructura impositiva y decisiones de endeudamiento

La estructura impositiva puede afectar de modo sensible el valor de las empresas. Puede parecer que el hecho de que existan tales o cuales impuestos sólo se refleja en la disminución de las utilidades netas.  Sin negar este costo equivalente a la transferencia de fondos desde el sector privado al sector público, cabe reconocer que existen otros, denominados de eficiencia, que se relacionan con las modificaciones en las decisiones de las empresarios ante los impuestos. 

En particular, este trabajo se interesa por examinar como ante la presencia de impuestos, a las empresas le conviene o no modificar su esquema de financiamiento. En términos más concretos, frente a una determinada mezcla de impuestos, evaluar si la decisión de incrementar la deuda se traduce en una mejor situación para la empresa, lo que equivale a aumentar su valor.

Cuando la empresa busca alternativas de financiación tiene la opción de integrar nuevo capital propio o bien puede tomar deuda. Cualquiera sea la decisión tomada, los mayores recursos permitirán un aumento de las utilidades operativas, pero si se opta por tomar deuda disminuirá el monto de este impuesto dado que el pago de intereses se considera como un gasto por lo que puede ser deducido de las utilidades gravables. En otras palabras, al usar deuda el costo impositivo[1] resulta menor que si se hubiese elegido realizar nuevos aportes de capital. El ahorro de costos impositivos, conocido también como escudo fiscal o escudo contra impuestos, significa un mayor valor para la empresa si decide aumentar su deuda. 

Siguiendo el razonamiento anterior, la mejor estrategia pareciera ser la búsqueda del mayor nivel de deuda posible. Sin embargo, esto no se verifica en la práctica dado que existen otros factores que pueden poner límites al nivel de endeudamiento[2].  Entre ellos, uno de los más importantes que analiza la teoría, es el efecto de los impuestos personales; es decir, aquellos que recaen sobre los propietarios de la empresa, al distribuir utilidades, o de sus acreedores, al cobrar intereses. Desde esta perspectiva más amplia que considera el pago "total" de impuestos realizados por la empresa y en forma separada por sus propietarios y acreedores, los resultados de optar por un esquema de financiamiento con mayor participación de deuda, conocido también como "apalancamiento"[3], pueden variar en forma sustancial y por ende, sus utilidades, de acuerdo a la estructura impositiva vigente.  En definitiva, se trata de comparar el rendimiento neto de impuestos a las empresas y personales de cada peso de capital propio versus el de cada peso de capital de terceros. 

 

[1] Suponiendo por el momento únicamente el Impuesto a las Ganancias
[2] El análisis de estos factores es estudiado por la "Teoría de la Estructura de Capital". El efecto de los impuestos, tanto sobre las empresas como los pagados por las personas ,es una de las partes fundamentales de esta teoría, que también considera los riesgos y costos de quiebra, las relaciones entre accionistas y gerentes, los costos transaccionales en los mercados de capitales, el rol de los inversores institucionales, entre otros temas
[3] Vale la pena reiterar, ciñéndose estrictamente a la ventaja impositiva, sin considerar las ventajas e inconvenientes asociados a otros factores

El caso de Argentina

En Argentina, en lo que respecta al impuesto a las ganancias, se utiliza el sistema denominado anonimato, donde existe un criterio de separación entre las rentas que provienen de las sociedades y las rentas de las personas. En el primero de los casos las ganancias están gravadas en forma proporcional, es decir que a las utilidades de la empresa se le aplica la alícuota correspondiente antes de distribuir los dividendos a los accionistas. Luego se procede a la distribución de las utilidades netas del impuesto societario, de acuerdo a la política de la empresa. A partir de allí las utilidades distribuidas llegan a los accionistas, quienes no las computan en su declaración de impuesto a las ganancias porque para la legislación actual están exentas con el fin de evitar la doble imposición. Por otro lado, no existe un impuesto personal a los ingresos por préstamos o colocaciones financieras

 

El impuesto a los Bienes Personales, a diferencia de lo ocurrido con Ganancias, alcanza a los ingresos por dividendos o participaciones en empresas societarias con una alícuota constante. Esto significa que en la práctica sí existe doble imposición de los dividendos que son alcanzados por dos impuestos diferentes. A partir de enero de 1999 comienza a regir el impuesto al endeudamiento pagado por las empresas y las personas como consecuencia de la aplicación de la reforma realizada en los últimos meses del año anterior. El espíritu de esta modificación era eliminar las operaciones de autopréstamo[4] . En términos sencillos significa que los empresarios "prestan" dinero a sus propias empresas. A través de este procedimiento, los propietarios de las empresas depositan capital propio en entidades financieras por lo que perciben un interés. Simultáneamente, solicitan préstamos para la empresa (que en alguna medida se hallan avalados por el capital que tienen depositado) y los costos financieros que origina esa deuda se deducen de la base imponible de Ganancias. De ese modo, el capital de los empresarios, previo paso por el sistema financiero oficial, "retorna" a la empresa en forma de préstamo, utilizando la ventaja impositiva de la tenencia de deuda. Frente a este problema, se optó por la alternativa consistente en gravar a los tomadores de deuda con una tasa constante del 15%. De ese modo, la aparición de este impuesto hace que el ingreso neto para el acreedor se vea disminuido dado que, antes de la reforma impositiva, cada peso que la empresa destinaba a endeudamiento le llegaba libre de impuestos societarios y libre de impuestos personales, mientras que ahora la empresa deberá pagar un tributo sobre ellos, que tiende a atenuar o disminuir el escudo fiscal. Otra de las modificaciones que afecta los resultados de este análisis es el incremento de la alícuota de impuestos corporativos desde el 33% al 35%, lo cual juega a favor de los incentivos pro-deuda aún con las limitaciones introducidas con respecto al porcentaje de endeudamiento permitido y al monto de intereses deducible.

[4] Un análisis más pormenorizado sobre la reforma impositiva de 1998 se encuentra en el IAE 43, pág. 12 y ss.

Aplicación práctica

Para ilustrar la influencia de la estructura impositiva, se presentan a continuación dos ejercicios simples que comparan la situación de una empresa frente a estructuras de capital diferentes, una con deuda y la otra no. En primer lugar se consideran únicamente los impuestos que paga la sociedad dejando de lado los impuestos personales. Se analiza la situación antes y después de la reforma impositiva de 1998. En el primer caso, se toma un impuesto societario sobre ganancias del 33% ; en tanto que el segundo, la alícuota se eleva al 35% y se agrega el impuesto al endeudamiento del 15%. El primer ejemplo ilustra las ventajas del escudo fiscal. Si se opta por tomar la deuda, la empresa paga menos impuestos. La suma de ingresos de acreedores y accionistas una vez deducidas las obligaciones impositivas resulta superior. Con el impuesto al endeudamiento, aumentan los pagos de impuestos de la empresa con deuda. No obstante, en el ejemplo considerado, aún se mantiene la ventaja de un menor pago de impuestos para la empresa "apalancada". En otros términos, el nuevo impuesto permitiría reducir el sesgo a favor del endeudamiento, sin alcanzar a eliminarlo por completo. El motivo de lo anterior reside en que, si bien existe un pago adicional como impuesto al endeudarse, ese pago puede deducirse de la base imponible de ganancias, con lo cual se "recupera" parte del impuesto pagado por posesión de deuda. Si se pretendiera eliminar completamente el sesgo pro-deuda originado en el escudo fiscal, la alícuota necesaria del impuesto a la deuda debería ser aún superior a la del impuesto a las ganancias. Se amplía el ejercicio anterior incorporando el efecto del pago de impuestos personales que recaen sobre el ingreso de los accionistas al cobrar dividendos y de los acreedores al aumentar su patrimonio por la percepción de intereses. La diferencia con respecto a las situaciones anteriores es el pago en concepto de impuesto sobre los Bienes Personales[5] del 0.5% de los dividendos cobrados por los accionistas y de igual porcentaje sobre el interés recibido por los acreedores. Debido a que la alícuota de Bienes Personales es baja, el efecto en términos absolutos no modifica demasiado la situación con respecto al caso anterior. Por otra parte, al afectar de igual modo a los acreedores y accionistas su consideración sólo disminuye el valor de la empresa en el porcentaje del impuesto, sin generar diferencias entre la empresa endeudada y la que no lo está. Para que la inclusión de impuestos personales genere un contrapeso al escudo fiscal que determina un menor pago de impuesto a las Ganancias en la empresa que toma deuda, habría que establecer una alícuota diferencial en el impuesto personal que recae sobre acreedores y accionistas, con una tasa superior para los primeros.

[5] Si bien el impuesto comienza a regir a partir de una valor en bienes personales de aproximadamente $100.000, en el ejemplo se supone que tanto los accionistas como acreedores de la empresa se ven alcanzados por el mismo.

Comentarios finales

El propósito del análisis ha consistido en analizar cómo afecta a las decisiones de financiamiento de las empresas la cambiante estructura impositiva del país. Los impuestos representan un elevado porcentaje de las utilidades de las empresas. Este porcentaje, el monto de impuestos pagados y en consecuencia las utilidades, presenta importantes variaciones según la forma de organización de la empresa y de sus decisiones de financiamiento. En el caso específico de Argentina debido a las características del sistema impositivo en lo que respecta a las empresas, existe un incentivo a tomar deuda por parte de las mismas que si bien intenta ser atenuado con la creación de un impuesto adicional, no logra revertir el sesgo. La inclusión de los impuestos personales en el análisis no modifica las cuestiones observadas en el caso anterior debido a que afecta de igual modo a acreedores y accionistas con lo cual no produce distorsiones en cuanto a la composición del capital empresario.

Estudios relacionados:

 

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Metas comprometidas en la concesión del servicio de provisión de agua potable

El repaso del contenido del Contrato de Concesión del servicio permite clarificar el alcance de los compromisos asumidos por los nuevos operadores en materia de inversiones para mejorar la calidad del servicio.

 Los cambios programados en la estructura de tarifas del servicio están condicionados a la aprobación en el cumplimiento del programa de inversiones comprometidas. Estas obras deberían significar un aumento en la calidad del servicio y por lo tanto, conllevan en forma implícita un argumento de respaldo en los aumentos previstos en el costo de provisión. Por está razón, resulta conveniente describir los compromisos asumidos por el concesionario en torno a este aspecto. Por otro lado, el estudio anterior analizó el nivel de tarifas del servicio y cambios programados para los próximos años. Es interesante entonces complementar estos datos con la explicación de los mecanismos previstos que pueden conducir a una reformulación del cuadro tarifario estudiado. Finalmente, es importante destacar que el Contrato presenta alguna definiciones a mediano plazo sobre el destino del agua proveniente de su principal fuente de abastecimiento y, frente a eventuales insuficiencia en la capacidad de suministro, fija compromisos al Concesionario de emplear fuentes alternativas.

 El Contrato de Concesión establece la obligación de la empresa operadora del cumplimiento del Programa de Optimización y Expansión del Servicio (POES). Este  programa consiste en un conjunto de metas cuantitativas y cualitativas que el Concesionario deberá alcanzar a lo largo de seis períodos quinquenales. Para cada uno de estos períodos, el Concesionario debe proponer al Organismo Regulador el plan de acción para alcanzar los objetivos de cobertura y otras metas sobre la prestación del servicio, especificando las localidades en las que se ejecutará. Esta propuesta se denomina Plan Quinquenal y, una vez aprobado por el Organismo Regulador, pasa a conformar el POES.

 Al margen de los cambios previstos en las tarifas en los próximos cinco años, el contrato prevé mecanismos complejos de revisión de los precios (general y especial) y de la estructura del régimen. Las revisiones en el nivel de tarifas pueden ser dos tipos. Las revisiones ordinarias se producen cada cinco años y se podrán efectuar a partir del inicio del segundo período quinquenal de la Concesión -año 2004-. Los cambios para cada quinquenio deberían estar justificados por una modificación del POES correspondiente al período. El segundo tipo de revisión se denomina extraordinaria, la que a su vez se divide en dos clases: por cambios en la estructura de costos y generales. Este último, admite un amplia variedad de causas posibles como cambios sustanciales e imprevistos en la infraestructura de provisión del servicio o en el marco tributario, y normas de protección del medio ambiente que afecten los costos de prestación del servicio. 

 Resulta claro que el aumento esperado en las tarifas deberá tener como contrapartida el alcance de una serie de metas que redundarán en una mayor calidad de servicio, ampliación del porcentaje de cobertura de la población y prácticas de conservación del medio-ambiente. El grado de cumplimiento de las metas comprometidas en el POES (algunas de difícil comprobación), será definido por el Organismo Regulador, al cual, el marco regulatorio le ha concedido amplias facultades de fiscalización..En el diseño de los mecanismos de control siempre subyace "el riesgo de captura" lo que va en contra de la defensa de los intereses de los usuarios del servicio. La defensa del interés de los usuarios dependerá de la eficacia e incentivos de los funcionarios que integran el organismo regulador en el cumplimiento de su misión.

 

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