CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 38

Indicador de Actividad Económica (IAE) Nº 38
mayo 1998

  • Sector construcción.  Hacia dónde se expande la ciudad? (II)
    Profundización del estudio presentado en el IAE 37. Descripción de los tipos de construcción dominantes por zona, del tamaño promedio de las mismas y del valor de la tierra en cada lugar
  • ¿Qué hay detrás del aumento en el empleo?
    Análisis del aumento en la ocupación registrado entre abril y octubre de 1997: participación de los diferentes sectores, incidencia de los contratos promovidos y de los programas públicos de empleo y observaciones con respecto a la calidad de los nuevos puestos.
  • ¿Frente a grandes cambios estructurales? Sectores comercio y servicios en Bahía Blanca
    Estudio descriptivo de la evolución de los sectores comercio y servicios en los últimos años: peso relativo en la economía, ocupación, remuneración, concentración de actividad por subsector, etc.
  • Las ventas al exterior del Polo Petroquímico
    Análisis de las exportaciones del Polo en los últimos años: volumen, principales clientes internacionales, medios de transporte empleados y perspectivas.
  • El impacto de las nuevas inversiones (II)
    Estimación del impacto de las nuevas inversiones en Bahía Blanca, a través de una serie de indicadores claves: conclusiones y perspectivas.

 

Presión tributaria en Bahía Blanca y partidos de la zona: 
un ejercicio de comparación
(estudio completo)

 

n La competitividad de los municipios, en lo que a presión tributaria se refiere, resulta esencial para la atracción de nuevas inversiones.  nBahía Blanca se encuentra entre los municipios más caros del grupo seleccionado.  nLa heterogeneidad de criterios de imposición con respecto a bases y alícuotas ofrece panoramas poco claros a los inversores y afecta los objetivos de integración regional.

Más allá de las condiciones naturales que hacen atractivo a un determinado lugar para el emplazamiento de inversiones, de las características de su mercado y de la disponibilidad de un adecuado sostén en servicios y capital humano, las cuestiones regulatorias vigentes resultan sumamente relevantes para la toma de decisiones empresariales.  En particular el costo impositivo es un factor importante aun cuando su participación sobre los gastos totales de inversión y funcionamiento no sea tan significativa como la de otras componentes.  Esto es así porque en un contexto de gran competencia, las firmas confieren importancia a aspectos puntuales que les permitan tomar ventajas con respecto al resto.

Vale decir que, actualmente, las distintas jurisdicciones compiten en alguna medida por las radicaciones de firmas con planes de inversión.  El costo fiscal que deben enfrentar los empresarios para instalarse y funcionar  constituye una variable relevante que indica el grado de competitividad de cada municipio.  La cuestión adquiere especial importancia en el caso de aquellas empresas aún no radicadas cuyo mercado no es local y cuya localización resulta, en principio, indiferente para su rentabilidad.  En tal caso, la elección del lugar de emplazamiento dependerá básicamente de las regulaciones vigentes.

Teniendo en cuenta la cantidad de grupos empresariales con planes de inversión en la zona de Bahía Blanca, resulta lógico preguntarse si la ciudad ofrece ventajas a los mismos, particularmente en cuanto al costo fiscal que impone a las firmas que operan en ella.  

Este trabajo, cuyo carácter es meramente descriptivo, tiene por objeto comparar el peso de los costos impositivos, no sólo sobre las actividades económicas sino también sobre los contribuyentes residenciales, en Bahía Blanca y un grupo de municipios seleccionados de la zona.  Para elaborarla se efectuó una tarea de recopilación, ordenamiento y comparación, a partir de los datos suministrados por las ordenanzas fiscales e impositivas municipales pertinentes.  Por otro lado, dada la heterogeneidad de criterios impositivos detectados, se procedió a uniformar la información a través del cálculo de los pagos anuales correspondientes a casos estandarizados.

La metodología empleada

A fin de comparar la carga tributaria entre municipios, puede recurrirse a casos estandarizados y evaluar los efectos del cobro de las tasas sobre los residentes particulares, el comercio y la  industria.

En la presente nota se tomó, para la comparación de la presión tributaria sobre los residentes residenciales entre los municipios seleccionados, el caso de una vivienda estándar de 300 m2 de superficie (12 metros lineales de frente y 25 de fondo) ubicada en la zona céntrica y con una valuación fiscal de $ 30.000.

Con respecto a la tributación de las actividades económicas (comercio e industria) se consideraron para el análisis dos establecimientos minoristas de diferente magnitud, con lo que se supuso en cada caso, una cantidad de empleados, superficie y facturación acorde al nivel de actividad que se pretendía reflejar.  Para la industria se tomó como referencia un único tipo de establecimiento con magnitudes intermedias en cuanto a cantidad de ocupados, superficie y facturación. (Los datos se detallan al final de la nota).1

Una vez establecidos los tipos de establecimientos estándar para cada actividad económica, se efectuó el ejercicio de comparación, calculando cuánto debería pagar el contribuyente minorista o industrial referencial en cada municipio seleccionado.  Lo propio se hizo para el caso de los residenciales.  Cabe aclarar que para este ensayo sólo se tomaron las principales tasas contributivas existentes y no todas las aplicadas en realidad, a fin de obtener una idea general de la presión tributaria en Bahía Blanca y los demás partidos de la zona considerados.

Los principales tributos que existen en las municipalidades son

  • Tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública: contribución que los municipios exigen al vecino titular de un inmueble (independientemente del uso del mismo), tendiente a pagar los servicios directos o indirectos que le presta (recolección de residuos, riego o barrido de calles, mantenimiento de las cales, etc.). 
  • Tasa de habilitación comercial: debería cobrarse una única vez y en función de la tarea administrativa y de control que demanda al municipio determinar si el local cumple con normas sanitarias, edilicias y de seguridad para su apertura.  Sin embargo estas condiciones no siempre se cumplen.
  • Tasa por inspección de seguridad e higiene o tasa de comercio: es un gravamen destinado a compensar el costo de la administración municipal para la prestación del servicio de preservación de la seguridad, salubridad, higiene y conservación del medio ambiente.

Resultados

Antes de comentar los resultados es necesario aclarar que el conjunto de municipios considerados es limitado y que esa limitación se debe al grado de respuesta obtenido en la gestión de información.  Esto hizo que el ejercicio de comparación abarcara menos casos que los que inicialmente se habían pretendido, en pos de un panorama más amplio.  Aunque esta cuestión no invalida los resultados obtenidos, debe ser considerada al formular apreciaciones sobre el  posicionamiento de los distintos municipios. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no pueden sacarse conclusiones definitivas acerca del costo impositivo de las diferentes jurisdicciones sin tener en cuenta la calidad de los servicios ofrecidos como contraprestación.

Un punto que merece ser destacado es la dificultad, en algunos casos, para acceder a la reglamentación en vigencia sobre tasas. Representan trabas que obstaculizan la evaluación de proyectos específicos y restan transparencia a las gestiones frente a los funcionarios. Estas ineficiencias pueden ser resueltas a muy bajo costo por los municipios involucrados. 

A modo de síntesis puede decirse que los mayores costos por pagos de tasas municipales, entre los casos seleccionados, corresponden a los municipios más poblados: Mar del Plata y Bahía Blanca. 

Con respecto a la imposición residencial, preceden a Bahía Blanca los municipios de Mar del Plata y Olavarría, en los que los pagos anuales en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, resultan los más elevados del grupo.  El caso de Mar del Plata es particularmente interesante porque brinda servicios a gran cantidad de turistas en determinados meses del año y recibe la contribución de personas que no residen allí durante la mayor parte del mismo. Esto implica un sobredimensionamiento en algunos servicios, que significa un mayor costo de prestación, reflejado en la tasas contributivas. Laprida y Pigüé, por su parte, exhiben las tasas más bajas del grupo.

            En la imposición a los comercios, Bahía Blanca, Mar del Plata, Roca y Olavarría constituyen los partidos más caros y Laprida y Neuquén los más baratos.  Para la industria el ordenamiento prácticamente se repite aunque con algunas diferencias entre las que se encuentra el hecho de que Coronel Suárez se incorpora a los municipios con menor presión tributaria.

            Además, de los casos observados se infiere una cierta correlación entre el tamaño de las ciudades y la carga tributaria.  Esto se explicaría por el tipo y nivel de servicios requeridos en lugares con mayor población, movimiento comercial e industrial, etc.

Si bien se toman casos estandarizados para realizar las comparaciones, surgen diferencias originadas tanto por la diversidad de bases imponibles empleadas en los diferentes municipios para un mismo tributo, como por la existencia de alícuotas diferenciales.

En el caso específico de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, la dispersión entre los parámetros utilizados para determinar la obligación fiscal es la mayor, tomándose en algunas oportunidades los metros de frente y en otros, la superficie,  la valuación fiscal del inmueble o combinaciones entre ellos. 

Cuando se analiza la Tasa por Habilitación de una industria o comercio, existe un consenso generalizado acerca de la utilización del activo fijo (excepto inmuebles y rodados) afectado a la actividad que se pretende habilitar, como base imponible del tributo.

 Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, donde se observan diversas bases imponibles en cada caso. En algunas jurisdicciones se aplican sumas fijas, con escasa o nula discriminación entre actividades, lo que indica la inexistencia de criterios definidos para la determinación del monto a pagar.  En otros casos se utiliza como base la cantidad de empleados, que puede operar en contra de una correcta utilización del factor humano.  Por último, lo más habitual es tomar el valor de las ventas brutas de las empresas, lo que significa una superposición con el impuesto a los Ingresos Brutos de carácter provincial. 

Por otra parte, en ninguno de los casos se observa una relación directa entre el costo de prestación del servicio y la forma de determinar el monto a pagar por los contribuyentes.

Como conclusión puede decirse que, en un contexto en el que se impone la importancia de las economías regionales, es fundamental la uniformidad de criterios en cuanto a la imposición municipal en los diferentes partidos.  En la actualidad, la dispersión observada entre municipios, en lo que a alícuotas y bases imponibles respecta, genera distorsiones que dificultan los objetivos de integración regional.  Adicionalmente y con referencia al caso puntual de Bahía Blanca, se detecta que en ese marco de dispersión la ciudad se posiciona entre los municipios más caros desde el punto de vista tributario, hecho que sin duda constituye un factor a considerar y revisar desde la óptica de las condiciones de competitividad local.

Establecimientos referenciales considerados para la estandarización de los datos.


·          Comercio minorista tipo 1: superficie menor o igual a 100 m2 - cantidad de empleados menor o igual a 3 - facturación anual: $ 70.000 - valor del activo fijo: $10.000

·          Comercio tipo 2: superficie menor o igual a 200 m2 - cantidad de empleados menor o igual a 20- facturación anual: $ 1.000.000 - valor del activo fijo: $ 50.000

·          Industria: superficie menor o igual a 2.000 m2 - cantidad de empleados menor o igual a 100- facturación anual: $ 6.000.000 - valor del activo fijo: $ 5.000.000

 Nota: para el trabajo se consideraron las ordenanzas impositivas y fiscales correspondientes a 1996.

 

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