CREEBBA - Indicador de Actividad Económica - IAE Nro. 107

Indicadores de Actividad Económica (IAE) Nº 107
noviembre 2009

 

 

 

 

 


Nota Editorial: Gravámenes al comercio exterior y Constitución nacional

Un aspecto de la reciente reforma impositiva de la provincia de Buenos Aires que no ha sido tenido en cuenta suficientemente, es que los gravámenes al comercio exterior son facultad exclusiva y permanente de la Nación y no pueden ser aplicados por una provincia. Aunque se intenten artilugios legales para negar una clara inconstitucionalidad, el gravamen establecido por el artículo 26 recae sobre las operaciones de importación y exportación puesto que para la economía argentina los precios de las transacciones con el exterior son fijados por los mercados externos y no son afectados por medidas tributarias como las establecidas por nuestra provincia.

Los textos constitucionales atribuyen a la Nación, con carácter exclusivo, los derechos de importación y exportación (artículos 4, 9, 75 inciso 1, 126 de la Constitución Nacional). Esto es reconocido unánimemente por la doctrina y tiene, además, un fuerte significado histórico que nos debe hacer reflexionar acerca de la manera de acordar el uso del poder tributario entre la nación y las provincias, con el fin de diseñar un sistema tributario que no perturbe las actividades económicas del país y no genere conflictos que enturbian la convivencia política y social.

Nuestra organización institucional, luego de Caseros, tuvo un problema importante respecto de la jurisdicción estatal que debía tener el poder sobre los recursos de la Aduana de Buenos Aires, entonces la principal fuente de recursos fiscales del país. La provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que formaban la Confederación Argentina mantuvieron una disputa por el control de esos recursos y la disputa demoró varios años la unión nacional definitiva. Casi diez años de importantes desencuentros finalizaron cuando un acuerdo inteligente y con visión de futuro solucionó el conflicto mediante la nacionalización los recursos de la Aduana y la prohibición de aduanas interiores para favorecer la libertad de comercio en todo el territorio de la Nación. El acuerdo alumbró un sistema tributario y un marco de relaciones fiscales entre nación y provincias que mantuvo una aceptación general durante muchos años y fue un factor importante del crecimiento económico sin precedentes que tuvo Argentina en los años que siguieron.

Hoy la situación difiere mucho de la de entonces, aunque el conflicto fiscal entre nación y provincias vuelve a perturbar seriamente la convivencia argentina. En 1853 los recursos de la aduana eran la principal fuente de recaudación. Hoy lo son los impuestos generales sobre la economía interior, particularmente a las ganancias y a los consumos, los que importan por su magnitud. Y es la manera en cómo se distribuyen esos recursos entre nación y provincias –y quien tiene el poder de decisión sobre los mismos- un tema fundamental de las instituciones fiscales en la Argentina actual.

La reforma constitucional de 1994 pretendió resolver este conflicto mediante un sistema de coparticipación impositiva y fijó la finalización del año 1996 como plazo para establecer tal sistema. Han pasado muchos años y la prescripción no ha sido cumplida. Por el contrario, las normas fiscales han evolucionado desde entonces acentuando la centralización de los recursos en el nivel nacional y el desequilibrio que tienen las provincias entre sus necesidades de gasto y las fuentes de financiamiento a las que pueden acceder. La situación creada perturba gravemente la vida económica y política de la república.

La experiencia histórica argentina del siglo XIX da cuenta de la importancia del sistema tributario para asegurar un sendero de progreso. En aquellos años, los recursos tributarios principales fueron por toda esa época, y hasta bien entrado el siglo XX, los gravámenes al consumo. Que estos fueran regresivos no significó un impedimento para que existiera un amplio consenso sobre su legitimidad, que incluyó a los sectores de menores ingresos. Aunque afectó su capacidad de compra, ello fue más que compensado por la baja de los precios de las mercancías, debido a la eliminación de las barreras al comercio –entre otras las interprovinciales-, y de las tarifas y costos de transporte. También por la producción local de alimentos baratos y, finalmente, porque el salario nominal reflejó por mucho tiempo una demanda de trabajo superior a la oferta. Este consenso fiscal que incluyó a las provincias, a la nación y a los diversos sectores sociales perduró, con algunas salvedades, hasta 1930. Resultado, en gran parte, de circunstancias que ampliaron los mercados y favorecieron el progreso, fue también condición de su continuidad1.

Estas ideas son de gran actualidad para el debate de la política impositiva que conviene a la Argentina actual. El sistema fiscal debe contribuir a la estabilidad económica y no interferir en el desarrollo de la producción, a partir de las oportunidades que brinda el contexto externo. La inversión propicia un fortalecimiento del salario por la mayor demanda de empleo, el aumento de la productividad y el acceso a bienes a precios internacionales a partir de la eliminación de gravámenes al comercio exterior. Esta vía asegura una mejora sustancial y permanente en los sectores de menor ingreso, en clara contraposición a aquella que declamando fines redistributivos, ha creado tributos que desalientan la inversión.

La exitosa experiencia argentina de aquellos años presenta algunas lecciones oportunas, ideas claras para un país agobiado por la incertidumbre. En primer lugar, la estabilidad tributaria es fruto de consensos elementales respetados por la dirigencia política. En segundo término, el sistema tributario no debe agregar más incertidumbre a las decisiones privadas. Por último, el sistema debería tender a la descentralización del gasto como de la recaudación. En relación a esto último, la iniciativa presentada en el Congreso para aumentar la participación de provincias sobre la recaudación nacional, representaría un avance en caso de alcanzar el consenso necesario, pero insuficiente porque mantiene la falta de correspondencia fiscal.

El gobierno de nuestra provincia se equivoca si cree que puede superar su actual asfixia financiera gravando bienes patrimoniales u operaciones de comercio exterior. Generará graves inconvenientes con sus consiguientes repercusiones políticas y sociales. Pero principalmente olvida la enseñanza histórica que nación y provincias nos dejaron con la solución del conflicto de los recursos aduaneros a mediados del siglo XIX. Pretender recuperar recursos gravando el comercio exterior es un desatino histórico, un error económico y fiscal y, principalmente, implica no comprender cómo debe ser un sistema institucional tributario que favorezca la prosperidad y la convivencia económico-social del país.

Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

volver atrás

 

 


 

Buenos Aires y la coparticipación

La delicada situación fiscal de la provincia de Buenos Aires, que ha motivado la reciente reforma impositiva, conduce necesariamente a analizar el esquema de coparticipación. 

El régimen de coparticipación vigente en la actualidad data, con algunas modificaciones parciales, de 1988 y es evidente que sus parámetros distributivos han quedado desactualizados, provocando un fuerte desequilibrio entre el aporte de la provincia al fondo común y el nivel de transferencias obtenidos. Adicionalmente, las fuertes restricciones institucionales que se interponen para la posible reforma del régimen, hacen que resulte muy difícil modificar el status legal del sistema de coparticipación.

El propósito de esta nota es hacer una breve repaso de la evolución del sistema de coparticipación argentino, enfatizando en las consideraciones relativas a la provincia de Buenos Aires, de modo de contar con el marco de análisis adecuado para interpretar las condiciones bajo las cuales se plantea la actual reforma impositiva.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

volver atrás

 


 

La situación fiscal de la provincia de Buenos Aires

La flamante reforma impositiva aprobada para la provincia de Buenos Aires pone de manifiesto su delicada situación fiscal y la creciente necesidad de financiamiento de su gobierno. En tal sentido, resulta oportuno analizar la evolución reciente de las cuentas públicas de la provincia, a fin de comprender mejor el apremio financiero que fundamentó este incremento en la presión fiscal bonaerense.

El presente informe describe la evolución de las principales variables fiscales durante la última década, conformadas por las series de recaudación tributaria, recursos coparticipados, gastos y servicios de la deuda, entre las más importantes, con el propósito de contar con un panorama completo del cuadro fiscal de la provincia y, en ese contexto, juzgar la reforma sancionada.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

volver atrás

 


 

Análisis de la reforma impositiva bonaerense

En virtud del escenario fiscal que enfrenta al provincia de Buenos Aires, el poder ejecutivo ingresó en la legislatura un proyecto de reforma integral de la ley impositiva que regirá los tributos provinciales durante 2010, con una finalidad claramente recaudatoria.

Entre las distintas modificaciones, la que generó una gran controversia fue aquella que establecía un adicional sobre el impuesto a los ingresos brutos en las operaciones de carga y descarga realizadas en las terminales portuarias bonaerenses. Debido a las consecuencias fuertemente negativas de la medida y a las reacciones de los sectores involucrados, se decide ingresar en las Cámaras un proyecto de suspensión del artículo donde se crea este nuevo gravamen.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

volver atrás

 


 

Reforma impositiva e impacto esperado en los embarque locales de granos

Para poder concluir acerca de si existe o no una pérdida de cargas en el puerto local, deben analizarse las condiciones de los productos más importantes movilizados a través del mismo. De acuerdo a la información publicada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, en 2008 se movilizaron por el Puerto de Bahía Blanca 12,6 millones de toneladas, mientras que a través de Puerto Rosales la cifra ronda los 11,4 millones adicionales, completando en la zona de Bahía Blanca movimientos por 24 millones de toneladas. A este total debería restársele el movimiento de pescado (algo de 7 mil toneladas) por no estar alcanzado.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

volver atrás

 


 

Impacto potencial de la reforma tributaria sobre las cargas del puerto local

Además de analizar los efectos de la reforma sobre las cargas de granos y subproductos, reviste particular interés el estudio de las posibles repercusiones que la reforma tributaria podría generar sobre el resto de las mercancías movilizadas. A continuación se presentan los aspectos principales de la evaluación de cada producto.

Dadas las condiciones del mercado de urea en Argentina, donde existe una empresa productora mayoritaria que abastece el mercado interno y exporta parte de su producción, puede esperarse que absorba la mayor parte del impuesto, sino la totalidad, existiendo además alguna posibilidad de sustitución de la urea por otros fertilizantes por parte de sus clientes.

Durante 2008 se movilizan más de 460 mil toneladas de urea por vía marítima, de las cuales 139 mil se destinan a exportación, unas 24 mil son importadas y alrededor de 320 mil se destinan al mercado interno. Además de los registros por mar, se transportan vía terrestre también hacia el mercado interno 270 mil toneladas. De acuerdo a la relación entre los costos de transporte por tierra y marítimos luego del gravamen, se podría realizar una sustitución entre modos desviando la totalidad o parte de las 320 mil toneladas de removido hacia el transporte terrestre, lo que implicaría una pérdida de cargas por barcos a granel.

 
Abstract de la nota publicada en Indicadores de Actividad Económica (IAE). Si desea recibir la versión completa del informe vía mail, contáctenos a info@creebba.org.ar, o bien puede acceder al archivo haciendo clic aqui.

volver atrás



SUSCRIBIRSE